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En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, es necesario visibilizar las condiciones en las que operan cientos de miles de personas en México y reconocer la magnitud económica de una actividad que, a pesar de ser estigmatizada, genera un impacto significativo.
Una industria de miles de millones en la economía informal
El trabajo sexual en México representa una industria con un impacto económico que oscila entre 75 mil millones y 90 mil millones de pesos anuales. A pesar de esta cifra, su realización en la economía informal limita la protección y derechos de quienes lo ejercen, así como su reconocimiento dentro de las cifras oficiales del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con organizaciones civiles y expertos, en el país hay alrededor de 500,000 a 800,000 personas dedicadas al trabajo sexual. El 90% son mujeres, aunque también participan hombres y personas transgénero. Esta actividad se concentra principalmente en zonas urbanas y turísticas de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y Tijuana.
En la Ciudad de México, más de 30,000 personas ejercen el trabajo sexual en zonas emblemáticas como La Merced, Tlalpan y la Zona Rosa, donde la demanda y los costos varían considerablemente. Los precios de los servicios oscilan entre 200 y 3,000 pesos o más.
Violencia y falta de regulación: una deuda pendiente
A pesar de su impacto económico, las trabajadoras sexuales enfrentan condiciones precarias y violencia sistémica. La falta de regulación y la estigmatización por parte de las autoridades las coloca en situación de vulnerabilidad, sin acceso a derechos laborales, protección social o servicios de salud adecuados.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha reiterado la necesidad de actuar para eliminar la violencia y proteger los derechos de las trabajadoras sexuales.
“Nos unimos al llamado para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales y reiteramos nuestro compromiso de promover y proteger sus derechos, asegurando trato digno y una vida libre de violencia”, afirmó el organismo en un comunicado emitido este año.
Es fundamental, según Inmujeres, distinguir entre trata de personas y trabajo sexual voluntario; mientras las víctimas de trata requieren el apoyo total del Estado con leyes y programas de protección, las trabajadoras sexuales que ejercen por voluntad propia deben ser reconocidas en sus derechos y garantías laborales.
Desde Inmujeres, se ha buscado impulsar el reconocimiento del trabajo sexual en la legislación laboral, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, capacitación a personal de seguridad y justicia en derechos de las trabajadoras sexuales, así como protocolos de atención en casos de violación de derechos humanos.
Marta Lamas: separar la trata del trabajo sexual voluntario
La catedrática de la UNAM y antropóloga Marta Lamas se ha sumado desde hace ya varios años a este llamado, criticando la ausencia de labores de inteligencia que permitan diferenciar entre trata de personas y trabajo sexual voluntario. En una entrevista de 2019 Lamas dijo:
“Lo primero que tienen que hacer nuestras autoridades es entender que son dos cosas distintas: hay mujeres que entran voluntariamente al trabajo sexual por cuestiones económicas, porque ganan muchísimo más ahí”, declaró en una entrevista de 2019.
Lamas enfatiza en esta entrevista realizada por el medio Eme Equis que las trabajadoras sexuales son las mejores aliadas en el combate a este delito, ya que su conocimiento del entorno y sus experiencias permiten identificar situaciones de explotación y ayudar a las víctimas de trata.
Un llamado urgente
El trabajo sexual en México es una realidad económica y social que, aún en la informalidad, sostiene a cientos de miles de familias y genera miles de millones de pesos al año; en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, el llamado de instituciones, académicas y organizaciones civiles es claro: es urgente regular, proteger y dignificar el trabajo sexual para garantizar los derechos humanos de quienes lo ejercen.
Reconocer esta actividad y distinguirla de la trata de personas es fundamental para erradicar la violencia y la discriminación. De acuerdo con expertos, la regulación no solo podría integrar esta industria a la economía formal, sino también proteger a las trabajadoras, brindándoles seguridad, derechos y acceso a mejores condiciones de vida.
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