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Las administradoras de fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) su réplica a los argumentos del gobierno de México en el arbitraje que iniciaron por la actuación del Poder Judicial mexicano en un litigio que, aseguran, favoreció indebidamente a TV Azteca y al empresario Ricardo Salinas Pliego.
Los inversionistas, que reclaman la recuperación de más de 500 millones de dólares en deuda emitida por la televisora, acusan a tribunales mexicanos de haber emitido resoluciones “secretas” y “sin sustento” que impidieron el cobro legítimo de sus préstamos. Afirman que México incurrió en una denegación de justicia, violando sus obligaciones internacionales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“México es responsable bajo el derecho internacional por el mal uso de su sistema judicial a favor de TV Azteca que resultó en una denegación de justicia para estos inversionistas. El arbitraje internacional es el único recurso disponible para hacer valer sus derechos”, declaró Katherine P. Padgett, abogada de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, representante legal de los demandantes.
Argumentos de los inversionistas
Los fondos acusan que, desde 2022, TV Azteca inició un proceso judicial en secreto ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, para suspender sus obligaciones de pago alegando la pandemia de COVID-19 como caso de fuerza mayor.
Entre las irregularidades señaladas destacan:
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Falta de notificación y derecho de audiencia a los acreedores.
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Medidas cautelares que suspendieron pagos hasta que la OMS declarara el fin de la pandemia, aun cuando las actividades judiciales ya se habían reanudado.
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Negativa a levantar dichas medidas incluso después de que la OMS y el gobierno mexicano concluyeran la emergencia sanitaria.
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Resoluciones que liberaron a la televisora de su obligación de reportar información financiera al mercado, lo que, según los inversionistas, “blinda” a la empresa de rendir cuentas sobre su capacidad de pago.
Los demandantes sostienen que estas decisiones han permitido a TV Azteca evadir indefinidamente el cumplimiento de sus compromisos financieros, afectando no solo a los prestamistas sino también al mercado de valores mexicano.
Petición de diálogo
Aunque el arbitraje sigue en curso, los inversionistas reiteraron su disposición a dialogar con el gobierno mexicano para evitar prolongar un litigio que —advierten— podría resultar desfavorable para el Estado.
“No creemos que sea del interés del gobierno de México gastar recursos públicos para defender acciones del poder judicial que protegen ilegalmente a empresas del Grupo Salinas, además de la incertidumbre que conlleva cualquier litigio de esta naturaleza”, añadió Padgett.
Los fondos señalaron que, pese a sus intentos, aún no han logrado establecer un canal de comunicación con autoridades mexicanas, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo de que el país termine defendiendo “acciones ilegítimas” que benefician a un particular con deudas millonarias tanto con inversionistas extranjeros como con el fisco mexicano.
Contexto
La disputa se enmarca en las protecciones otorgadas a las inversiones estadounidenses bajo el T-MEC, que garantiza a los inversionistas trato justo y acceso a procesos judiciales sin discriminación ni irregularidades.
La réplica presentada este 17 de septiembre representa un paso clave en el procedimiento arbitral, que podría implicar responsabilidades financieras para México si el CIADI falla en favor de los demandantes.
