Tiempo de lectura aprox: 8 minutos, 58 segundos
Históricamente, México ha ostentado la relación más baja de impuestos sobre el PIB dentro de los países de la OECD, de 16.9% contra el promedio de 34%. Mayores ingresos derivados de una reforma atenderían rezagos en ámbitos que mejoren su productividad, como el desarrollo de infraestructura y la transición digital y ecológica; las candidatas punteras a la Presidencia la descartan en el corto plazo.
Por María Luisa Aguilar
El país no ha tenido una reforma fiscal de gran alcance desde que en 1970 creó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) —un impuesto universal relativamente de fácil cobro— y, en 1980, una la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los estados y municipios. Sin embargo, en esta administración se derogaron disposiciones que permitían perdones y condonaciones fiscales, lo que hizo posible incrementar la recaudación respecto del PIB a 11.5 a 16.9%.
Sin embargo, en la víspera de la elección presidencial del 2 de junio, Revista Fortuna actualizó una serie de entrevistas e incluyó la posición de organismos extranjeros que incluyen recomendaciones puntuales hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés).
Los apoyos recurrentes a Petróleos Mexicanos (Pemex), el incremento de transferencias sociales -en particular, las pensiones no contributivas por vejez-, más pagos de intereses de la deuda y el agotamiento de las reservas fiscales, como los fondos de estabilización de ingresos y los fideicomisos, “limitará la capacidad del gobierno para contrarrestar futuras crisis fiscales”, alertó a su vez la agencia de riesgos crediticios Moody´s Investor Service el 14 de mayo
Los expertos sostienen: la reforma fiscal es impostergable.
En contraste, en momentos de atraer más electores en la recta final del proceso electoral, las candidatas punteras, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, descartan proponer o crear consensos alrededor de una reforma fiscal, un asunto que comúnmente carece de seguidores.
Históricamente, México ha ostentado la relación más baja de impuestos sobre el PIB dentro de los países de la OECD, de 16.9% contra el promedio de 34%, y es inferior también al promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC), de 21.5%, de acuerdo con la estadística tributaria de los ALC 2024.
La recesión causada por el COVID-19, la mayor crisis económica y de salud en 80 años y su impacto sobre la estructura económica y el bienestar de la sociedad exhibió la debilidad de los sistemas de Salud, y, en la etapa de recuperación, deficiencias en materia de Educación y en otros frentes que acusan faltantes. Y carencia de recursos.
El suceso histórico no condujo a una discusión amplia, salvo esfuerzos diezmados que arrojaran un diagnóstico y un plan de acción en la política pública. La reacción inmediata fue fortalecer al mercado interno con un mercado laboral y un consumo fuertes, alentados desde la parte gubernamental.
La debilidad estructural en materia fiscal no solo permanece, sino que se recrudece ante el amplio déficit fiscal de 5.2% del PIB de este año, el mayor desde 1989.
En un capítulo especial sobre México presentando por la OECD el 27 de febrero pasado, el organismo multilateral señala que el país necesita de mayores ingresos y una mejor disciplina fiscal para atender sus necesidades en ámbitos que mejoren su productividad, como la educación, el desarrollo de infraestructura, la transición digital y ecológica, y “la lucha contra la corrupción y el crimen”.
Un mejor marco fiscal, además, facilitaría dar apoyo en los periodos de recesión económica, apuntó el organismo multilateral en el Estudio Económico sobre México 2024.
Economistas, académicos y especialistas en temas de Finanzas Públicas apuntan al diseño de una reforma fiscal escalonada o una reforma progresiva, tan pronto como en 2025, independientemente de los resultados de la elección presidencial.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), especializado en investigaciones sobre movilidad social, afirma que cualquier reforma fiscal debe utilizar los recursos que genere a formar capital humano y capital físico como fórmulas para lograr un crecimiento incluyente.
