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Los efectos son “catastróficos” puesto que la orden podría dejar inutilizados más de 40,000 millones de dólares (mdd) de fondos legítimos administrados por la entidad mexicana en nombre de intereses estadounidenses, como fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadounidenses.
CIBanco S.A., Institución mexicana de Banca Múltiple, expuso en una demanda civil presentada ante una corte federal de Estados Unidos su inminente desaparición “en los próximos días” como banco comercial internacional “debido a una orden errónea emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo las nuevas autoridades para combatir el tráfico de opioides”.
“Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta Orden podría dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos administrados por CIBanco en nombre de intereses estadounidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadounidenses”, mostró ante la instancia judicial, conforme a fragmentos de la queja obtenidos por Revista Fortuna.
El 25 de junio pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) anunció una orden de prohibición para realizar ciertas transacciones hacia y desde tres entidades con sede en México, que involucró a CIBanco. Se trató de
las primeras acciones de la Red derivadas de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro “autoridad adicional” para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, “incluso por parte de cárteles”.
En su denuncia, el banco asentó verse sorprendido al enterarse de la orden del Tesoro que separará a CIBanco del sistema financiero estadounidense a partir del 4 de septiembre -tras una prórroga-, puesto que se llevó a cabo “sin notificar a CIBanco ni brindarle la oportunidad de confrontar cualquier evidencia que FinCEN supuestamente tenga de que el Banco facilitó el tráfico de opioides”.
Sin el debido proceso
La queja sostiene que la prohibición se dio “sin un proceso adecuado para demostrar la falsedad de estas acusaciones” y a partir de las cuales CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente.
“La mayor parte del negocio de CIBanco depende íntegramente del acceso a transacciones en dólares estadounidenses, y su propia existencia se ve comprometida por la Orden”, resaltó la entidad.
De hecho, indica que esa parte del negocio “se perderá antes de la fecha de entrada en vigor de la Orden, ya que las instituciones financieras estadounidenses están cerrando sus negocios con CIBanco antes de la fecha límite del 4 de septiembre de 2025”.
En la demanda relata que, de hecho, el último banco corresponsal estadounidense de CIBanco notificó apenas que daría por terminada su relación con el banco el jueves 21 de agosto debido a la orden, “lo que justifica la urgencia de esta queja”. Agrega que los reguladores mexicanos han iniciado sus procedimientos sobre CIBanco.
Repercusiones en México
El mes pasado, CIBanco avisó a los inversionistas del mercado de valores local que más de 80 firmas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) -entre ellas varias triple A- que “no hay detección que comprometa sus operaciones” hasta esa fecha, con la prestación de sus servicios fiduciarios a conglomerados como Grupo Carso, Grupo México, y Fomento Económico Mexicano (FEMSA), a empresas líderes en su sector como Coca Cola FEMSA (Kof) o GRUMA, a más de 6 Fideicomisos Inmobiliarios o Fibras, y a bancos como Banorte, Inbursa y HSBC.
La institución financiera, que antes de la Orden detentaba cerca del 30% de participación en el negocio de fideicomisos en el país, dijo el 9 de julio que hasta esa fecha “no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”.
Bajo la administración cautelar del despacho Alvarez & Marsal México, S.C, designado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el 26 de junio bajo ese rol, CI Banco reafirmó el mes pasado a sus clientes que durante “esta etapa de intervención” las operaciones fiduciarias se seguirán desarrollando de manera regular “y conforme a los términos pactados en los respectivos documentos de cada emisión, así como en apego a la normatividad vigente”.
Mencionó que, en México, los delegados fiduciarios asignados por las autoridades a partir de su intervención el mismo día de la orden publicada por el Tesoro de EU, continúan presentando “las facultades necesarias” para la ejecución de actos relacionados con sus emisiones.
CIBanco aseveró que lo anterior, en virtud de que dichos poderes no han sido revocados, ni “limitados, ni se consideran cancelados por el solo hecho del inicio de la intervención” en lo que citó lo dispuesto en los artículos 131 y 133 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La legislación mexicana en la materia faculta expresamente al administrador cautelar para otorgar o revocar poderes y designar delegados fiduciarios, pero no establece una revocación automática de los poderes previamente otorgados, destacó CIBanco, “salvo en lo que respecta a los órganos colegiados de la Institución, como el Consejo de Administración y, en ciertos casos, la Asamblea de Accionistas”.
Otros clientes en México de los servicios fiduciarios de CIBanco son la principal línea aérea del país, Volaris, o Alsea, líder en servicios de comida rápida con marcas como Dominos Pizza y Starbucks, de un listado que rebasaba 80 compañías y donde está incluida la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que concentra la distribución y comercialización de la energía eléctrica en el país.
Recién el 7 de agosto, CIBanco realizó la primera operación en los mercados de valores tras la acusación de EU, y en su carácter de fiduciario realizó una colocación de bonos por 500 millones de pesos de la Fibra Storage, que obtuvo los grados de inversión “AA-“ en escala México por parte la calificadora internacional Fitch Ratings, mientras que HR Ratings le asignó “AA+”.
