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Entrevistado al inicio de su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez habló entonces sobre el cruce de intereses entre las elecciones y la participación de dinero ilícito. Ahora, como responsable de la reforma electoral por encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum, vale la pena recuperar la visión de Pablo Gómez sobre el Instituto Nacional Electoral (INE).
En una entrevista, realizada en 2021, Pablo Gómez arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y se preguntó cuál ha sido su función para detectar dinero ilícito para la compra de votos o el pago de campañas políticas.
“El INE está en manos de personas que no comparten en absoluto los propósitos de la 4T”, aseguró.
“El INE es un completo fracaso en la lucha contra la compra de votos. Nunca pudo, ya no digamos impedir sino, disminuir la participación ilícita de entidades financieras. Amigos de Fox lo realizó ante los ojos de mucha gente, de todo mundo y el IFE, entonces, resolvió que la queja era improcedente, infundada”.
Recordó que tuvieron que pasar más de 18 meses para que en tribunales se lograra que el asunto se volviera a examinar; hubo una multa de 300 millones contra el PAN, con Los Amigos de Fox, Fox era presidente.
En entrevista con Proceso y Revista Fortuna en 2021, el titular de la UIF, Pablo Gómez, aseguró que la mejor técnica para emitir alertas o detectar operaciones relevantes en el sistema financiero resulta inútil sino se tiene claro que el objetivo es terminar con el Estado corrupto que ha dañado la democracia del país. Pero también se pronunció por el respeto a los derechos humanos. En el caso del bloqueo de cuentas, Gómez prometió que también revisaría la situación de activos en bancos cuya propiedad debe acreditarse con el propósito de proteger a los dueños legítimos o, en su caso, declarar que han sido abandonados.
Para el ex legislador y autor de libros sobre el financiamiento ilegal a campañas políticas de la organización Amigos de Fox así como la transferencia de recursos públicos al sindicato de trabajadores de Pemex, la UIF y el gobierno del presidente López Obrador pueden dar por sentado que, en los últimos tres años, se han dado los golpes más grandes en la historia contra los recursos del crimen organizado.
El titular de la UIF se refirió al operativo “Agave Azul” que, junto con el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, permitieron trabajar con la DEA en el rastreo de recursos en empresas vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La UIF bloqueó cuentas de mil 939 sujetos;167 empresas y dos fideicomisos. En la UIF se analizaron 2 mil 571 operaciones “inusuales”, por un total de 2 mil 951 millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes de operaciones “relevantes” por un monto de 11 mil 478 millones de pesos en la Ciudad de México, así como en los estados de Jalisco, Michoacán, estado de México, Guanajuato, Baja California, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro, Colima y Nuevo León. Sin embargo, al revisarse el procedimiento jurídico y al interponerse amparos, la UIF tuvo que descongelar cuentas a municipios del estado de Jalisco, así como a algunas empresas que interpusieron recursos de suspensión contra la medida. La UIF descalificó la actuación de los jueces que han dictado esas medidas.
Pablo Gómez destacó a sólo unos días de tomar el cargo en 2021 que, sin embargo, esta operación puede calificarse como un hecho inédito en la lucha contra la delincuencia organizada. “La UIF no era relevante en México porque formaba parte del mismo sistema de corrupción, no era independiente. Claro, hacía algunas cosas, pero no todas correctas, no todas bien hechas, no todas fuera del propósito de llevarse moches o cobrar mordida”, apuntó.
México, recordó, se inscribió en un sistema internacional de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, de los sistemas transnacionales de lavado de dinero o blanqueo de capitales. Fue, entonces, cuando la directriz internacional se impuso a la norma mexicana pero ahora, desde la Presidencia, desde el gobierno, se ha decidido cumplir hasta las últimas consecuencias el combate contra el dinero ilegal, incluyendo el que se invierte de manera ilegal en compras de votos.