“Me parece que la discusión (de una reforma fiscal), que viene de tiempo atrás, tiene que estar ahora sobre la mesa, para que en el 2025 se pueda implementar en el primer año de la Administración; no solamente discutir”, expone Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La experta apunta que hablar de una Reforma Fiscal involucra cuestiones a considerar en materia de ingresos, pero también responsabilidad y rendición de cuentas en materia de gasto y en la gestión de la deuda pública.
“Son esas tres partes las que componen el Sistema Fiscal y en esos tres rubros se necesitan cambios que sean progresivos. Donde el gasto se distribuya eficientemente, y donde los recursos sean sostenibles en el mediano y largo plazo”.
Los propios Criterios Generales de Política Económica de 2024 aceptan que el envejecimiento de la población implicará una mayor demanda de los servicios de salud y de cuidados, lo que requerirá de una reestructuración de las fuentes de recaudación tributaria.
PERDER LA BRÚJULA
En el arranque del sexenio, el Sistema Fiscal se sustentó en una mayor eficiencia recaudatoria, por lo que el Paquete Económico que rige este año, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos, resultó sorpresivo por el alto déficit presupuestario.
El Gobierno tendrá este año un gasto neto total de $9.066 billones de pesos contra ingresos por $7.3 billones; dentro del gasto público no programable, la contratación de deuda será $1.906 billones, un incremento del 16% anual.
El plan de financiamiento de 2024 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indica que las necesidades de financiamiento de este año, que comprenden los recursos que requiere el Gobierno Federal para cubrir su déficit fiscal, más las amortizaciones de deuda programadas, son de $4.2 billones.
Semejante al presupuesto que hace cualquier familia, el Gobierno está contabilizando para el próximo año más gasto que ingresos, lo que implicaría un déficit presupuestario de 5.2% del PIB con cifras definitivas, desde el 3.3% con el que cerró el año pasado.
Esto resultaría en el mayor déficit fiscal o presupuestario desde 1990. Ni en plena crisis de la pandemia, el Gobierno Federal pretendió elevar tanto el gasto público, mencionó el CIEP.
Debido a que el Gobierno recurrirá a un mayor endeudamiento como fuente de recursos, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) significarían un balance negativo del 5.4% del PIB, una escalada de más de 43% frente al año pasado.
Los especialistas entrevistados sostienen que a pesar de que la Administración Federal inició el sexenio con un apego pleno a los presupuestos y a la Ley de Ingresos, desvío el rumbo.
“Después de la pandemia empezamos a ver una reconfiguración de las finanzas públicas, donde se acentuó la política de austeridad con grandes recortes en la partida del gasto, que podríamos clasificar como administrativas donde la reasignación del gasto se concentró claramente en los programas sociales prioritarios de la Administración y en sus obras emblemáticas”, describe Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En pleno año electoral, el gasto hacia los programas y proyectos prioritarios del Gobierno previsto para 2024 llegaría a 964,100 millones de pesos (mdp) un incremento de más de 10% en términos reales contra 2023. Solo la pensión para adultos mayores será 32.6% mayor en 2024 que en este año, para sumar los 465,000 mdp, el 1.35% del PIB.
A la postre ha quedado en el registro que el Gobierno no contrató grandes cantidades de deuda pública a principios del sexenio debido a que echó mano de colchones de ahorros, incluyendo recursos del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) cuya finalizad es brindar seguridad y mayor estabilidad a las Finanzas Públicas, beneficiado además a “las futuras generaciones de México con un ahorro a largo plazo”.
Un manejo macroeconómico prudente, con metas fiscales que permitirán sostener Finanzas Públicas sanas al cierre del sexenio, sin embargo, marcará la pauta para seguir aprovechado las líneas de crédito extendidas a México por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
PRIMEROS PASOS
Si bien la discusión en torno a una Reforma Fiscal es árida y políticamente poco redituable, los expertos coinciden que hay aspectos que se pueden abordar casi de manera inmediata, con efectividad.
