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En conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya se encuentran en discusión en el Congreso tres reformas clave en materia de seguridad pública, como parte de un paquete legislativo que busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano en prevención del delito, inteligencia e investigación, así como consolidar jurídicamente a la Guardia Nacional como una fuerza permanente.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, presentó los detalles de las iniciativas, las cuales están alineadas con dos de los ejes fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad: el fortalecimiento de la Guardia Nacional y el impulso a la inteligencia y la investigación.
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia
Godoy explicó que uno de los proyectos principales es la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 constitucional. El objetivo es articular un sistema nacional que permita anticipar riesgos, prevenir delitos y mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad.
“Se trata de dotar al Estado de herramientas legales que permitan actuar antes de que los generadores de violencia concreten sus delitos”, detalló Godoy. El sistema será dirigido por un Consejo Nacional de Inteligencia, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y operado por el Centro Nacional de Inteligencia.
Esta nueva ley busca establecer canales efectivos de colaboración entre autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con el Ministerio Público. Además, contempla el uso de tecnologías avanzadas para integrar y consultar bases de datos con fines de investigación, judicialización y combate a la impunidad, todo en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.
Godoy subrayó que la ley cuenta con candados legales y judiciales estrictos para evitar abusos y usos políticos.
“No se invadirá la privacidad ni se intervendrán comunicaciones sin autorización judicial”, aseguró.
Reformas para la consolidación de la Guardia Nacional
El segundo eje legislativo está relacionado con la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual se establece la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente.
A partir de este cambio, se plantea la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y de al menos seis leyes secundarias y dos códigos, actualmente en análisis legislativo.
Con estas reformas se define a la Guardia Nacional como una institución con estructura y grados similares a los del Ejército y la Fuerza Aérea, pero con misión civil de garantizar la seguridad pública. La ley refuerza su cooperación con otras instancias federales, estatales y municipales, bajo la conducción del Ministerio Público.
Además, se incorporan principios como legalidad, objetividad, eficiencia, respeto a los derechos humanos y amor a la patria en el actuar del personal.
También se crea un sistema de ascensos, recompensas y disciplina, con un Consejo Superior de Disciplina dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, encargado de sancionar faltas graves.
En materia de derechos laborales, se reconocen los derechos de seguridad social del personal de la Guardia Nacional, como parte de una fuerza armada permanente.
“La educación del personal estará basada en el respeto a los derechos humanos y en la igualdad de género”, puntualizó Godoy.
Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Por su parte, Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó la tercera pieza de este paquete legislativo: la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum.
Figueroa explicó que esta ley busca actualizar y fortalecer el sistema creado en 1995, cuya normativa vigente data de 2009 y ya está rebasada.
“Los mecanismos actuales de coordinación son demasiado rígidos y poco útiles frente a los desafíos de seguridad actuales”, explicó.
La nueva ley redefine competencias entre los tres niveles de gobierno y establece una estructura más clara y funcional para la coordinación estratégica y operativa. Además, otorga sustento jurídico al Gabinete Federal de Seguridad Pública y busca replicar su modelo en los estados mediante Mesas de Paz, fortaleciendo la toma de decisiones territoriales.
Se contempla también la creación de una Política Nacional de Acreditación y Certificación, que evaluará no sólo a los elementos de seguridad, sino también a las instituciones mismas.
Como parte de este impulso, se propone la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública, orientada a formar altos mandos e investigadores con visión humanista y enfoque ético.
Otros ejes incluyen el fortalecimiento de los registros nacionales y bases de datos para una mejor toma de decisiones, así como reglas claras y transparentes para el uso de recursos federales destinados a la seguridad, mejorando la fiscalización y previniendo la corrupción.
“Esta ley constituye un paso firme hacia una seguridad pública con acciones coordinadas e instituciones más sólidas, centradas en el bienestar de las y los ciudadanos”, afirmó Figueroa.
Anticipación a críticas
Al cierre de la presentación, la presidenta Sheinbaum se adelantó a las críticas que, anticipó, surgirán en medios de comunicación respecto a las nuevas facultades para los elementos de la Guardia Nacional.
En particular, respondió a señalamientos sobre la posibilidad de que los integrantes de esta corporación puedan pedir licencia para participar en procesos electorales.
“Eso no es nuevo ni representa una anomalía. Está en la Constitución de 1917 y en la Ley Orgánica del Ejército desde hace décadas”, dijo.
Citando el artículo 55 de la Constitución y el artículo 174 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, explicó que ya existe una figura llamada “licencia especial” para que los militares puedan desempeñar cargos de elección popular, bajo ciertas condiciones. Lo mismo aplicará a los integrantes de la Guardia Nacional.
“Se está haciendo una equiparación legal, no se está inventando nada. Decir lo contrario es una muestra de ignorancia”, concluyó la presidenta.
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