El titular de la UIF, nombrado en noviembre de 2021, reconoció en ese momento la necesidad de mejorar las leyes que norman el combate al blanqueo de capitales porque ahora lo fundamental es la colaboración entre la UIF y las demás dependencias que tienen que ver contra la lucha contra la corrupción o contra el poder económico de la delincuencia organizada.
De esta acción, dijo Pablo Gómez, lo que se esperaba era un proceso más fluido, más rápido, más atento y eficaz en muchos sentidos. Por ejemplo, destacó, hay una cantidad de juicios en los que la UIF ha sido denunciante, pero también hay una gran cantidad en los que la UIF, aún sin el carácter de denunciante original, ha sido coadyuvante y ha coadyuvado con todo. La UIF, precisó, está al servicio del Ministerio Público y, entonces debe haber un entendimiento más fluido, más rápido, más sistemático.
Lo mismo sucede, agregó, con la Secretaría de la Función Pública, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la Auditoría Superior de la Federación, con la Procuraduría Fiscal de la Federación y con todo ese entramado que tiene propósitos comunes dentro del gobierno.
“Antes cada uno hablaba su lenguaje y caminaba por su camino, ahora ya no”, asegura Pablo Gómez, líder estudiantil durante el movimiento social de 1968 y crítico del rescate bancario a través del Fobaproa constituido en el Banco de México.
Sin embargo, admitió, muchas veces los protocolos vigentes son viejos, por ejemplo, el firmado entre la UIF y la FGR, porque se estableció cuando la Fiscalía no era Fiscalía sino procuraduría y cuando la UIF era un organismo que no estaba encaminado a la lucha contra la corrupción.
Por ello, aseguró, el convenio de colaboración con la FGR se revisará para que la UIF aporta también al marco conceptual, a la lucha contra el Estado corrupto.
Pablo Gómez, quien durante las pasadas elecciones intermedias de 2021 perdió la diputación federal frente a Gabriel Quadri de la alianza “Va por México, por la demarcación de Coyoacán, asegura que una de sus primeras decisiones en la UIF será mejorar los sistemas de cómputo pues su capacidad ya fue rebasada por la gran cantidad de datos que manejan todos los días. Sin embargo, insiste: “Por más técnica e infraestructura que tengamos, si no hay el propósito político de desmantelar al Estado corrupto, de combatir al poder económico de la delincuencia organizada, no vamos a ir a ningún lado. Si la técnica fuera la respuesta para estos problemas pues ya no habría corrupción ni delincuencia organizada, con la pura técnica tendríamos”, dijo el también catedrático de la UNAM quien en 2000 intentó gobernar el Distrito Federal, pero perdió la candidatura frente a Andrés Manuel López Obrador. En 2006 volvió a intentarlo, pero decidió apoyar la candidatura de Jesús Ortega en contra de Marcelo Ebrard.
Pablo Gómez reconoció al inicio de su gestión que trabajar en la UIF no sería una tarea sencilla. Reveló que, al tomar el cargo, se reunió con el personal del área y confirmó que cada uno de ellos debe tener “comportamientos muy depurados, libres de toda sospecha”. El titular de la UIF aseguró que no habría un desmantelamiento ni del personal, ni de los procesos en la UIF. Quienes piensan ello, señaló, “Ya lo verán, no será así”. Ahora la UIF cuenta con una nueva unidad y el fortalecimiento de su estructura legal a partir de nuevas exigencias de cooperación del gobierno de Estados Unidos en el marco del combate al lavado de dinero y el tráfico de fentanilo.
En la UIF, el resguardo de la información, dijo, cuenta con un instrumento de vigilancia para prevenir fugas de datos. La información de la UIF concluyó en aquel momento, es un asunto de seguridad nacional y de protección de datos personales. Debe estar a salvo, concluyó Pablo Gómez.
