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Los peticionarios aseveran que México no evaluó los impactos ambientales del proyecto antes de iniciar su construcción, en agravio de la norma respectiva. La queja además expone que la información fue tratada como confidencial por las autoridades, “ocultando al público los impactos completos del proyecto”.
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un mecanismo del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte del T-MEC, anunció el jueves que el día previo recibió la queja de un centro de investigación domiciliado en México y Estados Unidos sobre un proyecto ferroviario ubicado en Sonora; bajo la reclamación SEM-24-003 asevera que el País del Sur incumple con sus leyes ambientales.
México no está haciendo cumplir “de manera efectiva sus leyes ambientales” para evaluar los impactos de un proyecto ferroviario que unirá los municipios de Ímuris, Santa Cruz y Nogales, en el estado de Sonora, México, expone parte de la demanda.
Los quejosos, adheridos al Center for Biological Diversity, afirman que el proyecto ferroviario no se sometió al proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), necesario en el desarrollo de este tipo de infraestructura. Le petición fue expuesta en virtud del Capítulo 24 del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/CUSMA).
“Los peticionarios alegan que al no seguir el proceso de EIA y tratar la información relacionada con el proyecto como confidencial, las autoridades pertinentes están ocultando al público los impactos completos del proyecto”.
En particular, expone el CEC, los interesados en la petición aseveran que México no evaluó los impactos ambientales del proyecto antes de iniciar la construcción. Tampoco emitió una autorización de impacto ambiental de manera oportuna, por lo que, en consecuencia, “no respetó el carácter preventivo de la EIA”.
El organismo trilateral expone que a pesar de que el estado de Sonora “supuestamente solicitó una autorización provisional” para el proyecto, los demandantes aseveran que “este tipo de autorización provisional no existe en virtud de la legislación ambiental aplicable”.
Argumentaron además que el proyecto ferroviario cruza un área natural protegida, un rancho de conservación -conocido como Rancho El Aribabi- lo que contribuye “a la fragmentación del hábitat en una región biodiversa que alberga especies en peligro de extinción como el jaguar, el ocelote y el oso negro”.
También mencionan impactos en cuando “al menos” una especie endémica: la tortuga de lodo de Sonora.
Los solicitantes, cuyos centros de investigación en diversidad biológica están ubicados en Tucson, Arizona, en EU, y en La Paz, Baja California, México, citan en su queja disposiciones de la Constitución mexicana y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Incluyen además el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Semarnat, de acuerdo con el mecanismo trilateral, revisará la solicitud y determinará en un plazo de 30 días si la petición cumple con los requisitos de los artículos 24.27(1), (2) y (3) del T-MEC/CUSMA.
Levantan ámpula
Según registros de la prensa local, apenas el 25 de septiembre en un evento del consulado estadounidense, el embajador Ken Salazar y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconocieron otro proyecto que comprende el reordenamiento de 63 kilómetros de vías férreas del puerto de Guaymas -del municipio del mismo nombre- a Nogales, que concluiría en diciembre próximo.
El proyecto ferroviario que unirá los municipios de Ímuris, Santa Cruz y Nogales en el estado de Sonora, forma parte de este desarrollo.
En mayo, el periódico El Universal publicó un amplio reportaje sobre la determinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de adjudicar un contrato por 647 milllones de pesos (mdp) hacia el reordenamiento de las vías del tren de la ruta Puerto de Guaymas Nogales a una firma con accionistas que han participado en firmas “tildadas de factureras y de desvío de recursos públicos”.
Durante su conferencia de prensa matutina del 20 de mayo de este año, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se abriría una investigación sobre la adjudicación de la Sedena a la empresa 3PM Proyectos Civiles Arquitectónicos, denunciada por el diario de circulación nacional.
