IQ FINANCIERO|| Revisará gobierno de Sheibaum contratos en CEFERESOS; APPs no volverán

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Como sucedió con los contratos para la construcción y suministro de gas natural, con los contratos para administrar hospitales, los contratos mediante los cuales se privatizó la gestión de servicios y de readaptación social en cárceles de alta seguridad, forman parte de la carga presupuestal que debe enfrentar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Son ese tipo de contratos – derivados de las llamadas Asociaciones Público Privadas – que comprometían pagos transexenales del gobierno federal y que, en muchas ocasiones, se adjudicaron de manera directa, con sobre costo y con prácticas de corrupción y opacidad. Un alto ex funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la gestión de Felipe Calderón me aseguró que los ocho contratos para CEFERESOS no pasaron por su escritorio, que no se enteró. Esa es su versión, a pesar de que una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), concluyó que la Secretaría de Seguridad Pública, en los tiempos de Genaro García Luna, incurrió en severas omisiones que no sólo comprometieron el presupuesto de ese gobierno sino el de las siguientes administraciones.
A revisión y mejora
Por ello, resulta muy relevante, ante una pregunta de Revista Fortuna, que la presidenta Sheinbaum adelante que se revisarán contratos que privatizaron 8 Ceferesos en gobierno de Calderón. Si bien la mandataria recordó que en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se logró un ajuste en las partidas presupuestarias que se les destinan por más de 10,000 millones de pesos, el capítulo para ella simplemente no está cerrado. Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la última de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esquemas como las Asociaciones Público- Privadas (APPs) autorizados en administraciones anteriores para financiar centros penitenciarios no se presentarán durante su gobierno. Sheinbaum enfatizó que su gobierno no continuará utilizando el esquema tradicional de APPs debido a los altos costos y casos de corrupción asociados. A pesar de una renegociación que logró un descuento del 15% en los pagos futuros, estos contratos, que afectan más del 40% de las cárceles federales, continúan con cláusulas que favorecen a empresarios.
El negocio seguro hasta 2032
Estos contratos no sólo están blindados hasta 2032, sino que han sido objeto de corrupción y sobrecostos, como lo revelan auditorías que muestran que las partidas presupuestarias no fueron correctamente registradas ni fiscalizadas. Grupo Ángeles, Grupo Ideal, el fondo MIP, que le compró los contratos a ICA, así como BlackRock, son las empresas beneficiadas por estos contratos que hoy sabemos estarán sujetos a revisión. Sabemos que estas empresas, como sucedió con las gaseras, amenazaron en su momento con demandas al Estado mexicano. Sin embargo, más allá de la demanda, el amago era demostrar que los gobiernos de la Cuarta Transformación no respetan los contratos o los derechos de privados. Esa era la amenaza para conservar sus legítimos derechos, los cuales tuvieron, sin embargo, un comienzo caracterizado por el abuso. Ahora se adelanta también que la inversión privada se considerará en apoyo al dinero público a través de esquemas que comprometan la gestión de grupos de empresarios, pero también una responsabilidad directa en los proyectos. La presidenta se refirió a estructuras como la que sirvió para nacionalizar las plantas de Iberdrola y adquirir la participación de la española Iberdrola. Veremos porque en ese caso también será clave la transparencia.
La mitigación en la que acertó la 4T
Cuando una población sufre una tragedia; cuando un tanque de gas explota, cuando se descarrila un tren o un sismo lastima a los habitantes de un poblado, gobierno y empresas tienen la obligación de reconocer que se ha presentado un evento catastrófico que salió del control de todos los involucrados y que es necesario atender de manera inmediata. Se trata, entonces, de mitigar el impacto del meteoro, del accidente. En fin, mitigar para reducir el impacto, el shock y el dolor. En nuestra economía, al cierre de 2024, las pensiones para adultos mayores han formado parte de la estrategia de mitigación luego de 30 años de un sistema económico que dejó a muchos fuera de las garantías sociales mínimas. Es cierto que millones de mexicanos ahora sólo reciben una transferencia económica que no puede considerarse todavía una pensión digna. No obstante, se busca mitigar el impacto de un sistema que se dirigió a atender recetas de modelos económicos ajenos a la realidad del país. Después, es cierto que el gobierno federal no es quien paga los salarios del sector privado, es cierto que son los empresarios quienes pagan los salarios que, durante los últimos cinco años, han aumentado de manera considerable. Con una política pública y una convocatoria firma al sector privado, se confirmó, por lo tanto, que el modelo estaba equivocado y que proteger los márgenes de los empresarios sólo representaba una extracción de valor para el mercado interno. Lo mismo sucedió con el pago de impuestos porque, bajo el argumento, de proteger y dar incentivos a los empresarios, se les perdonaron contribuciones. ¿Qué sucedió? Se realizó una transferencia de valor para que muchos grupos invirtieran fueran del país. Los ejemplos son muchos. Ahora, se nos dice que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es insuficiente, que la informalidad y la inseguridad son lastres para que la economía garantice un futuro digno. Son los nuevos desafíos, pero, por ahora, quedó confirmado que el modelo que olvidó a los trabajadores y la responsabilidad en el pago de impuestos, estaba equivocado.

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