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El presidente Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto, de acuerdo con una nota publicada hoy por el diario The New York Times.
La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales, dijo el periódico estadounidense.
La orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles.
Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las fuerzas armadas podrían perseguir a los grupos, según informaron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas, aseguró el periódico sin mostrar documentos sino personas “relacionadas” con el asunto.
Y así lo refieren: “No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe los aspectos legales”.
Este año, refirió la nota, Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha intensificado la vigilancia y las medidas de interdicción de drogas.
Cuando regresó a la presidencia en enero, Trump firmó una orden que instruía al Departamento de Estado a comenzar a clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varios otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, alegando que constituían “una amenaza para la seguridad nacional que superaba la del crimen organizado tradicional”.
Hace dos semanas, el gobierno de Trump añadió al Cártel de los Soles de Venezuela a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está liderado por el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y otros altos funcionarios de su administración.
El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicará la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto de Maduro, quien ha sido acusado formalmente de narcotráfico. El gobierno lo describió nuevamente como líder del cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que “no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”.
Al preguntársele sobre la autorización del Sr. Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, respondió en un correo electrónico que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”.
El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la nueva directiva.
Los ataques militares unilaterales contra los cárteles constituirían una marcada escalada en el largo camino para frenar el narcotráfico, colocando a las fuerzas estadounidenses en un papel de liderazgo en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y bien financiadas. Una campaña sostenida también probablemente plantearía nuevos problemas relacionados con la insistencia de Trump en usar las fuerzas armadas de forma más agresiva para respaldar diversas de sus políticas, a menudo frente a restricciones legales y constitucionales.
La participación militar estadounidense en el pasado en la lucha contra las operaciones antidrogas en Latinoamérica ha llegado en ocasiones a los límites legales. Sin embargo, dichas operaciones se enmarcaron como un apoyo a las autoridades policiales.
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