T-MEC: en el cuarto año, el Plan C es la amenaza, dice el IMCO

Foto: Laura Lovera

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 18 segundos

Según el IMCO, cinco de las 18 iniciativas del llamado Plan C podrían ser violatorias del T-MEC, que hoy cumple cuatro años.

Al llegar a su cuarto año de vigencia, el llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador representa una amenaza para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De hecho, el IMCO asegura que “de las 18 iniciativas propuestas, cinco podrían violar las disposiciones incluidas en los capítulos del T-MEC”.

En la reforma en materia de simplificación orgánica, por ejemplo, se pretende extinguir la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía, para pasar sus funciones al gobierno federal.

De acuerdo con el IMCO, solo esta reforma violaría tres capítulos del T-MEC.

  • Capítulo 18 (Telecomunicaciones): establece la obligación de mantener un organismo regulador del sector que sea independiente y autónomo del Poder Ejecutivo.
  • Capítulo 21 (Política de competencia): señala que cada país debe mantener una autoridad o autoridades nacionales dedicadas específicamente a la aplicación de las leyes de competencia.
  • Capítulo 22 (Empresas propiedad del estado): establece que los organismos administrativos que regulen a las empresas propiedad del Estado (incluyendo aquellas en el sector energético) deben ser imparciales.

En la reforma en materia de industrias energéticas del Estado, la reforma busca eliminar la capacidad de CFE para celebrar contratos con empresas privadas, establece su precedencia sobre esas empresas y busca eliminar a la Comisión Reguladora de Energía.

Al respecto, el IMCO recordó que, en el Capítulo 14 (Inversión) establece que si un país abre más su economía permitiendo más comercio o inversión extranjera, “no podrá retroceder esas medidas en el futuro ni cerrar sectores previamente abiertos a participación privada, por lo que introducir nuevas restricciones para empresas privadas en el sector energético podría generar un conflicto”.

En materia de maíz transgénico —restricción que se mantendrá en el gobierno de Claudia Sheinbaum— sin la presentación de evidencia científica de posibles daños a la salud, habría potenciales conflictos.

  • Específicamente, el Capítulo 2 del T-MEC (Trato nacional y acceso a mercados) establece que no se podrán implementar restricciones arbitrarias al comercio de un bien.
  • El Capítulo 9 (Medidas sanitarias y fitosanitarias): señala que medidas como la restricción a las importaciones de bienes agrícolas deben basarse en recomendaciones científicas.

Otro punto polémico es la reforma en cuanto a uso de agua, donde se busca no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad en cantidad y calidad, y sólo autorizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y uso doméstico.

Al respecto, el Capítulo 14 (Inversión) incluye disposiciones de Trato nacional y Trato de nación más favorecida que prohíben el trato preferencial a empresas públicas por encima de inversionistas privados de otros países.

Finalmente, en cuanto a la prohibición de otorgar concesiones para actividades de minería a cielo abierto, el Capítulo 14 (Inversión) incluye disposiciones de Trato nacional, Trato de nación y más favorecida y Nivel Mínimo de Trato que prohíben el trato preferencial a empresas públicas por encima de inversionistas privados de otros países.

“La cláusula de Nivel Mínimo de Trato del T-MEC protege a inversionistas contra medidas que puedan afectar su operación y propiedad. La reforma propuesta podría violar el compromiso de mantener las condiciones de apertura acordadas al firmar el tratado, lo cual podría resultar en demandas de arbitraje o sanciones comerciales por parte de Canadá o Estados Unidos”, advirtió el IMCO.

Por último, el IMCO estableció que “en un año con cambio de Gobierno Federal  en México y elecciones en Estados Unidos, y con la posibilidad de modificaciones institucionales, de cambios regulatorios y de políticas públicas, la resolución de disputas pendientes y alineación de marcos regulatorios entre los tres países del T-MEC es crucial”.

“Las nuevas administraciones tienen la oportunidad de tomar decisiones que promuevan una mayor integración productiva en América del Norte, para lo cual es indispensable asegurar el cumplimiento de los compromisos comerciales”, concluyó el organismo.