Uno de ellos es la revisión de los gastos fiscales identificados por Hacienda como Pérdidas Recaudatorias, con un peso del 2% en el PIB, y que la experiencia apunta que han favorecido sólo a los deciles más altos o adinerados de la población, en algunos casos.
Se trata de estímulos fiscales que se obtienen a partir de partidas ya establecidas, donde, por alguna razón el Fisco decide no llevar a cabo la recaudación en su totalidad, donde los ejemplos clásicos son el cobro de un IVA menor en las fronteras.
Sin embargo, también abarcan las deducciones en colegiaturas, o los rangos del Impuesto sobre la Renta (ISR) de profesionistas. Un claro ejemplo fueron los estímulos fiscales otorgados a las gasolinas durante 2022 y hasta bien entrado este año.
El apoyo significó para el Estado mexicano dejar de recaudar cerca de $400,000 mdp por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Jorge Cano, investigador de México Evalúa, organización especializada en monitorear las finanzas públicas, señala que un punto relevante sería financiar el Sistema de Salud con la recaudación del IVA y del ISR, es decir, con el cobro a las ganancias.
Lo anterior podría suplir las cuotas al IMSS, que gravan al empleador o patrón antes de obtener ganancias.
“Pensamos que esto podría ser una idea interesante para considerar en México, (además) que facilitaría la creación de empleos formales a través de la tributación del IVA e ISR”, indicó.
LA IMPORTANCIA LOCAL
La Coordinación Fiscal entre la Federación y los estados y municipios ha perdido efectividad por una serie de malas prácticas, desde omisiones a la ley en la materia, hasta convenios que quedan sujetos a la discrecionalidad de la autoridad hacendaria central, de acuerdo con los entrevistados.
La discusión de una Reforma Fiscal debe incluir una mejor coordinación con los estados subnacionales para ser progresiva, lo que significa gravar activos locales; es decir, la tenencia y el predial.
Realizar estas tareas requiere de capacidades administrativas con las que hoy no se cuenta, como un padrón de autos vigente y el catastro en orden, donde en este último caso, las propiedades tengan su costo real asentado en el Registro Público de la Propiedad.
El punto es que a través de un marco legal federal queden homologadas las tasas impositivas sobre tenencia y predial pero que el cobro y la administración de los recursos sea de competencia estatal o municipal.
PENSIONES ¿BOMBA DE TIEMPO?
El gasto total presupuestado en pensiones para este año asciende a $1.99 billones de pesos, un repunte de 11.9% frente a 2023. Una investigación del CIEP estima que de 2016 a 2024, las pensiones en México crecerán 93% en términos reales, es decir, casi el doble que hace 8 años.
Si bien las pensiones contributivas, esto es, aquellas que corresponden al IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE, son las más onerosas, con un presupuesto de $1.46 billones de pesos este año, las pensiones no contributivas, que se financian con gasto corriente, crecen a tambor batiente.
Aquí destacan las pensiones de carácter social, como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM), instituida en esta Administración.
Entre 2016 y 2024, de acuerdo con el CIEP, mientras las pensiones contributivas habrán escalado 53%, las no contributivas lo harán a un ritmo de 744%.
Enrique Díaz-Infante, director de sistema financiero del CEEY, señala que si el Estado mexicano requiere de los esfuerzos del contribuyente para el pago de las jubilaciones, una base mínima sería realizar un inventario de todo el Sistema de Pensiones.
El objetivo es que con los análisis actuariales se determine el costo exacto de las pensiones, a la par del diseño de planes para afrontarlo.
Los sistemas individuales para el retiro, las Afore, que fueron el esquema para financiar el desarrollo del país después de la crisis de pagos de 1994, enfrentan ahora un problema: A partir de enero de 2021, las personas en México pueden jubilarse con 750 semanas cotizadas y 60 años cumplidos, en lugar del requisito anterior de 1,250 semanas y 65 años.
