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La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los contratos con empresas privadas en ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) se revisarán durante su gobierno y recordó que en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se logró un ajuste en las partidas presupuestarias que se les destinan por más de 10,000 millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes la última de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esquemas como las Asociaciones Público- Privadas (APPs) autorizados en administraciones anteriores para financiar centros penitenciarios no se presentarán durante su gobierno.
En respuesta a una pregunta de Revista Fortuna, Sheinbaum enfatizó que su gobierno no continuará utilizando el esquema tradicional de APPs debido a los altos costos y casos de corrupción asociados.
La respuesta de la mandataria hizo referencia a los contratos con el sector privado para la administración de ocho reclusorios federales en México, firmados en 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón, los cuales un reportaje de Revista Fortuna reveló que siguen vigentes a pesar de los intentos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por terminar con la privatización del sistema penitenciario.
A pesar de una renegociación que logró un descuento del 15% en los pagos futuros, estos contratos, que afectan más del 40% de las cárceles federales, continúan con cláusulas que favorecen a empresarios. Estos contratos no sólo están blindados hasta 2032, sino que han sido objeto de corrupción y sobrecostos, como lo revelan auditorías que muestran que las partidas presupuestarias no fueron correctamente registradas ni fiscalizadas.
A lo largo de los años, se han documentado violaciones a los derechos humanos de los reclusos, incluida la falta de programas de reinserción y un alarmante número de muertes violentas en prisión. A pesar de estos problemas, el gobierno de López Obrador optó por mantener los acuerdos con nuevas empresas, como BlackRock, Grupo Ideal, Grupo Ángeles, y el fondo MIP, a cambio de menores márgenes de ganancia, aunque los contratos siguen beneficiando a los inversionistas.
En este sentido, durante la última conferencia de prensa matutina del 2024, la presidenta Sheinbaum recordó que durante el sexenio del presidente López Obrador, bajo la gestión de Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad, también se logró una disminución significativa en los contratos de estos centros, ahorrando cerca de 10 mil millones de pesos, sin menoscabo de los servicios.
“La cantidad que se erogaba por persona privada de la libertad era muchísima”, señaló Sheinbaum, refiriéndose a los altos costos que llevaron al expresidente López Obrador a describir las prácticas como “hoteles de lujo”, no por la calidad de los centros, sino por los montos pagados.
Para evitar estas prácticas, la presidenta anunció que su gobierno está diseñando esquemas de financiamiento mixto para el desarrollo de los proyectos estratégicos, que permitan la participación de capital privado y público, compartiendo tanto los riesgos como las ganancias.
Este modelo, según explicó la mandataria, busca mayor transparencia y eficiencia, similar al utilizado para la compra de plantas de Iberdrola en el sector energético.
Sheinbaum también mencionó casos exitosos de infraestructura bajo este enfoque, como la carretera inaugurada recientemente entre Jalisco y Nayarit. Este modelo, conocido como CMRL, involucra a privados en la financiación, pero garantiza beneficios compartidos para todas las partes.
“Esa visión del pasado, en donde había, sobre todo, mucha corrupción, evidentemente ya no es parte de la Cuarta Transformación”, afirmó la mandataria.
En cuanto a los programas de reinserción para la población carcelaria, Sheinbaum dijo a Revista Fortuna que estos se encuentran bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que serían las autoridades de esta dependencia los encargados de explicar las estrategias próximamente.
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