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De hecho, confían en que la reforma judicial no será aprobada como la planteo López Obrador y que tendrá cambios, dada su inviabilidad.
Organismos empresariales, organizaciones de abogados y de la sociedad civil expresaron su abierto rechazo a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso consideraron que no tiene ”ni pies ni cabeza” y que “es un despropósito”.
Se trata de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), la Barra Mexicana de Abogados (BMA), el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) y México Evalúa.
En conferencia de prensa, estas organizaciones reconocieron que el Poder Judicial de la Federación requiere de una reforma profunda, pero la propuesta del presidente López Obrador “genera preocupación”.
En síntesis, la elección de jueces, magistrados y ministros —como propone la reforma judicial— provocaría que lleguen personas sin la debida preparación y experiencia, lo que erosiona la confianza, genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a conflictos de interés.
Además, abre la posibilidad de que las organizaciones criminales —que buscan incrementar su presencia y control sobre los poderes de la unión— tengan a sus propios jueces e incluso a sus propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto se refuerza porque la reforma judicial plantea que los jueces puedan ser removidos de sus cargos, lo que abre precisamente la posibilidad de que emitan sentencias que no sean imparciales.
Peor todavía, ni la elección de jueces por voto popular ni la reforma en general, garantizan una mejor impartición de justifica ya que esto recae en los juzgados locales, ámbito que no se incluye en la reforma judicial.
Adicionalmente, no existe un estimado del costo de la elección de jueces por parte del Poder Ejecutivo, ni del impacto que tendría en las calificaciones soberanas de México.
La reforma judicial como ha sido planteada, además, es violatoria de los acuerdos internacionales firmados por nuestro país, principalmente del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que tendrá su primera revisión en el año 2026.
“Esta supuesta solución no tiene ni pies ni cabeza”, consideró Luis Asali Harfuch, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
De hecho “a lo único a lo que ayuda esta reforma es a fortalecer la consolidación de un poder absoluto que no tenga ningún contrapeso que le pueda poner un alto y, esto, es total perjuicio de los ciudadanos”.
LOS PASOS A SEGUIR
Sin embargo, el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, advirtió que, para que la reforma judicial sea aprobada en sus actuales términos, todavía falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorgue a Morena y sus aliados en el Congreso una mayoría calificada.
El líder de Coparmex advirtió que, si Morena no obtiene esa mayoría, entonces tendría que negociar con las otras fuerzas políticas para que la reforma judicial sea aprobada.
Pero Andrea Rovira del Río, vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fue más allá y consideró que la reforma judicial no será aprobada como la planea el presidente López Obrador.
La iniciativa de reforma no va a ser la que se va a votar en el Congreso en el mes de septiembre ya que, en los últimos días, el presidente ha hablado de una revaluación “tanto en la mecánica como en la sustitución de los jueces”.
Es decir “se reconoce ya la complejidad de los costos y de los tiempos de implementación”.
Además, falta que el propio Poder Judicial de la Federación presente una contrapropuesta a la reforma judicial planteada desde el ejecutivo.
“Uno de los pasos previos para la muerte del estado democrático es la extinción del sistema republicano y no puede haber República si no tenemos un Poder Judicial fuerte que medie los posibles conflictos que debe de haber entre ciudadanos y gobierno, entre los distintos poderes, así como entre la Federación y los estados”, concluyó Rovira del Río.
