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Durante los últimos siete años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Pablo Gómez, reportó que incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales (empresas), en total 7,815 sujetos. Sin embargo, la eficacia de la UIF se ha visto obstaculizada por los litigios e impugnaciones presentadas por los involucrados ante el Poder Judicial.
Así, de esa lista de personas investigadas, según datos de la UIF, se han desincorporado a 910 personas físicas y 360 morales. Actualmente se encuentran en la LPB 4,994 personas físicas y 1,551 personas morales, en total 6,545 sujetos.
Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Como resultado de resoluciones judiciales, así como del tribunal contencioso administrativo y de la UIF, se han desbloqueado recursos por más de 28 mil 719 mil millones de pesos, con lo que sólo se mantuvo el bloqueo de activos sobre el 11% de los activos, gracias a la intervención de jueces y magistrados y en menos medida de resoluciones de la propia UIF.
El caso más reciente de desbloqueo de cuentas bancarias es el vinculado con Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont Arena luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023 emitida por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que otorgó amparo para que se les eliminara de la Lista de Personas Bloqueadas.
En consecuencia, el 4 de marzo de este año, en acatamiento a lo ordenado por la jueza de distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo siguiente, el juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo.
Así, La orden del Poder Judicial de eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a Inés Gómez Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas.
La Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato que recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita continúen siendo integrados a la economía nacional
Entre amparos, bloqueos y desbloqueos
Fue al principio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando la UIFincrementó hasta en un 70% el número de solicitudes presentadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investigar cuentas bancarias, eventualmente bloquearlas, proceder a extinciones de dominio y conocer transacciones crediticias.
Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aseguró que la UIF estaba excediendo las facultades previstas para su creación en el decreto presidencial publicado en 2004 durante el gobierno de Vicente Fox. Aún más, se afirmó que congelaba e intervenía cuentas a pesar de que una jurisprudencia declaró esta acción constitucional por no concederse el derecho de audiencia. Pero Santiago Nieto aseguró que el ex ministro Manuel Medina Mora operó esta interpretación justo unos meses antes de renunciar ante las investigaciones que la UIF realizaba sobre sus cuentas y su patrimonio.
Pero en la práctica y, ante la presunción de delitos como lavado de dinero, los amparos que se han interpuesto y obtenido en tribunales contra la intervención de cuentas de esta unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son resultado de una controversia que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la aplicación por parte de la UIF del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En este artículo de la ley para el sector bancario se establece la facultad de la UIF para congelar depósitos siempre y cuando dicha acción se presente a solicitud de un gobierno extranjero y previa firma de convenios para combatir el blanqueo de capitales. De otra forma, resulta inconstitucional.
La intervención y congelamiento de cuentas, sin embargo, se han convertido en la principal herramienta de la UIF junto con la gran difusión, la máxima publicidad, de esos casos ante la opinión pública más allá de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República y de la integración de expedientes judiciales.
Por ello, en las entidades del gobierno federal que interactúan con la UIF, los funcionarios responsables de liberar recursos administrativos a petición de esa unidad buscan ponerse a salvo de cualquier responsabilidad administrativa. Información de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos la CNBV señala que la CNBV sirve de nodo receptor para todas las solicitudes que se hacen por parte de autoridades facultadas y que, en el caso de la UIF, ha buscado apegarse al estado de derecho al responder sus solicitudes.
En el operativo “Agave Azul” contra del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la UIF obtuvo de manera acelerada recursos administrativos para bloquear cuentas luego de que el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, encargada del combate al narcotráfico, sólo solicitó a la SHCP “información vinculada” con personas y compañías, “incluyendo actividades de lavado de dinero, giros internacionales, actividades financieras, cuentas bancarias, bienes inmuebles adquiridos, relación financiera con compañías privadas, así como ingresos oficiales de las personas físicas y Morales”. No está confirmado en el documento que el gobierno de Estados Unidos solicitara directamente el bloqueo de cuentas.
