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Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, y el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, presentaron el segundo paquete de iniciativas de leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024.
Godoy explicó que las modificaciones ya se encuentran en el Senado y están orientadas a garantizar una justicia “pronta y expedita”, con plazos procesales definidos: un máximo de seis meses en materia tributaria y hasta un año en materia penal, dependiendo de la gravedad de los delitos.
Entre las iniciativas destacan cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Fiscal de la Federación.
Las reformas plantean juicios de amparo más ágiles y digitales, con reglas claras para la suspensión de actos reclamados y medidas para impedir abusos.
Además, se busca que las resoluciones judiciales indiquen con precisión qué autoridad debe cumplirlas, para evitar dilaciones.
También se prevén notificaciones digitales, medidas de protección a jueces en casos de delincuencia organizada y nuevas reglas para el congelamiento de cuentas vinculadas con lavado de dinero, dejando a salvo los recursos destinados a obligaciones laborales, fiscales y alimentarias.
Reforma a la Ley de Amparo fortalece, no limita, los derechos humanos
Durante la conferencia de prensa matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, y el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, insistieron en que el amparo se mantiene como “el escudo de la ciudadanía” frente a abusos de autoridad.
Godoy señaló que la iniciativa pretende modernizar el juicio de amparo, incorporando herramientas digitales y estableciendo plazos claros para resolver.
“Quiero dejar muy claro que los derechos humanos se mantienen firmes y protegidos, como lo consagra la Constitución. Esta reforma no debilita el amparo; lo fortalece”, subrayó.
Agregó que la intención es evitar que el amparo sea utilizado como un recurso de impunidad:
“Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad”.
En el mismo sentido, Zaldívar respondió a las críticas que señalan a la iniciativa como regresiva.
“Es absolutamente falso que se limite el amparo. No hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de las y los mexicanos, como lo ha ordenado la presidenta Claudia Sheinbaum”, aseguró.
Explicó que la propuesta únicamente precisa figuras como el interés legítimo, con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fortalece la suspensión de actos reclamados sin debilitar las garantías de las personas.
Respecto a los bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera, Zaldívar aclaró que sí procederá la suspensión si se acredita la licitud de los recursos, con lo que se garantiza un equilibrio entre la protección de derechos individuales y el combate a la delincuencia organizada.
“Lo que se busca es un amparo más ágil, más eficaz, más tecnológico. Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo”, puntualizó.
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