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En respuesta a los cuestionamientos sobre la situación de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que la eliminación de personas de la lista de bloqueados no es una acción inusual, sino un procedimiento que ocurre con regularidad. En conferencia de prensa, destacó que la incorporación y desincorporación de nombres en la lista responde a resoluciones judiciales y procesos administrativos.
El funcionario explicó que, entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, la UIF ha incorporado a la lista de personas bloqueadas a 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales, sumando un total de 7,815 sujetos. En contraste, hasta la fecha, se han desincorporado 910 personas físicas y 160 personas morales, quedando actualmente en la lista 4,994 personas físicas y 1,551 personas morales, lo que representa un total de 6,545 entidades bloqueadas.
Derivado de estas acciones, las instituciones financieras han inmovilizado recursos por 32,000 millones de pesos, 5,683 millones de dólares y 2 millones de euros. Sin embargo, resoluciones judiciales y administrativas han llevado al desbloqueo de parte de estos recursos, un hecho que la UIF señaló como una práctica recurrente en el sistema judicial mexicano.
El titular de la UIF también destacó que el Poder Judicial ha interpretado de manera favorable para los quejosos ciertas resoluciones, permitiendo incluso que algunas personas sean eliminadas de la lista con suspensiones provisionales, sin necesidad de un juicio de fondo. “No es algo extraordinario que se den estas situaciones. De hecho, se han registrado numerosos casos en los que jueces otorgan suspensiones que permiten el uso de los recursos bloqueados”, mencionó.
En cuanto a la situación de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, la UIF confirmó que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó la sentencia de noviembre de 2023, en la que una jueza otorgó un amparo para que fueran eliminados de la lista de personas bloqueadas. Como resultado, la UIF giró instrucciones para la reactivación de sus servicios financieros el pasado 4 de marzo, lo que se oficializó el 10 de marzo.
Por su parte, la presidenta criticó el mensaje que, a su juicio, envía la Suprema Corte con este tipo de resoluciones. “El mensaje que envía la Suprema Corte es: puedes ser defraudador, puedes enriquecerte ilícitamente, puedes lavar dinero y llevártelo, y puedes volverlo a hacer. Y eso creo que es un muy mal mensaje”, declaró.
El titular de la UIF también informó que en el Senado se está discutiendo desde hace años un proyecto de reforma que se espera sea aprobado en este periodo de sesiones. Este proyecto abarca diversas leyes relacionadas con los reportes de sujetos obligados en actividades vulnerables, con el objetivo de mejorar la organización de la información y prevenir el lavado de dinero. En particular, se está analizando la Ley ORPI y una reforma al Código Penal que permitiría al gobierno representar al sistema financiero como ofendido en los juicios de lavado de dinero, ya que actualmente los jueces se niegan a reconocer esta facultad.
Asimismo, mencionó que la presidenta ha discutido y está evaluando la posibilidad de presentar una iniciativa para limitar el uso de suspensiones judiciales, ya que estas se han convertido en un mecanismo para debilitar la efectividad de la lista de personas bloqueadas y, por ende, la prevención del lavado de dinero. También señaló que, cuando la presidenta decida abordar el tema, se complementará con la mejora del mecanismo de audiencia administrativa de la UIF, asegurando mayores garantías y mejores oportunidades de defensa para los afectados. “Creo que hay que mejorar las garantías, la atención a estas personas y la posibilidad de defenderse. Entre más amplios sean los plazos para que alguien pueda defenderse, mejor será la resolución que tome la autoridad”, concluyó el funcionario.
Finalmente, el funcionario mencionó que, con la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en curso, México debe fortalecer sus mecanismos de prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Subrayó la necesidad de reformas legislativas para evitar que decisiones judiciales debiliten la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
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