El oficio enviado a través de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, fue recibido en la Secretaría de Hacienda el pasado 21 de mayo de 2020 y se turnó a la unidad que encabeza Santiago Nieto Castillo. Fue el dos de junio de ese año cuando la UIF emitió un boletín en el que anunciaba el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dicho documento se presentó en uno de los juicios para demandar un amparo contra el bloqueo de cuentas por parte de la UIF. Los afectados por la actuación de la UIF argumentaron ante las autoridades judiciales que el gobierno de Estados Unidos no solicitó el congelamiento de las cuentas y que la UIF estaba excediendo sus atribuciones a partir de la jurisprudencia sentada por la SCJN.
Sin embargo, el comunicado de la UIF sobre el operativo “Agave Azul” estableció que “se trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la definición de los objetivos del operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes del grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales”.
En entrevista, Santiago Nieto explicó en su momento de esa investigación que, en efecto, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece explícitamente la facultad de la UIF para congelar cuentas. Aceptó, si bien hasta 2016 que la Segunda Sala de la SCJN, en donde participó como ponente el ex ministro Eduardo Medina Mora, había reconocido como constitucional y legal el bloqueo de cuentas bancarias ante la presunción de dinero sucio, en 2018 – frente al cambio de reglamento – la misa Segunda Sala hizo una interpretación conforme al texto de la Constitución. Esta diferencia, agregó, es importante porque si bien se consideró inconstitucional con dicha interpretación, el artículo sigue vigente.
En 2019, todavía como ministro de la Segunda Sala de la SCJN, Medina Mora defendió en su ponencia sobre el caso que, si el congelamiento deviene una solicitud de bloqueo de cuentas de una instancia internacional o extranjera, entonces el bloqueo es constitucional. En dicho procedimiento, sin embargo, no hay garantía de audiencia y que, por adolecer del procedimiento de inclusión en la Ley, entonces el procedimiento nacional es inconstitucional.
A partir de allí, explicó el funcionario, lo que se establece en la jurisprudencia es que los jueces pueden otorgar la suspensión provisional o no, según ponderen cuál es el derecho más importante si el beneficio de toda la sociedad o “la apariencia del buen derecho del titular de la cuenta”.
Santiago Nieto reconoció que, para avanzar en la UIF tuvo que aplicar criterios que se adaptaran a la ley para seguir avanzando en el combate contra la corrupción: “Entonces, lo que hemos hecho nosotros son los acuerdos de bloqueo cuando tenemos la solicitud internacional, así se lo decimos al Juez de Distrito. Por regla general no les otorgan la suspensión a los quejosos”, dijo hace varios años y hoy la UIF sigue atrapada en los amparos otorgados por el Poder Judicial.
No obstante, reconoce que los amparos sí se han otorgado contra su decisión de bloquear cuentas: “Sí tuvimos un caso muy desafortunado en donde sí lo hicieron, fue el caso de Kamil Nacif”. Fue en marzo de 2020 cuando la UIF dio a conocer que congeló las cuentas de Mario Marín y Kamil Nacif.
Frente a los jueces que otorgan amparos contra las resoluciones administrativas de la UIF, Santiago Nieto explicó la estrategia para defender sus decisiones: “Nos defendemos en los recursos de suspensión asegurando que la medida es desproporcionada, que afecta el interés social”. Y agrega: “A los jueces les explicamos que el riesgo de que las personas retiren el dinero de las cuentas. El amparo quedaría sin materia porque permitiría disponer del dinero de las cuentas”.
El entonces titular de la UIF aseguró, por lo tanto, que esa unidad hacendaria no incurrió en un exceso de facultades al pedir que la CNBV autorice el bloqueo e intervención de cuentas:
“No es que se haya declarado inconstitucional el artículo (115 de la Ley de Instituciones de crédito), el problema es que si bien se hizo una interpretación conforme de la Constitución. El artículo sigue vivo y mientras siga vivo yo lo tengo que aplicar como autoridad administrativa yo no puedo hacer control de constitucionalidad o de legalidad”, dice Nieto y recuerda que la actuación de Medina Mora, frente al cambio de régimen, pudo haber alentado su decisión de debilitar a la UIF. En octubre de 2019 renunció a la SCJN al confirmarse que, precisamente, era investigado por la UIF.
