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Durante la conferencia matutina de este miércoles, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, presentó los ejes de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, destacando su enfoque en derechos, accesibilidad, inclusión y equilibrio competitivo en el sector.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un nuevo órgano desconcentrado dentro de la Agencia, con independencia técnica y operativa, que asumirá funciones relacionadas con espectro, concesiones y autorizaciones.
Las atribuciones en materia de competencia y regulación asimétrica pasarán a la Comisión Nacional Antimonopolio, sectorizada a la Secretaría de Economía.
Peña Merino subrayó que la iniciativa responde a las preocupaciones y propuestas recogidas en conversatorios con actores del sector, y que no representa una concentración de poder, sino una redistribución de funciones del actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Uno de los puntos más innovadores, según explicó, es el reconocimiento del Estado como prestador de servicios de internet. En este modelo, el gobierno podrá participar en licitaciones comerciales bajo principios de “neutralidad de competencia” y, en el caso de servicios públicos como conectividad gratuita en espacios comunitarios, contará con acceso preferencial a espectro.
La ley también introduce reglas claras para la publicidad de gobiernos extranjeros, manteniendo la prohibición de propaganda política o ideológica en radio y televisión, y regulando la pauta pagada en plataformas digitales.
En materia de derechos de las audiencias, se restablecen principios de la reforma de 2014: códigos de ética, defensorías y la obligación de distinguir entre información y opinión en contenidos noticiosos. Para los usuarios, se establecen medidas como la obligatoriedad de vender equipos desbloqueados, recargas en cualquier establecimiento sin importar el operador, y llamadas gratuitas de emergencia sin saldo.
En cuanto a accesibilidad, la ley contempla funciones inclusivas en aplicaciones, portales y dispositivos, así como condiciones para garantizar el acceso igualitario de mujeres y niñas a los servicios de conectividad.
José Antonio Peña Merino anunció incentivos para operadores que desplieguen infraestructura en zonas desconectadas, incluidos descuentos en pagos por espectro. Además, se permitirá la interconexión entre redes comerciales y redes comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos, bajo tarifas accesibles.
Estas redes sociales comunitarias serán apoyadas con acceso prioritario a espectro, la posibilidad de usar hasta 3% de su tiempo para publicidad local, y la inclusión en presupuestos de comunicación social del Estado, con un rango de entre 1 y 10%.
En cuanto a espectro, se plantea una política inclusiva con licencias simplificadas para radioaficionados, acceso ágil para la industria tecnológica, como semiconductores y manufactura electrónica, y uso temporal para investigación o fines culturales.
Otros elementos relevantes son:
- Soterramiento gradual de cableado, especialmente el que está en desuso.
- Simplificación y digitalización de trámites para el despliegue de infraestructura.
- Consulta pública obligatoria para decisiones de la nueva Comisión.
- Identificación obligatoria para activar chips de telefonía móvil.
- Medidas para preservar recursos orbitales de México y mitigar basura espacial.
Peña Merino concluyó que la nueva legislación busca garantizar el acceso a internet como un derecho, con al menos 16 millones de personas aún sin conexión en el país, e impulsar un uso “justo, incluyente y competitivo” del espectro, fortaleciendo tanto la cobertura social como la inversión privada.
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