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En la Cámara de Diputados, los diputados de la bancada de Morena dieron a conocer que ya cuentan un dictamen preliminar para modificar varios preceptos constitucionales, avanzar en la simplificación administrativa y eliminar varios órganos autónomos, así como mecanismos reguladores.
De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena avanza en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para la iniciativa con proyecto por el que se propone la modificación de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación administrativa.
Según el predictamen, ente los órganos cuya se estructura se modificaría, desaparecería o se integraría a alguna dependencia se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccón ide Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) así como el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval).
El analista Ramses Pech consideró que el problema de desaparecer a estos órganos es que estarían poniendo en riesgo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá principalmente, debido a que no habría certidumbre sobre cómo participar en sectores clave garantizando un respeto a las reglas del juego.
No obstante, el jurista Ernesto Villanueva consideró que la revisión y cumplimiento de las leyes y normas de la administración pública permitiría salvaguardar que las funciones que realizan esos órganos independientes se sigan ejecutando dentro de la estructura de otras dependencias sin menoscabo del Estado de Derecho.
Ramses Pech recordó que el capítulo 28 del T-MEC sobre buenas prácticas regulatorias se establece que las partes reconocen que la implementación de todas las prácticas gubernamentales para promover la calidad regulatoria a través de una mayor transparencia, análisis objetivo, rendición de cuentas y predictibilidad puede facilitar el comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico, al tiempo que contribuye a la capacidad de cada Parte para lograr sus objetivos de política pública (incluidos objetivos de salud, seguridad y ambientales) en el nivel de protección
que considere apropiado.
“La aplicación de buenas prácticas regulatorias puede apoyar el desarrollo de enfoques normativos compatibles entre las Partes y reducir o eliminar requisitos regulatorios. Esto pondría en riesgo la firma del TMEC”, dijo Ramses Pech.