Aumento de operaciones y pocos recursos
La UIF fue constituida mediante un decreto en mayo de 2004 como una entidad de seguridad nacional que tiene como objetivo combatir y prevenir el financiamiento utilizado por el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, así como el lavado de dinero, los fraudes y el ingreso de recursos ilícitos a campañas políticas. La UIF también busca evitar, por lo tanto, que el sistema financiero se utilice para actividades ilícitas, ese es su principal objetivo en el marco de las leyes para prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita.
Así, la UIF es la instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables mediante el análisis de operaciones financieras y económicas que resulten sospechosas. También disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente por delitos contemplados en los artículos 139, 148 bis o 400 bis del Código Penal Federal. Es, por lo tanto, la Fiscalía General de la República, la entidad que debe conducir las investigaciones a partir de las denuncias de la UIF. Hasta ahora, sin embargo, ha sido la UIF la que devela el bloqueo de cuentas bancarias para después dejar a la Fiscalía General de la República la ejecución de las investigaciones.
La UIF también ha informado que, por ejemplo, en el operativo “Agave Azul”, también participaron en forma conjunta con el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. En el caso de la cooperativa Cruz Azul también se procedió a congelar cuentas y luego se informó que la investigación estaría a cargo de la Fiscalía General de la República.
Así, los recursos administrativos con los que cuenta la UIF se presentan como investigaciones penales cuando en realidad no lo son porque la facultad de investigar corresponde al Ministerio Público, sea estatal o federal. La UIF que forma parte de la Secretaría de Hacienda y no de la Fiscalía General de la República. El decreto mediante el cual se crea la UIF durante la administración de Vicente Fox establece que una de sus principales atribuciones es “tramitar y resolver en el ámbito de su competencia los requerimientos y resoluciones de autoridades jurisdiccionales o administrativas, incluyendo al Ministerio Público”.
De acuerdo con su decreto de creación, la UIF debe entregar el resultado de sus investigaciones a la autoridad judicial, a la Fiscalía General de la República, que desde 2013 cuenta con la Unidad Especializada en Análisis Financiero.
La UIF es responsable de elaborar dictámenes que coadyuven en las investigaciones o actos procesales que realicen las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la institución competentes en la materia, actividades que realiza en el marco de los acuerdos firmados por México con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAIF).
Phyton vs Agave Azul
En octubre de 2020, cinco agencias federales del gobierno estadounidense coordinadas por la DEA emprendieron el Proyecto Python, definido como la iniciativa de más impacto producida por autoridades de Estados Unidos en contra del CJNG, “la amenaza criminal más significativa” en el vecino país del norte, según la información publicada por el organismo antinarcóticos. El Agente Especial a cargo es Kevin W. Carter, de la división de Miami de la DEA.
Como resultado de la Operación Python, la División de Miami presentó 15 denuncias, ya se incautaron unos 350 mil dólares, toneladas de cocaína y hasta marzo pasado se produjeron más de 600 arrestos en la Unión Americana.
Sobre la trascendencia de la operación, la DEA explicó:
“El CJNG es una de las organizaciones criminales transnacionales de más rápido crecimiento en México que se encuentra entre los fabricantes de metanfetamina más prolíficos a nivel mundial, el cual trafica un importante porcentaje de la droga que entra a Estados Unidos, y es responsable en buena parte por los elevados niveles de violencia en México.
“Con el abuso de la metanfetamina y el aumento en los fallecimientos por sobredosis, el Proyecto Python tiene como blanco perturbar la capacidad del CJNG para distribuir la metanfetamina y otras drogas a través de Estados Unidos al atacar a la organización en todos sus niveles”, establece el diagnóstico de la DEA para emprender Phyton.
En México, la UIF informó sobre el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); 167 empresas y dos fideicomisos.
