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La entidad anunció el martes una serie de cambios normativos para permitir un mayor apoyo financiero estadounidense especialmente a las pequeñas y medianas empresas privadas de Cuba, reforzar los servicios de Internet en la isla y ampliar el acceso del pueblo cubano a algunos servicios financieros.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes una serie de cambios normativos para permitir un mayor apoyo financiero al Sector Privado de Cuba, además de reforzar los servicios de Internet, lo que, según funcionarios, podría apoyar a dar una ventaja a las pequeñas y medianas empresas de la isla, consigna información de Reuters fechada en La Habana y Washington.
Estados Unidos dijo que permitiría a los pequeños empresarios de la isla, gobernada por el Partido Comunista, abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, restablece una autorización para las llamadas “transacciones en U”, esto es, transferencias de fondos que se originan en Estados Unidos y terminan fuera, dijo el Tesoro en un comunicado.
Las medidas también permitirían a los empresarios cubanos usar las plataformas de pago en línea de Estados Unidos, un obstáculo importante en la actualidad que enfrentan las pequeñas empresas en la isla.
“Hoy estamos dando un paso importante para apoyar la expansión de la libre empresa y la expansión del sector empresarial en Cuba”, afirmó el martes un alto funcionario estadounidense a periodistas.
Las medidas tienen como objetivo cumplir con los objetivos del Gobierno del presidente Joe Biden, una promesa largamente postergada de aliviar las restricciones para ayudar a la incipiente economía no estatal de Cuba, a pesar del embargo estadounidense de la época de la Guerra Fría que ha complicado las transacciones financieras al gobierno cubano.
Piedras en el camino
Al elaborar las medidas, los funcionarios estadounidenses dijeron que tuvieron dificultades para equilibrar el objetivo con el deseo de evitar que las autoridades cubanas se beneficien.
Las nuevas medidas excluirían a militares cubanos, funcionarios del Gobierno, miembros del Partido Comunista y legisladores con el objetivo de maximizar los recursos disponibles para beneficio de los cubanos, dijeron funcionarios.
La representante estadounidense María Elvira Salazar, una cubano-estadounidense legisladora del sur de Florida, criticó rápidamente el anuncio de la administración Biden. “El Gobierno de Biden ahora le está dando al ‘sector privado cubano’ acceso al sistema financiero estadounidense”, dijo en una publicación en X.
“Esto sería una burla a la ley estadounidense, considerando que no se han logrado avances hacia la libertad en la Isla y la represión se ha intensificado”.
Abrir negocios
Cuba ha culpado durante mucho tiempo al embargo de Estados Unidos, una complicada red de leyes y regulaciones que obstaculizan las transacciones financieras del Gobierno, de la crisis económica que le han dejado pocas opciones últimamente para abrir su economía a las pequeñas empresas privadas.
Este tipo de negocios, considerado un tabú durante décadas en Cuba, ahora está en auge en la isla. Las nuevas leyes implementadas en 2021 han visto el establecimiento de más de 11,000 pequeñas empresas a mayo, según cifras del Gobierno. En la isla pueden verse desde tiendas de comestibles hasta plomería, transporte y empresas de construcción.
Esas empresas emplean ahora al 15% de los trabajadores cubanos que representan alrededor del 14% del PIB, según estadísticas del Ministerio de Economía de fines de 2023.
Estas medidas son un paso en la dirección correcta, afirmó John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, aunque destacó una “omisión flagrante” en la política:
Las empresas todavía se ven perjudicadas por el requisito de recurrir a los bancos en terceros países para mover su dinero. “Mientras sea necesario financiar, invertir y pagar a través de terceros países, la administración Biden-Harris estará limitando precisamente la actividad que dice que apoya”, agregó.
Funcionarios estadounidenses prefirieron no comentar si el Gobierno de Biden estaba llevando a cabo una revisión formal de la presencia de Cuba en una lista confeccionada por Washington de estados patrocinadores del terrorismo.