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Refiere el estatus de sus servicios fiduciarios a conglomerados como Grupo Carso, Grupo México y Fomento Económico Mexicano (FEMSA), a empresas líderes en su sector como Coca Cola FEMSA (Kof) o GRUMA, a más de 6 Fibras, y a bancos como Banorte, Inbursa y HSBC
CIBanco, intervenido por las autoridades mexicanas tras la prohibición de ciertas transferencias de fondos hacia y desde la entidad por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que este miércoles amplio el plazo para su ejecución al 4 de septiembre próximo, dio aviso a sus clientes a los que proporciona servicios fiduciarios, una cantidad que rebasa las 80 firmas, que “hasta el momento no se han identificado elementos que comprometan la operación ni la actuación de esta Institución en el corto plazo”.
Los servicios fiduciarios de CIBanco, líder en el país en esta actividad, comprenden los conglomerados Grupo Carso, Grupo México y Fomento Económico Mexicano (FEMSA), empresas líderes en su sector como Coca Cola FEMSA (Kof) o el fabricante de harina y tortillas de maíz GRUMA, a más de 6 Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras), y a bancos líderes en el Sistema como Banorte, Inbursa y HSBC.
También figura la línea aérea principal Volaris o Alsea, figura principal en servicios de comida rápida con marcas como Dominos Pizza y Starbucks. Agencias evaluadoras de riesgos crediticios indican que CIBanco concentra cerca del 30% de los servicios fiduciarios prestados en México.
Los servicios de CIBanco se extienden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que concentra la distribución y comercialización de la energía eléctrica del país, así como empresas como el mayor fabricante de sal yodada y fluorurada para el consumo humano y usos industriales, Cydsasa; la armadora Daimler, o la constructora Gicsa, además de Kimber de México, de origen estadounidense, y que manufactura y comercializa productos para el uso personal.
La intervención fue realizada por autoridades regulatorias a finales de junio producto de una orden emitida por el Tesoro estadounidense por conducto de la FinCEN, que identificó a tres entidades financieras mexicanas, incluyendo CIBanco, como instituciones de “preocupación principal de lavado de dinero”.
A la fecha, sostuvo CIBanco el miércoles, la institución “no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”.
Inicialmente las órdenes que prohíben transacciones con, hacia y desde CIBanco se cumplírían 21 días después de quedar asentadas y ser publicadas en el Registro Federal de EU. El miércoles, la FinCEN, además de la presidencia de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dieron cuenta que el plazo se prolongaría hasta el 4 de septiembre.
Arbitraje
Bajo la administración cautelar del despacho Alvarez & Marsal México, S.C, designado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) desde el 26 de junio bajo ese rol, CI Banco reafirmó el miércoles a sus clientes que durante “esta etapa de intervención” las operaciones fiduciarias se seguirán desarrollando de manera regular “y conforme a los términos pactados en los respectivos documentos de cada emisión, así como en apego a la normatividad vigente”.
“Asimismo, se informa al público inversionista que, hasta el momento, no se han identificado elementos que comprometan la operación ni la actuación de esta Institución en el corto plazo; por lo que no se han visto afectadas las funciones que desempeña como fiduciario”.
Mencionó que los delegados fiduciarios asignados por las autoridades a sus negocios continúan presentando “las facultades necesarias” para la ejecución de actos relacionados con sus emisiones.
Lo anterior, aseveró, en virtud de que dichos poderes no han sido revocados, ni “limitados, ni se consideran cancelados por el solo hecho del inicio de la intervención” en lo que cita lo dispuesto en los artículos 131 y 133 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La legislación mexicana en la materia faculta “expresamente” al administrador cautelar para otorgar o revocar poderes y designar delegados fiduciarios, pero no establece una revocación automática de los poderes previamente otorgados, destacó CIBanco, “salvo en lo que respecta a los órganos colegiados de la Institución, como el Consejo de Administración y, en ciertos casos, la Asamblea de Accionistas”.
“En caso de que, en el futuro, el administrador cautelar determine realizar algún ajuste en las designaciones o revocar alguno de los poderes actualmente vigentes, dicha situación será debidamente notificada a las partes involucradas, con la oportunidad y formalidad que corresponda”, destacó el banco.
“Reiteramos que los negocios en los que CIBanco actúa como Fiduciario continúan operando con plena validez jurídica y que el marco normativo mexicano ofrece garantías sólidas y suficientes para la protección de sus derechos”.
