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Con el argumento de combatir el tráfico internacional de fentanilo, el Congreso de Estados Unidos —con apoyo de demócratas y republicanos— aprobó una legislación impulsada por Sherrod Browns y conocida como FEND Off Fentanyl Act, que permite a las autoridades financieras inferir actividades de lavado de dinero y aplicar sanciones sin necesidad de investigaciones concluyentes.
Basada en reformas implementadas durante el gobierno de Joe Biden para sancionar financieramente a Rusia tras la invasión a Ucrania, esta legislación ha sido utilizada por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) para bloquear operaciones de tres instituciones financieras mexicanas. Según documentos oficiales, estas entidades habrían facilitado servicios bancarios y de corretaje a individuos y organizaciones vinculadas al tráfico de fentanilo procedente de Asia.
De forma similar a lo que ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la aprobación de la Ley Patriota —la cual impuso mayores exigencias a los bancos estadounidenses para prevenir vínculos con instituciones financieras de países considerados de riesgo—, ahora la llamada FEND Off Fentanyl Act (Ley Fentanilo Fuera) ha comenzado a utilizarse para congelar transferencias internacionales con base en datos abiertos, informes reservados y análisis prospectivos que identifican a posibles facilitadores financieros del crimen organizado.
Esta ley forma parte de un paquete legislativo más amplio (Public Law 118-50) que fue aprobado durante el mandato de Biden y que incluyó presupuestos de emergencia para Ucrania, Israel y Taiwán, así como la conocida “ley anti-TikTok”, orientada a restringir aplicaciones controladas por adversarios extranjeros.
La iniciativa fue originalmente impulsada por el senador demócrata por Ohio, Sherrod Brown, pero cobró fuerza bajo la administración de Donald Trump, al incorporarse al aparato de seguridad nacional y vincularse directamente con el Departamento del Tesoro. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso, en una rara muestra de consenso bipartidista que buscó enviar a los votantes un mensaje de firmeza ante la crisis del fentanilo, la cual se ha atribuido principalmente al narcotráfico mexicano y al uso de precursores químicos provenientes de China.
En Ohio, Brown ha liderado una campaña pública contra esta droga, asegurando que con la aplicación de la FEND Off Fentanyl Act podrían salvarse millones de vidas al atacar directamente las estructuras financieras de los cárteles. Según el legislador, el objetivo es sancionar no solo a los traficantes, sino también a quienes lavan sus ganancias en China y México, impactando toda la cadena de suministro del opioide.
