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Una serie de transacciones realizadas por Vector Casa de Bolsa, con sede en Monterrey, ha puesto a esta intermediaria financiera mexicana en el centro de una investigación federal en Estados Unidos, tras revelarse que habría transferido millones de dólares vinculados a un supuesto tráfico ilícito de estupefacientes, incluidos envíos de precursores químicos desde China y aparentes operaciones para el Cártel de Sinaloa y el Cárteles del Golfo.
A partir de información identificada como “no pública”, así como a partir del volumen y el monto en dólares de las transferencias de fondos que Vector procesó durante varios años con estas empresas, FinCEN evalúa e infiere que dichas transacciones “probablemente” facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones delictivas con sede en México.
FinCEN, de acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, analizó las referencias a bancos y casas de bolsa mexicanos regulados entre 2022 y 2024, a partir de información “no pública”, con lo que elaboró una clasificación ponderada por activos. Fincen también tomó en cuenta los datos publicados por la CNBV de México.
Vector ocupó el segundo lugar en el análisis ponderado por activos de actividad potencialmente ilícita, y la FinCEN considera que una mayor concentración relativa de dicha actividad entre instituciones financieras con menor participación de mercado como Vector, probablemente indica controles deficientes de aplicación de leyes anti lavado.
En consecuencia, si tener evidencias contundentes de flujos de fondos ilegítimos a través de Vector, la FinCEN considera que la necesidad de proteger a las instituciones financieras estadounidenses de los riesgos de lavado de dinero que presenta Vector supera cualquier posible utilidad legítima que sus servicios puedan proporcionar en los circuitos financieros estadounidenses.
La investigación, liderada por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), culminó en la imposición de una medida especial que prohíbe a instituciones estadounidenses realizar ciertas transferencias de fondos que involucren a Vector, en lo que se considera uno de los movimientos regulatorios más agresivos contra una casa de bolsa mexicana hasta la fecha.
A manera de evidencia, FinCEN aseguró que, de 2018 a 2023, una empresa con sede en China recibió más de 12 transferencias de fondos internacionales por un total de más de 300,000 dólares estadounidenses de más de cuatro empresas con sede en México a través de Vector. Entre 2022 y 2023, una segunda empresa con sede en China recibió más de 18 transferencias internacionales de fondos por un total de más de 700,000 dólares de más de cinco empresas con sede en México a través de Vector, la intermediaria bursátil que fundó Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre 2020 y 2023, una tercera empresa con sede en China recibió más de 10 transferencias internacionales de fondos por un total de más de 70,000 dólares de al menos dos empresas con sede en México a través de Vector.
Opioides, lavado y la sombra de García Luna
El expediente de FinCEN detalla cómo, entre 2013 y 2024, Vector habría facilitado operaciones millonarias a través de empresas pantalla, mulas de dinero y compañías fachada. Una parte de estos fondos, se documenta, financió la compra de precursores químicos en China —clave en la fabricación de fentanilo— y otra sirvió para ocultar ganancias de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos.
Entre las operaciones señaladas figura una transferencia de más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019 a través de una empresa vinculada a García Luna, y más de 2 millones de dólares operados por una mula financiera del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021. Las transacciones también incluyeron movimientos relacionados con el Cártel del Golfo, cuya estructura financiera —según el Departamento de Justicia— se habría visto beneficiada por los circuitos que aparentemente puso a su disposición esta casa de bolsa para transferir y reintegrar fondos ilícitos al sistema financiero formal.
Vector, bajo la lupa del artículo 2313a
La medida impuesta a Vector se basa en la nueva legislación federal promulgada en 2024: la Ley FEND Off Fentanyl, que incorporó el artículo 2313a al Título 21 del Código de los EE.UU. Esta ley otorga al secretario del Tesoro la facultad de declarar a instituciones extranjeras como “preocupaciones principales en materia de lavado de dinero” si sus servicios facilitan el tráfico de opioides, en especial del fentanilo.
En este contexto, Vector fue clasificada como tal por su historial de transacciones con clientes que le solicitaron realizar transferencias a empresas chinas relacionadas con la venta de precursores químicos, así como por su presunta participación en la importación de estos materiales, usados en laboratorios clandestinos de México para fabricar fentanilo con destino a Estados Unidos, donde la sobredosis de esta sustancia ha sido la principal causa de muerte entre personas de 18 a 44 años.
Sin embargo, durante los últimos ocho meses, las autoridades sanitarias registraron una reducción de las muertes asociadas al consumo de fentanilo mientras se reveló que las personas que más trafican fentanilo son estadounidenses.
Según FinCEN, Vector procesó al menos 40 transferencias sospechosas por más de un millón de dólares entre empresas mexicanas y compañías chinas identificadas aparentemente como suministradoras de precursores. Tres empresas chinas específicas recibieron cientos de miles de dólares a través de Vector entre 2018 y 2023, muchas veces mediante firmas fachada y mulas de dinero, asegura una investigación de FINCEN que se basó en datos abiertos, información “no pública” así como en el expediente judicial de Genaro García Luna.
“La FinCEN evalúa que dichas transacciones probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones delictivas con sede en México”, subraya el documento. Si bien los gobiernos de México y China han impuesto restricciones a ciertos precursores, reconoce FINCEN, el mercado negro continúa activo. Y el uso de casas de bolsa como Vector permitiría disfrazar estas transferencias como comercio legítimo. De hecho, a partir de datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, FinCEN evaluó si el tamaño de las operaciones de esta intermediaria bursátil podía estar determinado por este tipo de clientes.
¿Medidas efectivas o juego del topo?
Aunque la medida contra Vector pretende cortar una vía financiera crítica para las organizaciones del narcotráfico, The Cato Institute expone las limitaciones del enfoque. “Si sanciones federales como estas funcionaran, el crimen organizado sería una reliquia del pasado”, apunta el informe. El flujo de precursores simplemente puede reubicarse: presionar a fabricantes en China, por ejemplo, podría beneficiar a sus competidores en India”, indicó The Cato Institute crítico de la Ley FEN Off.
“Riesgo mayor que utilidad”
A pesar de que Vector, cita el FinCEN asegura contar con un programa robusto en prevención de lavado de dinero (PLD/FT), la oficina del Departamento del Tesoro especializada en el combate al blanqueo de capitales. concluyó que las actividades comerciales lícitas de la firma no compensan el riesgo sistémico que representa. En el análisis por activos ponderados con información pública, Vector ocupó el segundo lugar en riesgo relativo entre las casas de bolsa mexicanas, pese a representar solo el 2.1% del mercado.
El documento también sostiene que “la concentración de actividad ilícita en instituciones pequeñas como Vector indica controles deficientes”, y que su exclusión del sistema financiero de EE.UU. no generará un impacto económico significativo, dado que sus servicios pueden ser reemplazados por otras entidades reguladas, con lo que también justificó la pertinencia de su sanción y la orden hacia las instituciones financieras estadounidenses.
La sanción contra Vector es una de las primeras emitidas bajo la nueva autoridad del artículo 2313a y podría sentar precedente para futuras acciones similares. A diferencia de medidas anteriores (como las de la Ley Patriota, sección 311), esta prohíbe cualquier transferencia de fondos —no solo a través de cuentas corresponsales— que involucre a Vector.
“Esta medida protege al sistema financiero de EE.UU. al impedir el acceso de una institución usada repetidamente para facilitar operaciones del narcotráfico”, sostiene el Tesoro. Aunque la orden no se aplica a filiales fuera e México, advierte que transacciones relacionadas podrían enfrentar “desafíos adicionales”.
