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Durante la conferencia matutina de este miércoles, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, presentó la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva legislación busca cerrar la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a servicios de internet, telefonía y radiodifusión en todo el país, con un enfoque centrado en la justicia social y los derechos digitales.
Según Peña Merino, la nueva ley regula todo el ecosistema de telecomunicaciones: desde el uso del espectro radioeléctrico hasta la instalación de torres, antenas, fibra óptica, interconexión de redes y calidad del servicio. También contempla el acceso y uso de señales de comunicación por aire y cable, e introduce medidas para garantizar derechos de audiencias y usuarios.
Peña Merino destacó que esta ley en materia de telecomunicaciones no implica censura de contenidos, ya que no incluye ninguna disposición que limite la libertad de expresión ni la pluralidad informativa. Subrayó que por el contrario, la nueva legislación refuerza los derechos de las audiencias, establece códigos de ética para medios y defensorías activas, y promueve el acceso a contenidos incluyentes, no discriminatorios y culturalmente diversos.
El funcionario explicó que alrededor de 10.2 millones de personas mayores de 14 años en México viven en zonas sin cobertura 4G, mientras que otras 4.4 millones tienen cobertura pero no los recursos económicos para pagar el servicio. En conjunto, 15 millones de personas en el país siguen sin acceso efectivo a internet.
“El internet no solo es un derecho por sí mismo, es un habilitador de derechos: educación, expresión, salud, acceso a información. Quien no tiene conectividad, está excluido”, subrayó Peña Merino.
Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones muestran que, aunque México ha logrado aumentar su cobertura, el precio por gigabyte en el país es el más alto del grupo de comparación, con 5.22 dólares, muy por encima de países como Egipto (0.52 dólares) o Turquía (0.85 dólares). Además, el crecimiento del acceso a internet en hogares mexicanos ha sido más lento en comparación con naciones similares.
Peña Merino destacó que gracias a la red pública desarrollada en el sexenio anterior, principalmente a través de CFE TEIT, se pasó de 13 mil a 141 mil localidades conectadas y de 40 a 97 millones de personas con acceso a internet. También se distribuyeron 2.9 millones de tarjetas SIM gratuitas con datos y minutos incluidos, mediante el programa Conectividad para el Bienestar.
No obstante, los desafíos persisten: solo 62% de las localidades con menos de 2,500 habitantes y apenas 26% de las de menos de 200 habitantes cuentan con cobertura. Además, el 10% más pobre de la población gasta hasta 6% de su ingreso en servicios de telecomunicación, lo que evidencia la urgencia de una regulación incluyente.
Principales cambios propuestos en la ley
- Espectro para uso público y comercial: Se permitirá a entidades como CFE Internet operar redes con fines sociales y también competir en igualdad de condiciones con empresas privadas.
- Interconexión y compartición de infraestructura: Se garantizará que redes comunitarias puedan conectarse con grandes operadores a costos accesibles.
- Facilitación de acceso a espectro para educación, investigación y pequeñas empresas, especialmente en sectores estratégicos como la automatización e industria.
- Simplificación de trámites para el despliegue de infraestructura, eliminando obstáculos burocráticos.
- Menos requisitos para radios públicas, comunitarias, indígenas y afromexicanas, que además podrán acceder a publicidad local para su sostenibilidad.
La ley en materia de telecomunicaciones contempla además el bloqueo obligatorio de señales móviles en centros penitenciarios por parte de las empresas de telecomunicaciones, con el fin de evitar actividades ilícitas.
Uno de los pilares de esta iniciativa es ampliar la cobertura a zonas rurales, donde solo el 26% de las localidades con menos de 200 habitantes cuenta con conectividad. Con esta ley, el Estado podrá utilizar espectro para servicios públicos gratuitos, como el programa “Conectividad para el Bienestar”, que ha entregado millones de tarjetas SIM sin costo, al tiempo que incentiva a empresas privadas a ampliar su cobertura a cambio de beneficios como descuentos en el pago del espectro.
La nueva legislación también redefine las competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), separando sus funciones regulatorias de telecomunicaciones de las de competencia económica, estas últimas transferidas a la nueva Comisión Antimonopolio bajo la Secretaría de Economía.
Protección de derechos y ordenamiento del sector
La iniciativa también restaura derechos de audiencias eliminados en 2017, como la existencia de códigos de ética y defensorías. En cuanto a los usuarios, se establece el derecho a usar cualquier SIM en cualquier dispositivo, y a acceder a servicios de recarga sin restricciones de proveedor.
Se incorporan también lineamientos para el retiro de cableado en desuso, el bloqueo obligatorio de señales celulares en centros penitenciarios y medidas para preservar las posiciones orbitales de México, evitando la pérdida de satélites o frecuencias.
“Esta es una ley para conectar a mexicanas y mexicanos; a los 15 millones que hoy no tienen acceso a datos y, por tanto, no pueden ejercer plenamente sus derechos”, concluyó Peña Merino.
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