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El Fondo Bancario de Protección al Ahorro ( FOBAPROA ) volvió al centro de la discusión pública este jueves y la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia de prensa matutina sobre si México debe seguir pagando esta deuda que ha impactado en las finanzas públicas por más de 25 años.
“Si quieren, invitamos al secretario de Hacienda para que nos platique por qué se tiene que seguir pagando esta deuda, qué significa, porque no es tan sencillo dejar de pagar una deuda… tiene sus implicaciones. Entonces es importante que también se explique por qué, qué impactos tuvo en la economía, qué impactos tiene y por qué se tiene que seguir pagando”, dijo.
Asimismo, al ser interrogada sobre si el expresidente Ernesto Zedillo podría ser juzgado penalmente por su papel en la creación y consolidación del FOBAPROA como deuda pública, Sheinbaum descartó que se contemplen sanciones legales:
“No, no es tanto un tema penal. Es un tema de qué opina el pueblo de México y que se conozca lo que ocurrió”, dijo.
La presidenta subrayó que es fundamental que las nuevas generaciones comprendan cómo un expresidente que “hizo este desfalco a la nación” y que posteriormente vendió empresas estatales como los ferrocarriles para luego incorporarse a la misma empresa a la que benefició, ha permanecido impune.
“Eso se llama aquí y en China conflicto de interés”, sentenció.
El origen del FOBAPROA: privatización, deuda y rescate a la élite
El FOBAPROA surgió en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. Su objetivo original era darle liquidez a los bancos recién privatizados para que, en caso de crisis o devaluaciones, el fondo pudiera cubrir sus deudas y otorgarles capital. Sin embargo, de acuerdo conn lo expuesta en la conferencia de este jueves, la historia demostraría que el FOBAPROA fue utilizado como un mecanismo para rescatar a grandes grupos empresariales y financieros, no a los ciudadanos comunes.
El antecedente más directo fue el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), creado en 1983 por el Banco de México para beneficiar a empresas con deudas en dólares. Su primer director fue Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces un joven economista recién doctorado en Yale.
Ficorca benefició al menos a 209 empresas pertenecientes a los 30 grupos empresariales más poderosos del país.
El “error de diciembre” y la crisis inducida
En diciembre de 1994, Ernesto Zedillo asumió la presidencia tras un sexenio complicado. Su primera gran decisión fue devaluar el peso de forma discrecional, informando previamente solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros. Esto provocó una fuga de capitales, el incremento de las tasas de interés y la quiebra de millones de empresas y ciudadanos que no pudieron pagar sus créditos.
Entre 1994 y 1996, la cartera vencida bancaria aumentó 150% y la pobreza en México creció en 17 millones de personas, alcanzando un total de 64 millones. La moneda perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 a 9.4 pesos por dólar.
Para contener la crisis, el gobierno de Zedillo contrajo una deuda de 50 mil millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), elevando la deuda externa mexicana a un récord histórico de 164 mil millones de dólares.
El costo: del rescate bancario a la deuda pública
Con el pretexto de evitar un colapso financiero, Zedillo ordenó la compra de deuda privada bancaria en forma de pagarés, que se canalizaron al FOBAPROA. Esta operación equivalía al 11% del PIB nacional.
En 1998, con apoyo del PRI y del PAN en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y transformó el FOBAPROA en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), rescatando directamente a bancos como Bancomer, Banamex, Bital, Serfín y Banpaís.
La deuda original de 552 mil millones de pesos creció a 705 mil millones al cierre del sexenio. Para 2023, el monto alcanzó 1.96 billones de pesos, pese a que ya se han pagado más de 1.37 billones solo en intereses y bonos del IPAB.
Beneficiarios: políticos y empresarios del PRIAN
El gobierno mexicano expuso esta mañana que entre los beneficiarios del FOBAPROA se encuentran nombres ligados a las cúpulas del PRI y del PAN, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, Fernando Canales Clariond, José Eduardo Robinson Bours Castelo, Carlos Hank Rhon (quien donó 25 millones de dólares a las campañas de Zedillo y Roberto Madrazo en 1994), Carlos Cabal Peniche, Ángel Isidoro Rodríguez, y grupos vinculados a empresarios como Claudio X. González Laporte, Manuel Gómez de la Torre, Ricardo Salinas Pliego, y Enrique Molina Sobrino.
FOBAPROA: modelo de saqueo que fue replicado
El esquema fue replicado en otros rescates multimillonarios, como el carretero de 1997 (más de 165 mil millones de pesos) y el azucarero, que implicó el rescate de 27 ingenios con más de 30 mil millones. En 2005, una comisión del Senado calificó al FOBAPROA como un “despojo”, documentando irregularidades como tráfico de influencias, conflicto de intereses, fraude corporativo y uso de información privilegiada.
Incluso el propio Carlos Salinas de Gortari, en su libro La década perdida, calificó al FOBAPROA como una “capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a intereses extranjeros”.
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