Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 10 segundos
La elección de ministros, magistrados y jueces fue el tema principal que se abordó en el primer foro de análisis de la reforma judicial, organizado por el Congreso de la Unión. En este ejercicio uno de los puntos más destacados fue el planteado, desde su posición neutra, por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Ortiz Mena, quien dijo que en caso de implementar el voto popular para la elección de jueces y ministros se debe contemplar “el impacto económico de un mal diseño, lo que, a su vez, podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia.
Por ello, en su participación, el ministro se pronunció a favor de la construcción de una reforma, pues aseguró que una modificación mal hecha afectará la economía nacional. En cambio, “una exitosa potencializará el crecimiento económico”.
Entre los oradores que también mantienen una posición neutra figuran además la jueza Juana Fuentes Velázquez y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel.
Sin embargo, la discusión y posible aprobación de esta reforma mantiene al Poder Judicial dividido en otros dos bloques. Entre quienes están a favor de la reforma destacan las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel; también, el vicefiscal general de la República, Óscar Bernache; el ministro en retiro Arturo Zaldívar; los consejeros Bernardo Bátiz y Eva Verónica de Gyvés Zárate, y el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Ministra Lenia Batres
Desde esta posición, la ministra Lenia Batres defendió que la iniciativa “democratiza” al Poder Judicial, pues lo abre al escrutinio público y obliga a sus integrantes a responder al interés general, pues expresó que, en su opinión, actualmente está abierto “al tráfico de influencias y cerrado al pueblo de México”.
Aunado a esto, la ministra Batres propuso limitar a los órganos del Poder Judicial con la intención de que “respeten claramente la Constitución”
En una posición similar, la ministra Yasmín Esquivel reconoció que aún cuando se logre democratizar el acceso a la titularidad de los cargos, el Poder Judicial de la Federación se tendría que enfrentar a un reto mayor que consiste en mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constituidos e inclusive con relación a los otros poderes fácticos o económicos.
Al tener el uso de la palabra, la ministra también propuso que la reforma al Poder Judicial contemple “elecciones populares sucesivas para ir cubriendo de forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa”.
Ministra Margarita Ríos Farjat
Por otra parte, la ministra Margarita Ríos Farjat pidió a los legisladores que contemplen en la reforma judicial la soberanía en materia jurídica de las diferentes entidades del país.
“Sería de gran beneficio para la gente de los estados que contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados fueran jueces ascendidos”, dado que se está dejando de lado este asunto en la iniciativa, consideró.
La ministra Ríos Farjat también acusó que la reforma no integra a Tribunales en materia agraria, administrativa y laboral, ni muchos otros organismos que integran el sistema de justicia.
“Mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, comisiones de derechos humanos como parte del sistema de justicia donde se presentan muchas problemáticas que no están siendo abordadas en la reforma”, agregó.
Ministro Alberto Pérez Dayán
Desde una postura mucho más reticente, en la inauguraron los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, el ministro y presidente de la Segunda Sala de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, advirtió que la iniciativa contiene preceptos que atentarían contra la protección de derechos humanos y el acceso a la justicia, tales como la prohibición de que la Corte pueda suspender normas generales o suprimir efectos generales a sentencias de amparo.
“Prohibir suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias significa admitir la posible violación a derechos humanos de modo irreversible”, explicó el ministro.
Por otro lado, resaltó el hecho de que la reforma judicial busca eliminar la carrera judicial al elegir a jueces y magistrados por voto popular.
“La carrera judicial implica un servicio civil de excelencia. La militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen”, subrayó.
Consejero Sergio Javier Molina Martínez
En este sentido, Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal, propuso que en la discusión de la reforma al Poder Judicial se reflexione crear una entidad colegiada que revise los perfiles de los candidatos a jueces, magistrados y ministros que sean sometidos al voto popular.
“Podríamos reflexionar en encontrar una entidad colegiada de instituciones provenientes de los propios poderes de la unión, entidades académicas o la combinación de ambos que hicieran las veces de revisor de los perfiles de las personas aspirantes a la elección, existen modelos”, dijo.
Ministro Javier Laynez Potisek
Al igual que el ministro Pérez Dayán, el ministro Javier Laynez Potisek defendió la carrera judicial como sistema para regular el ingreso, permanencia y separación de integrantes del Poder Judicial, rechazando que esta modalidad haya derivado en corrupción.
“Me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias”, expresó.
Si bien Laynez reconoció que hay deficiencias en el sistema de justicia, consideró que la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces no solucionará los problemas del Poder Judicial y, por el contrario, podría agravarlos.
Ministra presidenta Norma Piña
Para finalizar el primer foro, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, afirmó que la justicia involucra a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, por lo que no es exclusivo del Poder Judicial.
“Lo resalto con la mayor vehemencia, el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión a resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática”. Además, aseguró, que es una cuestión de derechos humanos, equidad, ética y dignidad.
En este aspecto, la Ministra Piña pidió que las críticas al sistema de justicia pongan en el centro a las víctimas y sean con datos verificables.
Finalmente, dijo que las y los integrantes del Poder Judicial están “abiertos a entablar un diálogo real”, pero haciendo a un lado las diferencias.
La participación de Ministra Piña Hernández se vio interrumpida por un momento por la diputada trans de Morena, María Clemente, quien decidió manifestarse a sus espaldas rompiendo papeles y reclamando a gritos que jueces hayan liberado a asesinos de mujeres trans. Ante dicha situación la Ministra se mantuvo tranquila en todo momento.
Por su parte, los representantes de Morena, el PAN y el PRI dijeron estar abiertos a escuchar los distintos puntos de vista sobre la iniciativa y dialogar.
Sin embargo, miembros de la bancada mayoritaria aclararon que existen puntos irreductibles como la elección de los ministros de la Suprema Corte.
El segundo foro se realizará el primero de julio en Jalisco, luego el 2 de julio en Toluca, el 9 de julio en Chiapas, el 12 de julio en Veracruz, el 23 de julio en Puebla, el 30 de julio en la Cámara de Diputados, el 6 de agosto en Coahuila y el 8 de agosto cerrarán en Sinaloa.
También te puede interesar:Lula se harta y explota: le declara la guerra definitiva al dólar…
