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Por Claudia Villegas
Fueron 17 las plantas generadoras de electricidad las que entre el 7 y el 8 de mayo enfrentaron paros en sus operaciones generando cortes a la energía en diferentes puntos del país. La historia comenzó en Altamira, Tamaulipas, en las centrales Altamira III y Altamira VI.
El cambio climático y uno de los periodos más calurosos en el territorio nacional, la supuesta falta de inversión y sacar a privados que generan energías sustentables fueron las primeras razones que se encontraron en la opinión pública para explicar los temidos apagones y, digo “temidos”, porque desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se planeó la apertura del sector eléctrico en trabajos que condujo José Córdoba Montoya, se argumentó que con el Tratado de Libre Comercio el crecimiento de la economía exigiría una mayor participación del sector privado porque, desde el Presupuesto Público, no habría recursos suficientes para financiar la expansión de la generación de electricidad.
Fue entonces cuando se modificaron leyes y, específicamente, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se promulgó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que permitió la participación del sector privado en la generación eléctrica. Así, en el servicio no público de energía eléctrica establece diferentes modalidades de generación privada de electricidad. Fue de esta forma que comenzó la historia de los participantes privados en el sector eléctrico. Después, durante los gobiernos panistas se afinó la mira para los intereses empresariales y se autorizaron esquemas de generación de electricidad que permitían entrar en una extraña competencia con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y digo extraña porque se simularon supuestas sociedades en participación para vender a terceros electricidad, pero siempre usando las líneas de transmisión de la CFE. Después, se impulsó el derecho para que los privados que generarían electricidad más limpia, verde y respetuosa del medio ambiente, pudieran vender el fluido eléctrico a la CFE. Entregarlo a CFE para que lo usara antes que otras energías sucias como las que se generaban en plantas de la empresa productiva del Estado. Buenas intenciones y muchos intereses.
Durante este gobierno, se promulgó una legislación para revertir el avance de la participación privada que afectó a la Empresa Productiva del Estado. Considerar a la CFE como una entidad rectora del sector eléctrico y replantear los derechos adquiridos por los privados gracias a las legislaciones priistas y panista, fue el propósito de la ley que se declaró inconstitucional. No fue una batalla corta. Prácticamente todo el sexenio se fue en esta batalla por el mercado eléctrico.
Por ello, los “apagones”, en medio – además – de las semanas previas a la elección resultaron más que oportunos. Entre otras cosas, permitieron recuperar la advertencia de que ahora sí se cumpliría el presagio: a mayor crecimiento, mayor demanda de electricidad. La relocalización de cadenas productivas está impulsando la economía y no estamos listos.
Este es el contexto, pero los nuevos datos, los apagones que iniciaron el pasado 7 de mayo tienen que ver, en esta ocasión, con un evento “atípico”, como lo describió el Centro Nacional de Energía (CENACE) y que no estaría relacionado con menor generación o problemas de transmisión. La demanda en los días de apagones fue de 47,234 Mega Watts y la demanda máxima que se ha operado es de 53,000 Mega Watts.
La CFE lo confirmó y aseguró que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) no enfrenta riesgos, que no hubo suspensión del suministro de electricidad. La CFE aseguró que ha sostenido reuniones técnicas con el CENACE que, el 11 de mayo, informó que tuvo que generar una alerta en la zona de La Huasteca luego de que un “generador privado” salió de operación. Este generador privado forma parte de las plantas que se nacionalizaron y que pertenecían a Iberdrola, una operación que sumó 6,000 millones de dólares para mexicanizar esta infraestructura.
La salida de operación de esta planta Altamira le restó al sistema 350 Mega Watts al sistema, lo que puso en riesgo 1,100 Mega Watts. El problema fue que el sistema está interconectado, por lo cual fue necesario tomar medidas preventivas para mantener la estabilidad del suministro a los consumidores. Es cierto que esta planta que ahora administra el FONADIN con el fondo Mexico Infraestructure Partners (MIP) sólo detonó la necesidad de la alerta por parte del CENACE.
Las 17 plantas salieron después. Les cuento: La central, que consume gas natural y que opera en paquete Altamira III y VI, salió del sistema a las 16:05, constituyendo “la primera perturbación”. Después salió una planta que opera directamente la CFE, la central Villa de Reyes U6 en San Luis Potosí cuya operación depende de gas natural, combustóleo y diésel. Después salió otra central bajo la gestión de MIP, que también formaba parte del paquete de las plantas de Iberdrola, la conocida como Dulces Nombres que opera con gas natural.
Fue en 2022 cuando el CENACE desconectó, ante el vencimiento de su permiso para operar en el régimen legado de autoabasto, la central de cogeneración eléctrica llamada Enertek de Iberdrola, también en Altamira, Tamaulipas. El CENACE puede desconectar una central, como lo hace un regulador por razones administrativas, o como sucedió el 7 de mayo para salvaguardar el sistema. Otra de las razones para generar una alerta crítica, según el CENACE, puede ser el racionamiento de gas natural importado de Estados y las dos plantas de FONADIN-MIP operaban con gas natural. Un dato a observar. Hasta aquí los datos para analizar qué sucedió desde el pasado 7 de mayo porque si es cierto que estos apagones fueron resultado de la falta de inversión de CFE y de la regulación que sacó del mercado a más participantes privados, entonces cómo podemos explicar que fuera una planta que operaba la española Iberdrola la que detonara esta primera perturbación.
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