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México tiene hoy la calificación “Baa2” por parte de la agencia, dos escalones por arriba del grado de inversión. Las implicaciones crediticias de lo que será el nuevo marco legal del Poder Judicial podrían “ser significativas” hacia adelante y dar cabida a evaluar la calidad crediticia del País.
Moody´s Ratings dijo el miércoles que las implicaciones crediticias de los cambios al Poder Judicial -respaldados la madrugada de este jueves también por 18 congresos locales de los 17 mínimos exigidos- podrían “ser significativas” y dar cabida a evaluar la calidad crediticia soberana del País.
México tiene hoy la calificación “Baa2” por parte de la calificadora internacional, esto es, dos escalones por arriba del grado de inversión. La Perspectiva es Estable, lo que indica que puede permanecer con ese grado dentro de los 12 a 18 meses siguientes tras la degradación desde el “Baa1” del 2021.
Moody´s anticipó en su escrito del día anterior que aunque los impactos de la nueva ley serían más moderados para las empresas financieras, con una menor influencia en el Sector de Bancos, los cambios al Sistema Judicial y regulatorio en México “generarían más incertidumbre en sus proyectos de infraestructura”.
La evaluadora advirtió que el desarrollo de infraestructura será “menos atractivo para la inversión privada, a pesar de las sólidas perspectivas de demanda”, donde una percepción de riesgo mayor se traduciría en el pago de un mayor premio hacia los inversionistas “y más elevados serán los costos adicionales derivados del análisis legal y la diligencia debida”.
Con la aprobación formal de la reforma en la Cámara de Senadores el 11 de septiembre se dio paso a un proyecto transformador y controvertido que, de acuerdo con la evaluadora, deteriorará la independencia del Poder Judicial del País.
La nueva ley renovará la Suprema Corte de Justicia mediante elecciones populares el 1 de junio de 2025, que incluirá a la mitad de los jueces estatales y federales, unos 800 en total.
Moody´s coincide con otras firmas expertas que el nuevo marco legal podría politizar los dictámenes de la Corte Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de comprometer la independencia del sistema.
“A medida que el poder judicial se realinea cada vez más con los poderes ejecutivo y legislativo, su papel en el control y equilibrio de las otras ramas de poder se deteriorará”, aseveró la agencia calificadora de riesgos crediticios.
En shock
En el pasado reciente, el Sistema Judicial ha bloqueado cambios legales radicales en las leyes.
La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica ha contribuido a la volatilidad financiera en el corto plazo. Moody´s alertó que un shock de la confianza prolongado “podría ampliar los diferenciales gubernamentales y frenar la inversión privada”, presionando la asequibilidad de la deuda y las perspectivas de crecimiento del 2025 hacia adelante.
“La práctica de elegir jueces federales, poco común en todo el mundo, podría hacer que el poder judicial mexicano tome decisiones basadas en consideraciones políticas para responder al electorado y se centre menos en defender la Constitución nacional.
“El control de la corrupción también podría verse afectado sin los resguardos adecuados si los partidos políticos o los grupos de interés -incluso los relacionados con actividades ilegales- pudieran influir en el proceso electoral para seleccionar a los jueces”, advierte la calificadora.
Además, la posible pérdida de experiencia por la destitución de jueces de carrera es otro riesgo, puesto que la transición al nuevo sistema ralentizaría aún más un sistema que ya es notoriamente lento.
Otras iniciativas del gobierno saliente incluyen la eliminación de organismos reguladores independientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Esa propuesta fusionaría las funciones de la CRE con la Secretaría de Energía, lo que haría que las condiciones para la inversión privada sean menos seguras, de acuerdo con Moody´s.
La CRE regula y supervisa el sector de la Energía, lo que incluye las fases de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad y gas natural.
También emite licencias y permisos para la construcción y operación de proyectos de infraestructura energética, como centrales eléctricas y tuberías.
