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Este martes, en el marco del 87º aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta de Sheinbaum promulgó el decreto de aprobación del paquete de 11 reformas relacionadas con el sector energético. En este sentido, la mañana de este miércoles, la secretaría de Energía destacó que este paquete de reformas busca garantizar la energía necesaria para el desarrollo económico y social de México, asegurando su acceso a todas las regiones y sectores de la población, especialmente a los más vulnerables.
La secretaria de Energía subrayó, durante la conferencia de prensa matutina, que estas reformas representan una transformación histórica, devolviendo al Estado el control estratégico de los sectores eléctrico y petrolero. Con estas medidas, el gobierno también busca asegurar el abasto de hidrocarburos, la autosuficiencia energética y acelerar la transición hacia energías limpias.
“La energía y los recursos que genera han vuelto a ser del pueblo, para ser administrados en su beneficio”, concluyó la funcionaria, destacando que estas reformas fortalecen el papel del Estado como garante del acceso equitativo a la energía en todo el país.
¿Cuáles son las nuevas leyes y qué es lo que establecen?
De acuerdo con Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, las medidas impulsadas por la presidenta incluyen la creación de ocho nuevas leyes y la reforma de tres leyes secundarias. Entre las principales destacan:
Ley de la empresa pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Ley de la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex): Reintegran a CFE y Pemex como empresas públicas centrales en la planeación energética, eliminando su fragmentación en subsidiarias. Con esta medida, las empresas vuelven a asumir su papel estratégico para garantizar el abasto de energía, dejando de operar como simples competidores del mercado.
Ley del sector eléctrico: Establece el principio de “prevalencia” del Estado en la generación de electricidad, asegurando que CFE mantenga al menos el 54% de la generación anual. Además, regula la participación privada mediante proyectos de inversión mixta y a largo plazo, bajo esquemas transparentes y supervisados por el Estado.
Ley del sector hidrocarburos: Fortalece a Pemex al otorgarle preferencia en la asignación de áreas para explotación y extracción de hidrocarburos. También establece mecanismos de control para garantizar la trazabilidad de los hidrocarburos desde la importación hasta su venta final, y regula la participación de privados en proyectos conjuntos.
Ley de planeación y transición energética: Recupera la planeación energética como una función exclusiva del Estado, asegurando su carácter vinculante. Introduce el concepto de “justicia energética” para reducir la pobreza energética, promover el acceso equitativo a la energía y fomentar la participación de pueblos originarios en proyectos energéticos.
Ley de biocombustibles y Ley de geotermia: Modernizan el marco legal para impulsar el desarrollo de energías limpias y renovables. La ley de biocombustibles regula su producción y comercialización, mientras que la ley de geotermia fomenta la explotación sustentable de recursos geotérmicos.
Ley de la Comisión Nacional de Energía (CNE): Crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa. Esta nueva entidad asumirá varias atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para asegurar una regulación eficiente y alineada con los objetivos nacionales.
Ley de ingresos sobre hidrocarburos: Introduce el “Derecho Petrolero para el Bienestar”, un nuevo régimen fiscal que simplifica la carga tributaria de Pemex. Establece una tasa del 30% para la extracción de hidrocarburos y del 12% para el gas natural, brindando estabilidad financiera a la empresa estatal.
Ley orgánica de la administración pública federal: Refuerza las facultades de la Secretaría de Energía (SENER) en la planificación energética a mediano y largo plazo. Asimismo, establece la creación de un Comité de Asignaciones de Contratos y Permisos para garantizar la transparencia en el otorgamiento de concesiones y asignaciones.
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