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La intervención a Vector, Intercam y CI Banco, detonada por sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las medidas de FinCEN, ha revelado un punto ciego en el sistema financiero mexicano, una aparente incapacidad para detectar flujos irregulares, aunque que se cuenta con mecanismos robustos y leyes sólidas en la materia. A pesar de la narrativa de estabilidad promovida por autoridades mexicanas, el caso expone riesgos inmediatos para empresas vinculadas directa o indirectamente con estas entidades, un impacto reputacional, y la urgencia de una reconfiguración operativa y narrativa sobre las actividades del sistema bancario. El prestigio del sistema financiero mexicano depende no solo de la regulación, sino de su credibilidad.
Disparo internacional: FinCEN y la Medida Especial 311
La Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. activó el 30 de junio una Medida Especial bajo la sección 311 del Acta Patriótica, dirigida a Vector Casa de Bolsa. Esta acción prohíbe ciertas transferencias de fondos y establece un precedente de severidad. Aunque en menor grado, también fueron señalados Intercam y CIBanco por facilitación de movimientos financieros relacionados con actividades ilícitas, particularmente por sospechas de participar en lavado de dinero en favor de grupos criminales involucrados en el tráfico de fentanilo. FinCEN ha dado un plazo público de 21 días antes de confirmar la medida, lo que abre una ventana crítica para la reacción táctica y reposicionamiento institucional antes que la autoridad estadounidense desactive las relaciones transfronterizas, incluyendo cripto y corresponsalía en dólares.
Efectos visibles de una catástrofe reputacional
Medios nacionales e internacionales reportan que las sanciones ya están provocando consecuencias severas para los bancos intervenidos por las autoridades mexicanas, desde la caída de calificaciones crediticias por agencias como Fitch y S&P, hasta la cancelación de servicios con Visa y la pérdida masiva de clientes. Aunque Vector, Intercam y CI Banco no son entidades de importancia sistémica local; es decir, aquellos en los que una posible quiebra podría afectar la estabilidad del sistema financiero y la economía nacional, los tres bancos cumplen funciones clave en nichos específicos del comercio exterior mexicano como operaciones SWIFT especialmente en operaciones de divisas, custodia y pagos corporativos, manejo de fideicomisos, comercio transfronterizo, inversión extranjera y estructuración de instrumentos de financiamiento.
El caso Vector y su conexión política
El señalamiento de FinCEN trasciende lo operativo ya que sugiere una estructura de colaboración político-empresarial con flujos criminales sistemáticos. Según el Departamento del Tesoro, Vector Casa de Bolsa colaboró “de forma consistente” con el Cártel de Sinaloa en operaciones de lavado de dinero, transferencias a empresas chinas para la compra de precursores para la elaboración de fentanilo y supuestos pagos de sobornos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Lo relevante no es solo la mecánica financiera, sino la dimensión institucional del supuesto involucramiento ya que Vector es propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fungió como Jefe de la Oficina de la Presidencia y asesor económico clave del expresidente López Obrador. La acusación amplifica el impacto reputacional ya que se presenta como una articulación entre poder financiero, crimen organizado y estructuras de decisión política.
Reacciones oficiales y omisiones críticas
Las autoridades mexicanas han optado por una narrativa de control y estabilidad, evitando entrar a fondo en el contenido de las sanciones emitidas por FinCEN. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que Estados Unidos no ha presentado pruebas concretas sobre lavado de dinero y rechazó cualquier afectación sistémica, mientras que la CNBV atribuyó la intervención a movimientos anómalos de liquidez más que a delitos financieros. La ABM, por su parte, centró su discurso en la continuidad operativa de Intercam y CIBanco, omitiendo toda referencia a Vector Casa de Bolsa, pese a que es la única entidad mencionada dentro de la Medida Especial 311.
Implicaciones para el sector empresarial
El caso de los bancos intervenidos no solo afecta al sistema financiero, sino que genera implicaciones directas para empresas de otros sectores con exposición operativa o financiera a estas instituciones. Aquellas que mantienen cuentas, fideicomisos, pagos de nómina, vehículos de inversión, instrumentos de comercio exterior o relaciones de corresponsalía indirecta con Vector, Intercam o CI Banco podrían enfrentar cancelaciones de servicios, bloqueos de pagos internacionales o mayores revisiones por parte de contrapartes extranjeras.
Lo que está en juego
Frente al entorno actual, las empresas que mantengan operaciones con exposición directa o indirecta al sistema bancario mexicano deben contar con mecanismos sólidos de documentación y control interno. No se trata de prever sanciones específicas, sino de fortalecer su posición institucional frente a inversionistas, contrapartes internacionales y reguladores. Tener claridad sobre sus relaciones bancarias, auditorías recientes, esquemas de cumplimiento y protocolos de desvinculación puede marcar la diferencia entre ser percibidas como parte del problema o como actores confiables en un ecosistema bajo escrutinio.
