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- Dos sentencias judiciales confirman la ilicitud de sus actos y lo obligan a retractarse públicamente. La información que difundió Carmen Aristegui sobre la versión de Eduardo Fernández, de acuerdo a sentencia no está protegida por la libertad de prensa.
Dos tribunales civiles de la Ciudad de México han emitido sentencias definitivas contra Eduardo José Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras determinar que incurrió en actos ilícitos que generaron diversos daños a Grupo Televisa.
Así, el Juzgado Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México resolvió el pasado 13 de febrero que Fernández García realizó manifestaciones dolosas, falsas y carentes de veracidad en contra de la televisora y sus principales ejecutivos, con la intención de afectar su honor y reputación. Estas afirmaciones fueron difundidas a través de un video y un informe presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los cuales fueron publicados por el portal Aristegui Noticias el 24 y 27 de febrero de 2024, respectivamente.
El tribunal determinó que, al haberse allanado a la demanda, Fernández García reconoció la falsedad de sus acusaciones y su intención de perjudicar la imagen del demandante. Por ello, fue condenado a retractarse públicamente y a publicar el fallo judicial, mabas cosas en medios de circulación nacional. Además, se le impuso un apercibimiento que establece que, en caso de reincidir, deberá pagar una sanción de hasta 30 millones de pesos.
Por otro lado, el Juzgado Cuarto Civil, mediante sentencia con el expediente 386/2023, determinó que Eduardo Fernández intentó extorsionar a Grupo Televisa exigiendo 250 millones de pesos a cambio de no difundir información manipulada y confeccionada en contra de la televisora. Según el fallo, el demandado amenazó a la empresa, a sus filiales y funcionarios con manipular información y divulgarla, a la cual tuvo acceso durante su gestión en la CNBV, así como en su carácter de asesor financiero, todo ello estaba protegido por secreto profesional. Pensaba manipular información verdadera con mentiras a modo, basándose en su supuesta reputación.
La sentencia concluyó que la información que Fernández García hizo pública a través de Carmen Aristegui, no está protegida por el derecho a la libertad de expresión, ya que fue creada con “real malicia”, con el objetivo de dañar la reputación de la empresa y sus directivos.
Como resultado, el tribunal le prohibió divulgar cualquier información relacionada con Grupo Televisa y lo condenó a pagar 50 millones de pesos como indemnización por daño moral si reincide en su conducta.
A todas estas acciones legales, se suma un fallo de la corte de Miami, Florida, que encontró a Eduardo Fernández culpable de conspiración, difamación y extorsión, sentenciándolo a pagar una importante suma de dinero en dólares, misma que es confidencial, a Grupo Televisa.
La información sobre la versión de Eduardo Fernández, ha estado disponible por más de un año en el portal de Aristegui Noticias, además de dedicarle cientos de minutos en radio al caso, cuestionando la integridad de Grupo Televisa ante los hechos falsos y difamatorios que inventó el hoy culpable.
Así, Aristegui no sólo fue usada como un vehículo de difusión de información falsa, sino que fue expuesta por no valorar correctamente la información del caso, aún y cuando la Televisa le señaló por escrito que la información de Fernández era falsa.
Las sentencias en ambos casos representan un duro golpe para Fernández García, quien no solo ha sido obligado a pagar fuertes sumas de dinero y retractarse, sino que enfrenta la posibilidad de pagar cuantiosas sanciones económicas si vuelve a realizar declaraciones similares. Además, estos fallos sientan un precedente, ya que refuerzan la protección legal en México contra el daño moral y la difusión de información falsa con la intención de perjudicar la reputación de personas y empresas. Ahora Carmen Aristegui y Aristegui Noticias, han quedado expuestas a una posible demanda por complicidad en un caso de daño moral y extorsión.
Revista Fortuna buscó a la comunicadora para conocer su opinión sobre este proceso; sin embargo, no fue posible obtener su postura al cierre de la publicación de esta nota.
