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Esta semana se publicó el Decreto en la Gaceta Oficial por el que se implementa el “Proyecto Piloto de Vivienda Social en Renta de la Ciudad de México”, que está diseñado para ofrecer viviendas accesibles a jóvenes con ingresos bajos y medianos.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martì Batres informó que el decreto formaliza la construcción de 158 viviendas en 4 mil 800 metros cuadrados de superficie del predio ubicado en Dr. Lavista 105, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, para el arrendamiento social a precios asequibles, cuyos solicitantes sean jóvenes de entre 18 y 35 años que comprueben ingresos de hasta dos salarios mínimos.
En el decreto, según indicó Martí Batres, instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) para que, en coordinación con Servicios Metropolitanos (SERVIMET) y autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México involucradas, realicen las acciones necesarias para implementar este proyecto.
Sobre el monto de las rentas, el mandatario capitalino indicó que con el Proyecto Piloto de Vivienda Social en Renta de la Ciudad de México, se pretende que los jóvenes arrendatarios paguen entre 2 mil 500 y 5 mil pesos de renta mensual.
Para dar continuidad al proyecto, informaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda creará la Mesa de Seguimiento y Evaluación del “Proyecto Piloto de Vivienda Social en Renta de la Ciudad de México”, la cual estará integrada por las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, SEDUVI, Secretaría de Gobierno (SECGOB), Secretaría de la Contraloría General, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y SERVIMET.
Entre los objetivos de la Mesa de Seguimiento y Evaluación, destaca opinar, asesorar y coadyuvar en la consecución del Proyecto, definir el proyecto arquitectónico, realizar las gestiones administrativas para la obtención de los permisos y licencias, establecer los Lineamientos para el aprovechamiento del Proyecto Piloto, en el que se defina, entre otros, los requisitos de acceso, los mecanismos de operación, la administración del inmueble, los mecanismos de solución de conflictos y presentar un informe anual a la persona titular de la Jefatura de Gobierno sobre la evaluación del proyecto y, en su caso, su viabilidad.
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