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Los recursos del programa estrella del López Obrador serían 138.5% superiores a lo presupuestado para el presente año.
El programa estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el de Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, demandará 2.08 billones de pesos en el 2050.
Esto representa un incremento de 138.5% contra lo presupuestado para el presente año, cuando se canalizaron al programa un total de 4656,000 millones de pesos, de acuerdo con una estimación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Según el IMCO, la reforma en materia de pensiones enviada al Congreso por el presidente López Obrador “tiene implicaciones fiscales, económicas y un impacto para las generaciones futuras que no se mencionan en la justificación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal”.
Además, “según las proyecciones del Conapo, en 2050 la razón de dependencia por vejez en México será de 25.7%. Esto significa que por cada 100 personas en edad laboral (15 a 64 años) en ese año, habrá 25.7 personas de 65 años o más, el doble de la cifra actual (12.8 personas)”.
El IMCO recordó que, en la iniciativa de López Obrador, se propone reducir de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado mexicano una pensión no contributiva, la cual se financiará con cargo al erario.
Además, se establece la obligación del Estado mexicano de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (16,777.68 pesos).
Esto sin importar los fondos que dichos trabajadores acumularon a lo largo de sus trayectorias laborales en las cuentas de ahorro para el retiro gestionadas por las administradoras de fondos para el retiro (Afores).
Para financiar lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conformaría un fondo compuesto por diversas fuentes como los ahorros por desaparecer los organismo autónomos —que ha sido rechazada por los partidos de oposición—, ahorros por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial —rechazado por la Suprema Corte—, los recursos de las subcuentas de retiro de trabajadores del IMSS y del Infonavit.
Sin embargo, el IMCO consideró que “aunque el Ejecutivo no estima el costo fiscal asociado a estas iniciativas, ni su evolución a mediano o largo plazo, la aprobación de estas reformas implicaría que el Estado mexicano asuma un pasivo contingente que se incrementará al ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país, el cual será significativo a lo largo de los siguientes años”.
Esto por que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que en los próximos 26 años la población de personas de 65 años y más se duplique, aumentando de 11.2 millones en 2024 a 26.8 millones en 2050.
“Ante esta omisión por parte del Ejecutivo, el IMCO estimó que el costo para el erario de otorgar una pensión no contributiva a todas las personas mayores de 65 años en 2050 ascenderá a 2.08 billones de pesos: monto 138.5% mayor, en términos reales, al costo estimado para 2025 (417.4 mmdp)”, alerto el IMCO.
A esto se debe sumar que el fondo de la Secretaría de Hacienda se conformará con ahorros “de una sola vez” como la eliminación de los fideicomisos.
“Esto representa una limitante, ya que, de no recibir recursos constantes y estables, el Fondo sería incapaz de cubrir los nuevos compromisos a largo plazo que adquirirá el Estado en materia de pensiones”, continuó el IMCO..
Además, “es importante señalar que estos compromisos financieros a perpetuidad se adquirirían en un momento crítico para las finanzas públicas del país, ya que se estima que en 2024 el sector público federal incurrirá en el mayor déficit como proporción del producto interno bruto (PIB) registrado desde 1990: 5.1% (1.74 billones de pesos).
