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El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma, aprobada en el Poder Legislativo, a la Constitución Política, que establece la inimpugnabilidad de las adiciones y reformas a la misma. Se trata de la llamada “supremacía constitucional” que no permite la impugnación de reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo.
“Esta decisión fue tomada por el Honorable Congreso de la Unión, que utilizó la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución”, se publicó este 31 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.
El decreto, que fue aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, modifica el artículo 107 y añade un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución, dicha modificación implica que las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que busquen impugnar las reformas y adiciones a la Constitución serán consideradas improcedentes.
En términos específicos, el artículo 105 establece que:
“Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Por su parte, el artículo 107 aclara que en los juicios de amparo no procederá la impugnación contra estas reformas, limitándose a proteger únicamente a las personas quejosas que lo hubieran solicitado.
Esta reforma entra en vigor este 1° de noviembre del 2024, el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con esta reforma, el gobierno busca simplificar el marco normativo y reducir el número de controversias judiciales que pueden obstaculizar el proceso de reformas fundamentales en el país. Sin embargo, el impacto de esta decisión se estará evaluando en los próximos meses, en un contexto político y social marcado por debates sobre la defensa de los derechos y garantías individuales.
Los legisladores que impulsaron esta modificación consideran que fortalece la estabilidad jurídica del país, mientras que críticos advierten sobre el riesgo de limitar los mecanismos de defensa constitucional. El decreto fue firmado también por Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
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