Qué haría en la UIF Pablo Gómez
“La mejor técnica, sin objetivo, sin propósito (político) no sirve ni para arreglar ni una plancha”, dijo Pablo Gómez en 2021, en ese momento nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la entidad hacendaria responsable de investigar e impulsar políticas para prevenir la presencia de dinero sucio en los circuitos financieros del país y que en 2018 fue señada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por su baja efectividad ante la escasa colaboración con las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Pablo Gómez anunció en 2021 que la cooperación con entidades del gobierno federal y con la Fiscalía General de la República sería clave para la operación de la UIF.
Aunque a finales de octubre pasado de 2021, en el marco de la reunión plenaria del GAFI en París, se reconoció que México ya había avanzado en las recomendaciones de la institución intergubernamental emitidas en 2018, también se advirtió que el gobierno mexicano sólo cumplía parcialmente con las políticas y protocolos para prevenir detectar y combatir el blanqueo de capitales.
Jorge Sánchez Tello, director del programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF), un centro de investigación independiente con sede en el ITAM, aseguró que en México es más fácil que se judicialice, se persiga y se castiguen delitos menores que el blanqueo de capitales, lo que constituye una seria vulnerabilidad para el Estado de derecho y para las operaciones bancarias.
Los bancos y los intermediarios del sistema financiero invierten cada año millones de pesos en procesos para reportar a la UIF transacciones sospechosas y relevantes sin que, hasta ahora, se tenga una sola sentencia en firme por lavado de dinero, dice Sánchez Tello. Además, las instituciones financieras tienen que responder a las solicitudes de bloqueo de cuentas en el momento en que se lo solicite la autoridad.
“Resulta, entonces, que los bancos sostienen una regulación costosa para su operación sin resultados tangibles para el Estado de derecho en el país”, dijo el experto de FUNDEF.
En los últimos tres sexenios, del 98% de las denuncias por lavado de dinero, sólo se ha castigado el 2%, indicó Sánchez Tello.
El 19 de octubre de 2021, Santiago Nieto aseguró que México avanzó en los informes y tipologías para identificar oportunamente los riesgos, métodos y tendencias utilizadas por el crimen organizado para lavar activos. El ex titular de la UIF dijo, a través de un artículo publicado en varios medios, que tomó la decisión de no asistir a la reunión del GAFI en Paris porque consideró que su función como titular de la UIF debía desarrollarse en el interior del país. Nieto también aseguró que su decisión de no viajar a París estaba justificada en las políticas de austeridad y racionalidad del gasto público del gobierno de México.
Pero el 8 de noviembre, Santiago Nieto renunció a su cargo luego de una ola de críticas en redes sociales por la realización de una fiesta con 300 invitados en la ciudad de Antigua en Guatemala para celebrar su boda. Entre los invitados al evento estuvo el director del periódico El Universal, José Francisco Ealy Ortiz, a quien – al llegar a las aduanas de Guatemala en un avión privado – le fueron incautados 35,000 dólares en efectivo debido a que no fueron declarados. Apenas el 11 de junio de 2021, Santiago Nieto había viajado a Guatemala a una reunión de trabajo con autoridades de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala, con Saulo de León Durán, para suscribir un Memorándum de Entendimiento dirigido a facilitar el intercambio de información y análisis de inteligencia financiera para combatir y prevenir el ingreso de dinero sucio a ese país, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Lucha contra lavado de dinero, limitada y poco eficaz
Así concluyó la gestión de Santiago Nieto al frente de la UIF que inició en septiembre de 2018, unos meses antes de que el GAFI señalara que, si bien la UIF funcionaba y producía una “buena inteligencia financiera”, el volumen de esa información que se entregaba y comunicaba a la entonces PGR era limitada, lo que dio lugar a un bajo número de investigaciones financieras. En México, concluyó la GAFI a finales de 2018, el lavado de activos no era investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso. En ese momento, cuando llegó Santiago Niego a la UIF, se advirtió que las autoridades de la PGR perseguían a la delincuencia organizada o al tráfico de drogas, sin una prioridad y método relacionado con la detección del blanqueo de capitales. Por ello, explicaron, la cantidad de acciones penales y condenas por casos era muy baja.
