Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acusó este jueves a varios jueces de haber tomado decisiones que beneficiaron a presuntos delincuentes, al permitir su liberación o facilitar su traslado a penales de menor seguridad, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Durante la conferencia de prensa matutina, Harfuch informó que desde octubre de 2024 se han identificado al menos 193 resoluciones judiciales que propiciaron traslados, cambios de medidas cautelares o salidas definitivas de personas acusadas de delitos graves, como secuestro, homicidio y portación de armas de fuego.
Tan solo entre octubre de 2024 y abril de 2025, detalló, se registraron 164 cambios de medida cautelar, dos liberaciones definitivas y 27 traslados a cárceles de menor seguridad.
Estos traslados ocurrieron a pesar de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió advertencias específicas sobre la peligrosidad de los internos y la inconveniencia de modificar su lugar de reclusión.
Uno de los jueces señalados por Harfuch fue Gregorio Salazar Hernández, del Estado de México, a quien acusó de haber facilitado la liberación o traslado de personas vinculadas con organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Entre los casos mencionados destacó el de Gerardo Ponce Alanís, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, quien fue trasladado a un penal donde, esta misma semana, se encontraron drogas, armas y dinero en efectivo.
Otro caso señalado fue el de Mario Cárdenas Medina, sobrino de un exlíder del Cártel del Golfo, cuya liberación también fue autorizada por decisión judicial. A estos se suman casos similares que, de acuerdo con el secretario, ponen en riesgo la seguridad del país y obstaculizan la labor de las autoridades.
Asimismo, Harfuch mencionó a otros jueces que, según los reportes, han emitido resoluciones en beneficio de presuntos criminales. Entre ellos, Silvestre Peña Crespo, del estado de Guanajuato, quien autorizó traslados de personas acusadas de secuestro y corrupción de menores, así como Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, jueces del estado de Sonora, quienes habrían firmado decenas de resoluciones que modificaron las condiciones de reclusión de personas vinculadas con grupos delictivos.
En total, señaló Harfuch, 26 personas integrantes de organizaciones criminales fueron liberadas en los últimos seis meses, lo que representa un riesgo directo a la seguridad pública y una señal de impunidad.
Pese a la existencia de estos casos, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que el propio Poder Judicial ha obstaculizado que los jueces responsables enfrenten consecuencias legales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “increíble e impresionante” que jueces sigan liberando delincuentes a pesar de las pruebas en su contra, y reiteró que la elección judicial que propone su gobierno permitirá sanear el Poder Judicial.
“Porque los jueces, ministros y magistrados van a responder al pueblo”, subrayó.
También te puede interesar: Histórico León XIV: el estadounidense Robert Prevost, es el nuevo Papa
