Incumplimiento fiscal de gobierno crece 220% en cinco años; desafío para el SAT garantizar pagos

Incumplimiento fiscal de gobierno crece 220% en cinco años; desafío para el SAT garantizar pagos

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El número de entes públicos y de gobierno que incumplen con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) ha mostrado un incremento alarmante en los últimos cinco años, alcanzando su punto más alto en 2024.

De acuerdo con datos oficiales del SAT, en 2024 se registraron 4,599 omisiones, lo que representa un aumento de más del 220% respecto a 2020, cuando se contabilizaron 1,862 casos. El crecimiento ha sido constante:

  • 2020 ? 1,862 entes omisos

  • 2021 ? 2,304

  • 2022 ? 2,707

  • 2023 ? 3,241

  • 2024 ? 4,599

  • 2025 (corte preliminar) ? 1,438

El 2024 concentra el 28.48% de las omisiones acumuladas, seguido de 2023 con 20.07%, mientras que 2022 y 2021 representan 16.76% y 14.28%, respectivamente. Aunque el 2025 aún está en curso, hasta ahora suma 8.90%.

Este incremento pone de relieve un reto clave para la administración tributaria: garantizar que los propios entes públicos cumplan con sus obligaciones fiscales, en un contexto donde la recaudación es esencial para financiar programas y políticas públicas.

Frente a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado una política fiscal clara y estricta: En México todos deben pagar impuestos, sin privilegios ni condonaciones. 

La mandataria ha insistido en que incluso los grandes contribuyentes enfrentan cobros pendientes en tribunales y que deberán cumplir con sus obligaciones, sin excepciones.

En distintas conferencias de prensa, Sheinbaum ha señalado la importancia de mantener una recaudación justa y progresiva, advirtiendo que ciertos impuestos regresivos terminan afectando a quienes menos tienen. Asimismo, criticó resoluciones judiciales que han frenado cobros millonarios, defendiendo la eficiencia del SAT:

 “Hoy cobra con mayor eficacia y sin privilegios”.

Con estas declaraciones, Sheinbaum ha delineado una política fiscal en la que la disciplina, la eficiencia y la equidad son prioritarias, en marcado contraste con el aumento sostenido de omisiones de entes públicos ante el SAT.

 

 

 

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