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La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre los abusos en el uso del amparo dentro de los juicios administrativos, particularmente en casos relacionados con contrataciones públicas y responsabilidades de empresas proveedoras del gobierno.
Cuestionada por Revista Fortuna sobre el caso de la empresa Giomar, inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción pero que logró eludir sanciones del ISSSTE a través de amparos, la mandataria reconoció que, si bien este recurso jurídico es indispensable en un Estado de derecho, se ha utilizado de manera indebida:
“Sí se ha abusado mucho del amparo. Ahora, es evidente que el amparo es indispensable en el país. El ciudadano o la ciudadana tiene que tener instrumentos jurídicos que le permitan defenderse frente a un acto de autoridad. Eso nadie lo pone en duda. El problema es el abuso de esta figura, tanto en lo administrativo como en lo penal o mercantil”.
La presidenta señaló que el mayor problema se presenta en materia administrativa, donde jueces han otorgado suspensiones que permiten a empresas seguir operando con el gobierno, pese a incumplimientos graves en contratos:
“Una empresa que se ve que no entregó los medicamentos que se comprometió a entregar, que va y se ampara, dice: ‘El gobierno tiene que seguirnos contratando, no puede inhabilitarnos’. Bueno, y eso dura años. Pues no, que dure meses y que se resuelva de fondo”.
El abuso de la figura del amparo en este terreno ha provocado que inhabilitaciones y sanciones económicas resulten poco efectivas; ce hecho, con multas bajas y periodos de sanción mínimos, el costo-beneficio de defraudar al Estado ha resultado favorable para los proveedores que incumplen.
A esto se suma la tendencia de los juzgados administrativos a conceder suspensiones que devuelven a los contratistas al circuito de licitaciones.
Un caso ilustrativo es el de Corporativo Giormar de México, S.A. de C.V., sancionada en 2020 por incumplir con la entrega de medicamentos y equipo médico, lo que generó un quebranto de más de 44 millones de pesos al ISSSTE.
Pese a haber sido inhabilitada por 45 meses, la empresa logró revertir la sanción mediante amparos ante tribunales administrativos, lo que le permitió volver a competir por contratos públicos.
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