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Para enfrentar el crecimiento del delito de extorsión, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que, a partir de ahora, la víctima de este delito no será quien tenga que denunciar, sino el Estado mexicano, que asumirá la responsabilidad de perseguir y castigar la extorsión de oficio en todo el país. Para lograrlo, el Gobierno Federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que combina acciones inmediatas como un número único de denuncia (089), bloqueos de líneas telefónicas y congelamientos de cuentas bancarias, con una iniciativa para reformar la Constitución y crear una ley general que unifique criterios y sanciones en todas las entidades federativas.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la extorsión es el único delito que no ha logrado disminuir:
“Todos los delitos van a la baja, pero la extorsión sigue aumentando. Por eso presentamos esta estrategia, que busca quitarle el peso de la denuncia a la víctima. La víctima es el Estado mexicano”, afirmó.
Desde el pasado domingo comenzó la implementación de esta estrategia, cuyo eje central es la puesta en marcha del número telefónico 089 como línea nacional única para denunciar casos de extorsión, ya sea telefónica o presencial, de forma anónima.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que, tras una denuncia, se podrá cancelar de forma inmediata la línea telefónica utilizada para cometer el delito y se abrirá una carpeta de investigación en las fiscalías estatales.
En caso de extorsión presencial, se desplegarán células de investigación en la zona. Además, se contará con operadores especializados en la atención de víctimas y personal capacitado en las Unidades Especializadas contra el Secuestro y la Extorsión.
La estrategia incluye la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias vinculadas a cobros ilícitos, cortar el flujo de dinero y debilitar a las redes delictivas.
También se solicitarán órdenes judiciales para bloquear equipos y líneas celulares relacionadas con estas actividades, y se realizarán operativos en centros penitenciarios para incautar dispositivos usados desde las cárceles.
Ocho entidades concentran el 66% de las extorsiones en el país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán; en estas zonas se actuará con enfoque prioritario y equipos especializados.
En complemento, la fiscal Ernestina Godoy anunció que este mismo día la presidenta enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXI inciso A, para dotarlo de facultades que le permitan emitir una ley general contra la extorsión. Esta ley establecería un tipo penal único, sanciones homologadas y agravantes comunes, y garantizaría que el delito se persiga de oficio en todo el territorio nacional.
“Es una ley necesaria para un combate estratégico de este delito mediante inteligencia, investigación, coordinación institucional y protección integral a víctimas, ofendidos y testigos”, sostuvo Godoy.
Sheinbaum precisó que el delito seguirá siendo del fuero común, pero todos los estados deberán armonizar sus leyes con la ley general una vez aprobada. Además, reiteró que delitos como el “cobro de piso” estarán contemplados dentro de esta legislación.
La mandataria explicó que el nuevo marco legal permitirá que el Estado actúe de manera inmediata ante denuncias, sin exponer a las víctimas.
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