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El Gobierno de Florida avanza en la preparación de un segundo centro de detención migratoria, esta vez en el norte del estado, según revelan documentos oficiales y denuncias de activistas.
La instalación, que podría ubicarse en Camp Blanding, un extenso sitio de entrenamiento militar, operaría en paralelo con el ya controvertido ‘Alligator Alcatraz’, inaugurado hace un mes al oeste de Miami.
De acuerdo con registros del sistema estatal de contratos públicos (FACTS), la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) adjudicó el contrato E6044 por 39,490 dólares a la empresa WeatherSTEM.
El acuerdo contempla la instalación de una estación meteorológica portátil y dos sirenas de alerta de rayos para un sitio identificado como “North Detention Facility” (Centro de Detención del Norte), con fecha de inicio el próximo viernes 8 de agosto.
La congresista estatal Anna V. Eskamani, representante demócrata de Orlando, fue una de las primeras en alertar sobre este nuevo contrato, cuestionando la falta de información clara sobre su ubicación.
Camp Blanding, al suroeste de Jacksonville, abarca más de 290 kilómetros cuadrados y ya había sido mencionado en junio por el gobernador Ron DeSantis como el lugar propuesto para una nueva instalación migratoria.
El mandatario republicano justificó la medida como un apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de una estrategia estatal para gestionar la llegada de migrantes.
No obstante, la apertura del nuevo centro ha sido pospuesta hasta que ‘Alligator Alcatraz’ alcance su máxima capacidad operativa; este primer centro, instalado en un antiguo aeropuerto dentro de los Everglades y rodeado de pantanos y caimanes, inició operaciones con capacidad para 2,000 personas y busca duplicar ese número, según informó Kevin Guthrie, director ejecutivo del FDEM.
Desde su apertura, más de 600 migrantes han sido deportados desde esta instalación, construida bajo el argumento de una “emergencia” estatal, con un costo estimado de 450 millones de dólares.
El proyecto ha generado críticas por su ubicación remota, condiciones extremas y rapidez en su ejecución.
La semana pasada, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció que destinará 608 millones de dólares a gobiernos estatales y locales para ampliar o construir centros de detención migratoria, un contexto que ha reactivado preocupaciones sobre la expansión de este tipo de instalaciones.
Organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos advierten sobre la creciente militarización del control migratorio en Florida y la opacidad con la que se están llevando a cabo estas obras. Mientras tanto, la administración DeSantis sigue fortaleciendo su política migratoria con una narrativa de seguridad y emergencia que, para muchos, deja fuera las garantías básicas de transparencia y derechos humanos.
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