Tres años después de la llegada de Santiago Nieto a la UIF la judicialización e impulso procesal para lograr sentencias por lavado de dinero no ha mejorado, a pesar de la gran difusión mediática y de las acciones impulsadas por esa unidad para bloquear cuentas bancarias. Una ola de amparos fue la respuesta a la decisión de la UIF de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) un incremento en el bloqueo de fondos en cuentas en instituciones financieras, especialmente bancos. Uno de esos amparos fue el que interpuso Kamel Nacif luego de que la UIF logró congelar fondos por más de 800 millones de pesos. Nacif continúa tramitando amparos para defenderse del proceso legal que la Fiscalía General de la República sigue en su contra a instancias de la información proporcionada por la UIF. Para subsanar esos vicios de inconstitucionalidad y para fortalecer su operación, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se han presentado iniciativas para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Los afectados por el bloqueo de cuentas promovido por la UIF bajo la conducción de Santiago Nieto han argumentado ante el Poder Judicial que la UIF excede las facultades previstas en el decreto de 2004 que le dio origen durante el gobierno de Vicente Fox.
La agenda de Santiago Nieto
Santiago Nieto congeló e intervino cuentas a pesar de que una jurisprudencia declaró esta acción constitucional por no concederse el derecho de audiencia. Santiago Nieto dijo en una entrevista con Proceso en agosto de 2020 que el exministro Manuel Medina Mora operó esta interpretación respecto al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, justo unos meses antes de renunciar ante las investigaciones que la UIF realizaba sobre sus cuentas y su patrimonio. Al cierre de 2019 y hasta agosto de 2020, la UIF reportó que había bloqueado activos por más de 5 mil 577.3 millones de pesos mientras que entre 2015 y 2018 sólo se registraron bloqueos por poco más de 1,000 millones de pesos. No sólo eso, como lo marca el GAFI, la UIF impulsó la lista de personas bloqueadas y hasta agosto de 2020, sumaba 3,507 nombres de personas físicas y morales, tres veces más que el bloqueo registrado en 2015 a sólo 1,166.
Para Salvador Mejía, ccoordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y fundador de la consultoría Asimetrics, la conformación y difusión de la lista de personas bloqueadas por la UIF equivale a la prisión preventiva oficiosa porque, asegura, son usadas como instrumentos de control político en las que no se respeta el debido proceso.
Mejía asegura que al contar con el apoyo total del presidente López Obrador, Santiago Niego hizo de la UIF “la tarea de un solo hombre haciendo a un lado el marco institucional. Santiago no era el sistema antilavado, era un integrante más”.
Con su agenda como prioridad en las investigaciones, principalmente la que heredó de su gestión en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para el ex titular de la UIF fue más sencillo seguir sus propias indagatorias que ponerse a revisar todas las alertas que emite el sistema financiero, dijo Mejía.
“Es más sencillo actuar como si fueras Ministerio Público, sobre ciertos casos, que ponerte a idear y a seguir los protocolos de un sistema de prevención de lavado de dinero dentro de una Sofom, banco o cualquier intermediario; era necesario realizar un verdadero barrido de información, que es largo, complejo, pero más eficaz porque, además, te permite respetar el Estado de derecho”, agregó el fundador de Asimetrics y ex director de cumplimiento en una institución bancaria.
Y agregó: “Cuando tú congelas cuentas, cuando determinas que esa persona no puede acceder al sistema financiero, vulneras su capacidad para defenderse en el caso de que sea inocente, si se congela una cuenta de una persona en Tijuana y le das 10 días, entonces se enfrenta al hecho de que la UIF no tiene oficinas en todo el país. Se enfrenta al problema de cómo financiar los gastos de su defensa”, destacó Mejía.
