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Según el CEESP, la autosuficiencia gubernamental requiere recursos “que el erario no tiene” pues están comprometidas en programas sociales.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) resaltó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de la Industria Eléctrica y recordó que el gobierno no puede solo en materia energética.
En su análisis económico semanal, el CEESP expuso que “el funcionamiento del sector eléctrico es una condición necesaria, imprescindible para el desarrollo del país”.
Sin embargo, “suponer que el gobierno puede ser autosuficiente para operar y financiar el desarrollo del sistema eléctrico, en particular, y del sector energético, en general, implica serios riesgos para el país”.
Esto, porque “se debe tener en cuenta que para ello requiere de una gran cantidad de recursos que el erario no tiene y que las fuentes de recursos públicos están comprometidas en programas sociales”.
Por todo lo anterior, “celebramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus fallos, haga prevalecer el mandato de la Constitución Política de México, privilegiando el interés de todos los mexicanos”.
De acuerdo con el CEESP, “es evidente que para que la inversión impulsada por el TMEC y por la relocalización propicie mayor valor agregado nacional y una mayor demanda y más esparcida geográficamente a lo largo del país se requieren políticas que propicien un entorno de certidumbre, incluida la regulación pro-competitiva del sector eléctrico”.
“En este contexto —continuó— consideramos que el fallo de la Corte resalta la vigencia de una política de energía más eficiente, que garantiza la seguridad en la generación, transmisión y distribución de electricidad y la disponibilidad de hidrocarburos a lo largo de todo el territorio nacional a un menor costo ambiental”.
“La generación, transmisión y despacho de electricidad es fundamental, primero, para la actividad económica, dado que incide prácticamente en todos los sectores y procesos productivos y, segundo, para la calidad de vida de los hogares”, resaltó el CEESP.
Finalmente, el CEESP reconoció que otro efecto favorable de que se haya eliminado la Ley de la Industria Eléctrica es que “prácticamente deja sin materia y objeto la controversia que Estados Unidos y Canadá formularon en el marco del TMEC por considerar que la ley reflejaba un trato discriminatorio en el marco del tratado al favorecer el despacho eléctrico de la estatal CFE, tal como lo expresó y reconoció la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro”.
