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La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política para establecer que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el área estratégica del “servicio de Internet que provea el Estado y el litio”.
Asimismo, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional “cuyos objetivos serán asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado”.
Indica que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.
Añade que “el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará, de manera sustentable, toda fuente de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
Se cambian los términos de empresas “productivas” por empresas “públicas”.
El dictamen, aprobado en lo general con 21 a favor y 18 en contra y, en lo particular, con 21 en pro y 16 en contra, deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal e incluye diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados. Se remitió a la Mesa Directiva para efectos constitucionales.
Los transitorios precisan que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias correspondientes, en los términos de éste.
También, estipulan que se deroguen los artículos transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2013 que se opongan a las disposiciones materia del presente decreto.
El documento señala que estipular que el servicio de Internet que preste el Estado no será clasificado como monopolio, atiende a la necesidad de garantizar el derecho de las personas de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha de Internet, sin que ello implique un beneficio económico, sino una responsabilidad de Estado.
También refiere que es procedente introducir la categoría de empresas públicas, en lugar de empresas productivas del Estado, ya que las empresas productivas estatales tienen un perfil de carácter negocial con participación privada y buscan la generación de rentas como si se tratara de un agente económico muy próximo al privado, mientras que las empresas públicas tienen una naturaleza definidamente público, de interés social, y se orientan a la producción y prestación de bienes y servicios públicos.
Discusión en lo particular
En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para modificar los artículos 27, 28 y adicionar un transitorio.
A favor de esta reserva se pronunció la diputada, María Guadalupe Chavira de la Rosa y los diputados, Hamlet García Almaguer y Juan Ramiro Robledo Ruiz, todos de Morena. En contra, Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), Braulio López Ochoa Mijares (MC) y Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN).
Se rechazaron las reservas presentadas por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) y los diputados del PRI Rubén Ignacio Moreira Valdez, Reynel Rodríguez Muñoz y Eduardo Zarzosa Sánchez, del PAN, Miguel Humberto Rodarte De Lara y de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo.
Intervención de diputados
El diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) aseguró que su grupo parlamentario apoya de manera contundente la reforma. Lo que se pretende, dijo, es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la seguridad y soberanía energéticas y, por supuesto, atendiendo una demanda de los mexicanos para que la electricidad sea suficiente, continua, de calidad y al menor costo posible. Otro de los objetivos, dijo, es que el servicio de Internet que brinda el Gobierno Federal sea considerado como un área estratégica exclusiva del Estado, a fin de fortalecer el derecho a la información.
Del PAN, el diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara indicó que es comprensible buscar el fortalecimiento de la CFE, la cual vela por un área estratégica del Estado mexicano, pero se requiere estar abiertos a la inversión de parte del sector privado a fin de que haya un mejor servicio de electricidad para el pueblo mexicano. Afirmó que se debe hacer un análisis sobre cómo ha funcionado en los últimos seis años la CFE y consideró un error hacer área estratégica el servicio público de Internet.
Del grupo parlamentario del PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez señaló que la CFE sufrió pérdidas por miles de millones de pesos y en la actualidad no genera electricidad verde, ni suficiente. Se pronunció contra el dictamen por considerar que es insuficiente y adelantó que presentará reservas para que el derecho humano al suministro de electricidad se ponga en la iniciativa y que los micro, pequeños y medianos agricultores y comerciantes reciban tarifas de luz que puedan pagar.
Al manifestarse a favor, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) señaló que este dictamen busca resarcir el daño que se generó en 2013 con la reforma energética, por lo que es importante fortalecer a las empresas del Estado mexicano y determinarlas como estratégicas. Subrayó que esta iniciativa fortalecerá a las y los mexicanos para acceder a un servicio de Internet que proveerá el propio Estado como estrategia exclusiva con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad.
El diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) afirmó que con esta reforma se recupera la soberanía energética y se beneficia a la población. Comentó que la iniciativa privada participará, pero “no con la rienda suelta” porque estará regulada, pagará impuestos y hará todo lo que la ley establezca. “Estamos a favor de que el Estado recupere el mando sobre las áreas estratégicas porque de esta manera no se propicia que la iniciativa privada tenga mayor preponderancia”.
En tanto, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) sostuvo que con esta reforma se propone cambiar el concepto de la naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado a una empresa pública, lo que traerá como consecuencia “menos autonomía de la CFE”, va a estar sujeta a controles y regulaciones gubernamentales, a un financiamiento por parte del Estado, va a fomentar el monopolio estatal, y podrá manipular precios y tarifas, así como desincentivar la competitividad, la eficiencia y la modernización de esta empresa.
Salvador Caro Cabrera, diputado de Morena, aseguró que la reforma atiende las necesidades del pueblo de México y cancela utilidades para quienes buscan el privilegio del abuso a través de la legislación. Explicó que se estuvo en riesgo de que el servicio público de energía dejara de ser tal, “con el pretexto de que lo daba una empresa de clase mundial para acercarlo a los criterios de una empresa privada que dejaría atrás a los sectores más débiles de la sociedad” y lo que hace la iniciativa es frenar esa posibilidad.
El diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) comentó que con esta modificación se podrán producir en Puerto Peñasco mil megawatts y será la central fotovoltaica más grande de América, por su capacidad de generación y la quinta a nivel mundial por la aportación del sistema de almacenamiento. Por ello, afirmó que su voto será a favor del dictamen, porque busca beneficiar a todos los mexicanos y con esto se hará justicia social.
Por su parte, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) se pronunció en contra al señalar que lo que se debe discutir es la forma en que el Estado pretende tener la prevalencia, pues actualmente la generación de energía en México es altamente contaminante y debe alinearse a los compromisos de nuestro país en la COP27, lo cual no se ve reflejado en la iniciativa. “Algunos datos: la capacidad es de menos del 50 por ciento, se requiere de una combinación porque el Estado solo no tiene la capacidad”.
Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña afirmó que con la reforma se sientan las bases para recuperar la soberanía energética, para servir al pueblo y a la patria con mayor eficacia. Observó que quienes están en contra, están en contra de los intereses nacionales, porque se trata de si el Estado debe conservar sus áreas estratégicas y prioritarias o si se deben privatizar todos los servicios y entregarlos al capital extranjero.
Vía digital, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) consideró que este dictamen “está muy mal”. Mencionó que se quiere quitar la palabra productivas para poner empresas públicas y cuestionó por qué no se ponen las tres: organismos, empresas públicas y empresas productivas. Enfatizó que lo importante siempre va a ser buscar cómo se gasta el dinero de los mexicanos. “Yo prefiero que todas y todos los mexicanos tengan energía eléctrica y que el Estado goce de cientos de miles de millones más para destinarlos a otros fines”.
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