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Aunque las reformas a la Ley General de Salud buscaron impedir que médicos incurrieran en malas prácticas y hasta en corrupción que daña gravemente a sus pacientes, al recibir comisiones por ordenar análisis clínicos –se necesiten o no–, las prácticas de simulación mantienen en riesgo a millones de mexicanos. Muchos laboratorios se siguen beneficiando de la colusión con médicos, lo que provoca un sobrecosto en los diagnósticos clínicos y en prescripciones de medicamentos con conflictos de interés.
Luego de que la pandemia por Covid-19 comenzaba a ceder en México y que ya habían pasado dos años tras la aparición de un nuevo virus en China y más de 340 mil mexicanos perdieron la vida, en Salud Digna sabían que los padecimientos y secuelas que dejó la emergencia sanitaria irían en ascenso. Se necesitarán millones de pruebas de laboratorio, tomografías, análisis de sangre, resonancias magnéticas y, por supuesto, estudios para detectar Covid-19 y otros virus. Con un escenario de inflación alta, el incremento de precios en la canasta de productos y servicios médicos también impone nuevos retos para el diagnóstico oportuno. La realidad en México muestra, sin embargo, que el incremento en precios no siempre proviene de los costos reales.
Tras varias tazas de café y casi al despedirnos, el médico de alta especialidad reconoce que sí tiene un convenio con un laboratorio, que le otorga una comisión por cada prueba que se realizan sus pacientes. “Ese margen –confiesa– me ayuda mucho a sostener servicios y la consulta”, asegura sin dudar. Parece no avergonzarse y lo asume como si estuviera en lo correcto, en lo justo.
Los convenios entre médicos y laboratorios –también conocidos como dicotomía–, encarecen hasta en 50 por ciento el costo de los análisis clínicos y los diagnósticos para millones de mexicanos. Así, la prevención y seguimiento de enfermedades en México se enfrenta a una intermediación, que reduce la posibilidad de que millones de mexicanos conserven la salud.
Las comisiones para muchos médicos se mantienen, a pesar de que en marzo de 2007 el Senado de la República acordó prohibir acuerdos entre médicos y laboratorios, mediante reformas a la Ley General de Salud.
Se establecieron multas hasta de dos mil veces el salario mínimo general diario, vigente en la zona económica en la que se presente la violación a la Ley General de Salud. A los médicos que mantenían este tipo de acuerdos se les dio un plazo de hasta 180 días para dar por terminados estos convenios.
“Inadmisible que, a cambio de comisiones, médicos sugieran hospitales o laboratorios para tratamientos y análisis”, publicó el Senado en 2007.
Sin embargo, los convenios siguen. Ahora, muchos médicos ofrecen directamente los análisis a sus clientes. Evitan la ley con una estrategia de simulación y aseguran que ellos realizan los diagnósticos. Dejaron de redireccionar clientes a laboratorios, firmando órdenes de estudios para ciertas empresas de diagnóstico clínico; sin embargo, los convenios ahora son de servicios para el consultorio del médico. Así, la comisión es un descuento en el costo del diagnóstico que, por supuesto, no se traslada a los pacientes.
Mientras tanto, en el sector público, Revista Fortuna confirmó que algunos médicos del IMSS rechazan los análisis clínicos de algunos laboratorios, sin ni siquiera verificar su calidad o resultados. Simplemente, para ellos no sirve, y exigen la presentación de resultados clínicos de una lista de laboratorios “autorizados” que, por supuesto, no se ha publicado en ninguna gaceta oficial. Por supuesto, también está la amenaza: “Sí usted trae estudios de laboratorios de cualquier parte no nos hacemos responsables de su tratamiento”, dicen en una consulta del IMSS cuando piden esperar a los pacientes por su turno para que les realicen un estudio.
Esta conducta, estableció el Senado de la República, afecta la práctica de la medicina y su visión social, pues los intereses del paciente pasan a segundo término y se antepone la ventaja económica, sin importar la calidad del servicio. La dicotomía es una deformación del convenio entre doctor y paciente, la cual ha sido condenada en el ámbito mundial, como lo establece el Código Internacional de Ética Médica. No obstante, en México no está penalizada y representa un serio problema de salud, ético, económico y fiscal. Hace 15 años, el Senado estableció que las comisiones que pagan los laboratorios a los médicos, por recomendarlos a sus pacientes, encarecen el costo de los servicios en más de 50 por ciento, además de que impiden una competencia real basada en la calidad del servicio.
“Al menos 30 por ciento de los laboratorios proporcionan a los médicos una comisión, por cada paciente que remitan a sus consultorios, que puede ir de 25 a 75 por ciento del precio al público, de cada análisis solicitado por el médico”, reveló el Senado de la República.
Para el paciente, el daño alcanzaba ya varias dimensiones. Al paciente, a quien le mandan realizarse análisis que no requiere y debe hacer gastos innecesarios, queda imposibilitado para enfrentar otras situaciones que se le presenten, además de que expone su salud, en caso de que los análisis estén mal hechos, fingidos o inventados. No solo eso, también se registran consecuencias laborales y un daño fiscal, ya que el ingreso que se obtiene por medio de la dicotomía es ocultado por el médico, no lo registra ante las autoridades fiscales y, por tanto, no paga impuestos, además de que el laboratorio otorga una comisión no deducible, por lo que no factura todo lo que vende y se une a la evasión fiscal. La corrupción no se factura.
Ahora, en la Ley General de Salud se incluye y sanciona con claridad la práctica de la dicotomía, que se presenta entre médicos y no solo entre laboratorios clínicos y profesionales de la salud, sino también entre compañías que manufacturan o venden instrumental médico, así como gabinetes de estudios especiales. La dicotomía también contempla la posibilidad de que la practiquen mediante premios, comisiones o gratificaciones en especie. Así, un cirujano, por referirles cirugías, un laboratorio paga comisiones y un hospital descuenta rentas por usar servicios, un círculo vicioso que debe romperse.
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