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Rosa Icela Rodriguez, secretaría de Gobernación dio a conocer la mañana de este lunes el status de audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados a causa del paro que llevaron a cabo los trabajadores del Poder Judicial. Durante la conferencia de prensa matutina, la secretaria Rodríguez detalló que se cancelaron 12 mil 448 audiencias.
Aunado a esto, la secretaria Rodríguez informó que si bien se celebraron 31 audiencias, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes. Además, de las 656 apelaciones pendientes de resolución, dijo que 52% tienen de cuatro a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva, lo que contribuye a la dilación de los procesos.
Por otro aldo, la secretaria de Gobernación dio a conocer que el Poder Judicial también ha paralizado proyectos importantes como obras públicas o políticas de bienestar y retrasado la emisión de resoluciones y sentencias, “generando impunidad y negando el acceso a la justicia”.
Como ejemplo mencionó que en el caso de las personas privadas de la libertad, que son alrededor de 21 mil que están en los centros federales, un total de 6,097, es decir, más del 28 por ciento no han recibido sentencia. En particular en el Centro Femenil de Morelos, de un total de mil mujeres que se encuentran ahí, 415 personas privadas de la libertad han esperado entre un año y 17 años para una sentencia.
Al referirse a los amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas, la secretaria Rosa Icela Rodríguez dijo que a través de suspensiones, el Poder Judicial ha obstaculizado e impedido la aplicación de algunas leyes, obras y reformas.
“Por ejemplo, la Ley de la Industria Eléctrica lleva 161 suspensiones de amparo; la Ley de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional que tanto bien hace a los mexicanos, cinco suspensiones de amparo; la Ley de Minería, cinco; el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que apoya, que ayuda a los trabajadores mexicanos, lleva 25; y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 717”.
La titular de la Secretaría de Gobernación también expuso a los medios de comunicación las cifras referentes al nepotismo al interior del Poder Judicial. Indicó que en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que 24 mil 546 trabajadores tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder.
“La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales, esto de acuerdo a la información oficial del propio Consejo de la Judicatura”, agregó.
La secretaria informó que en materia de disciplina, de 2004 al 2023, se han presentado 38 mil quejas en contra de servidores públicos, de las cuales el 86 por ciento fue desechado sin iniciar ninguna investigación; del resto de las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura sólo sancionó a 472 jueces y magistrados
Posteriormente, la secretaria hizo un recuento de los trabajadores del Poder Judicial que se beneficiaron a delincuentes.
Para concluir, la secretaria de gobernación expuso que la jueza Nancy Juárez, quien fue la que solicitó a la presidenta Sheinbaum eliminar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre la Reforma Judicial, diversos tipos de sanciones por conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional.
Frente a estos datos, en su intervención la presidenta Sheinbaum hizo un recuento más detallado de las condiciones en que se originó la reforma al Poder Judicial. Sobre la Jueza, la mandataria expllicó que el gobierno federal no ha sido notificado sobre la suspensión definitiva de la jueza Nancy Juárez que ordena eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, por lo cual están a la espera para actuar conforme a derecho.
Sumado a esto, la presidenta Sheinbaum descartó que se llleve a cabo un juicio político contra jueza Nancy Juárez, luego de ordenar eliminar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.
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