La UIF señaló que se analizaron 2 mil 571 operaciones “inusuales”, por un total de 2 mil 951 millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes de operaciones “relevantes” por un monto de 11 mil 478 millones de pesos en la Ciudad de México, así como en los estados de Jalisco, Michoacán, estado de México, Guanajuato, Baja California, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro, Colima y Nuevo León. Sin embargo, al revisarse el procedimiento jurídico y al interponerse amparos, la UIF tuvo que descongelar cuentas a municipios del estado de Jalisco, así como a algunas empresas que interpusieron recursos de suspensión contra la medida. La UIF ha descalificado ahora la actuación de los jueces que han dictado esas medidas.
Las cuentas que se desbloquearon fueron las de los municipios de El Grullo y Autlán de Navarro del estado de Jalisco. En el caso del presidente municipal de Autlán, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, y su hermana Bertha Alicia Iñiguez Brambila, directora del DIF municipal, sus cuentas personales no han sido bloqueadas, como anunció la UIF, pero ellos tramitaron a título personal los amparos 599/2020 y 600/2020 para evitar les congelen sus cuentas personales.
También de Jalisco, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar ya presentó demanda de amparo por el congelamiento de sus cuentas el pasado 16 de junio por parte de la UIF dentro del llamado operativo “Agave Azul”. De acuerdo a El Occidental, información del Consejo de la Judicatura Federal indica que de acuerdo al expediente 568/2020, dicha solicitud fue presentada el pasado 2 de julio y admitida. Otros tres hermanos del edil también solicitaron Amparo por el mismo motivo.
De acuerdo con juristas consultados, la jurisprudencia de la Suprema Corte señala claramente los límites y alcances de la UIF, lo que sólo en el caso del operativo Agave Azul pondría a salvo a la unidad hacendaria de no violentar la Constitución, siempre y cuando se confirme que el gobierno de Estados Unidos solicitó expresamente el bloqueo de cuento. Desde 2018, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su jurisprudencia 2a./J. 46 /2018 (10a.), en la cual estableció que el ejercicio de las facultades para bloquear cuentas que la Ley de Instituciones de Crédito dota a la UIF, es contrario al orden constitucional y sólo podrá hacerlo a petición expresa de un gobierno extranjero, dentro de un marco de obligación internacional.
Así, la operación de la UIF se enfrentó al escrutinio de juristas.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se buscó desaparecer la UIF. En el gobierno de Enrique Peña Nieto el sitio de Internet de la UIF simplemente desapareció y su actividad disminuyó al mínimo posible.
En septiembre de 2019 una iniciativa presentada por legisladores de Movimiento Ciudadano propuso convertir a la UIF en un Centro Nacional de Inteligencia Financiera, un organismo descentralizado, con recursos propios y con facultades de perseguir delitos de lavado o terrorismo.
Esa iniciativa fue presentada el 5 de septiembre de 2019 por los emecistas Adriana Gabriela Medina Ortiz, Juan Francisco Ramírez Salcido, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Juan Martín Espinoza Cárdenas y Juan Carlos Villarreal Salazar todos ellos representantes de los electores del estado de Jalisco.
El objetivo, argumentaron, era fortalecer a la UIF ante la gran carga de trabajo y el desafío que enfrenta ante el combate del crimen organizado analizando sus circuitos financieros. Información de la UIF establece que anualmente analiza al año 9.8 millones de reportes del sistema financiero por actividades relevantes cada una por más de 7 mil 500 dólares. Recibe anualmente más de 590 mil reportes de operaciones inusuales, donde se aportan los perfiles transaccionales de clientes. La UIF reside, además 5 millones 200 mil avisos del sector no financiero. Incluso, desarrolla modelos de riesgo para prevenir el lavado de dinero y evitar el financiamiento al terrorismo.
Hasta ahora, sin embargo, las facultades de la UIF no se han modificado legalmente y, en nombre del combate a la corrupción y al crimen organizado, aumenta sus atribuciones en la práctica.
En el Senado de la República, en la Comisión de Hacienda, se aprobó una iniciativa en la que se ampliaban los alcances jurídicos de la UIF a los recursos de extinción de dominio y se le dotaba de mayores capacidades. Sin embargo, Santiago Nieto aseguró que un grupo de diputadas de Morena vinculadas a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, impusieron una reserva que fue votada también por la oposición, por el PAN y por el PRI, básicamente.
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