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México podría rezagarse aun más en áreas como gobierno digital, IA, ciberseguridad e inclusión financiera, advierten al gobierno de Sheinbaum.
A juicio de no pocos expertos y analistas, el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum a partir del próximo 1 de octubre, prácticamente no tendrá otra opción que poner en marcha una revolución digital en el país.
Es decir.
Emplear herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y Big Data para que las licitaciones y la asignación de recursos públicos se hagan buscando el mayor impacto social y evitando los actos de corrupción.
Proteger a cabalidad los datos personales de las personas, lo que ya se considera el primer derecho humano del siglo XXI.
Incluso modernizar la Ley Fintech, ya que la actual legislación ha quedado rebasada, lo que afecta en gran medida la inclusión financiera, particularmente de las poblaciones más alejadas.
El costo de no hacerlo, no solo es mantener el rezago que vive en México en materia digital sino incuso limitar a amplios segmentos de la población a mejorar su nivel de vida, además de incentivar la movilidad social.
DIGITALIZAR LA ECONOMÍA
De acuerdo con Isabel Davara, presidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara Internacional del Comercio (ICC México) “México necesita digitalizar su economía e incrementar el uso de la tecnología no solo en la producción de bienes y servicios, sino incluso en ámbitos como la salud y la educación”.
En su opinión, desde la esfera gubernamental se puede integrar tecnología a los procesos de licitaciones públicas —cuando en el gobierno de López Obrador la mayoría fueron asignaciones directas— para generar transparencia y rendición de cuentas.
“Si se emplea Inteligencia Artificial con análisis de datos, podríamos ver donde es más eficiente destinar un recurso y ubicar posibles actos de corrupción”, explica a Fortuna.
“La IA —agrega— lo que hace es identificar patrones y tendencias. Por ello, si se tiene acceso a la cantidad de datos que tienen las dependencias públicas sobre licitaciones, podemos ver dónde se está siendo transparente y dónde se está siendo eficiente”.
Es decir, conformar un gobierno data driven donde las decisiones sobre infraestructura o programas sociales, se tomen respaldadas en grandes volúmenes de información y de datos.
CIBERSEGURIDAD, GRAN PENDIENTE
A lo largo del gobierno de López Obrador, la falta de inversión en ciberseguridad propició que muchas dependencias fueran hackeadas, incluso suspendiendo actividades y trámites por semanas.
También provocó filtraciones como las del Grupo Guacamaya, que pusieron en evidencia aspectos de seguridad nacional como la salud del presidente López Obrador o la vinculación de altos funcionarios de su gobierno con el narcotráfico.
Pero todavía hay un punto más relevante: la protección de los datos personales.
“El derecho humano del Siglo XXI es la protección de los datos personales”, señala Isabel Davara.
Por ello, la directiva considera que la legislación mexicana se tiene que modernizar, reforzando a las instituciones que resguardan esos datos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Es sabido el interés del presidente López Obrador por desaparecer este organismo; sin embargo, Claudia Sheinbaum anunció ayer lunes que esa iniciativa no formará parte del primer paquete de reformas que analizará el nuevo Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre.
INCLUSIÓN FINANCIERA, OTRO PENDIENTE
De acuerdo con Mastercard, en el año 2018 México fue pionero en la regulación de finanzas abiertas con la promulgación de la Ley Fintech. Sin embargo, en solo seis años varios países ya han superado al nuestro en esta materia.
El ejemplo más claro es Brasil, quien introdujo la plataforma PIX un año después de que México pusiera en operación la plataforma CoDi.
Hoy PIX tiene 150 millones de usuarios mientras que CoDi solamente cuenta con 1.6 millones.
De acuerdo con GBM, “las nuevas medidas de la Ley Fintech, que aún faltan por implementarse, se enfocan mayormente en regular el intercambio de información entre las entidades financieras y no en servicios de iniciación de pagos, limitando el desarrollo de APIs financieras en el país”.
“El equipo de Análisis de GBM considera que, si las finanzas abiertas forman parte de la agenda del nuevo gobierno, podría impulsar aún más la competencia bancaria e inclusión financiera en el país”, en opinión de la institución.
SHEINBAUM Y EL COSTO DE LA INACCIÓN
Para la directiva de ICC México, este cambio de paradigma en materia digital no es solo una necesidad de la economía mexicana sino, incluso, una forma de abatir la pobreza.
“Si les damos habilidades tecnológicas a las personas, va a ser más fácil ofrecerles mejores empleos y favorecer la movilidad social. Es una oportunidad única de convertirnos incluso en proveedores tecnológicos y no solo de servicios turísticos”, advierte.
“El término ‘analfabeta digital’ comienza a quedar corto y no vas a poder tener una vida plena si no eres capaz de contar con una serie de habilidades digitales. Nos estamos moviendo a un mundo digital en el día a día, en nuestra vida personal y, por supuesto, en la vida pública”, concluye.