Es decir, en la parte de las cuentas individuales de ahorro para el retiro, de contribución tripartita entre el trabajador, el patrón y el Gobierno, salta ahora la posibilidad que el Estado complete con recursos fiscales los faltantes.
“En lugar de gastar en inversión productiva gastamos en pensiones; una reforma fiscal necesariamente implica una reforma en el Sistema de Pensiones”, expone Díaz-Infante.
El CIEP señala que en 2024 quedará demostrado que los impuestos generales no alcanzan ya para cubrir los pagos a la Seguridad Social: la recaudación del IVA, el gravamen más amplio, significará recursos por 1.33 billones de pesos, por debajo del gasto total que se tiene que hacer en pensiones.
El crecimiento del gasto para las pensiones contributivas, un gasto ineludible que tienen que hacer los mexicanos, de hecho, impide destinar recursos públicos a los renglones como el de Salud, Educación, e incluso al desarrollo de Infraestructura.
“Dejas desprotegido, dejas de financiar de manera suficiente esos sectores que están relacionados con los derechos humanos” anota Alejandra Macías.
EL FACTOR PEMEX
Los expertos señalan que la empresa productiva del Estado, Pemex, ha requerido en los últimos 4 años de apoyos de capital cuantiosos de parte del Gobierno Federal debido a los serios problemas de liquidez que enfrenta sin que esto haya modificado su situación operativa y financiera.
En el balance, año tras año, la empresa tiene ya comprometidos pagos hacia salarios, pensiones y al costo financiero de su deuda, pero además tiene que operar y funcionar como lo hace cualquier otra empresa, área en done también ha reportado episodios de crisis.
“Cuando se crea el Programa de Fortalecimiento de Pemex en este sexenio se planteaba que los apoyos solamente iban a ser de 2019 a 2022”, resalta Diego Díaz, investigador del IMCO. El plan sigue vigente este año.
En el presupuesto de este año, el Gobierno Federal determinó contabilizar, por primera vez, los montos que destinará a Pemex en ese ejercicio, del orden de los $145,000 mdp.
Tomando en cuenta todos los desembolsos realizados a la petrolera en el sexenio, el IMCO estima que los apoyos a Pemex en el sexenio asciende a $1.50 billones de pesos.
En contrapartida, las contribuciones de Pemex hacia el Estado mexicano son cada vez menores: el principal impuesto que la petrolera paga a la Federación, el DUC (tasa de utilidad compartida) ha caído de niveles de 65% con el que cerró 2019 a 35%.
Díaz expone que si bien el peso de Pemex en una reforma fiscal estructural es ineludible, las inercias en torno a un nombre de tanta carga histórica y nacionalismo llevan a pensar que es uno de los asuntos más serios a resolver.
Pemex es además uno de los principales empleadores de México, con una plantilla de 120,000 trabajadores, donde una parte relevante es personal de base sindicalizado.
Díaz-Infante, del CEEY, que se involucró en el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en el sexenio de Felipe Calderón, indica que en Pemex habría que dar un golpe de timón, lo que significa escindir la empresa en dos, el Pemex bueno y el Pemex malo, donde habría que liquidar lo que no sirve para que dejar de ser un lastre en las Finanzas Públicas.
El 9 de febrero de este año, Moody´s volvió a degradar la calificación de la petrolera, de “B1” a “B3”, y la mantuvo con Perspectiva Negativa. La agencia también rebajó la Evaluación de Crédito Basal de Pemex, lo que refleja mayores necesidades de liquidez de la petrolera más endeudada del mundo dentro de su sector, un mayor costo de capital, y abultados vencimientos para los siguientes 2 a 3 años.
“La compañía enfrentará mayores riesgos de negocio al continuar ampliando su capacidad de refinación y al tratar de incrementar su producción”, aseveró.
También te puede interesar: REPORTAJE || Intactos, contratos transexenales para operar reclusorios atentan contra derechos humanos
