Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 50 segundos
La figura del impedimento de ministros y magistrados es una táctica dilatoria que las filiales de Grupo Salinas, a quien pertenece Total Play, han utilizado repetidamente durante años para retrasar la resolución de juicios, tanto en la Corte como en los tribunales colegiados de circuito.
Total Play Telecomunicaciones, empresa de Grupo Salinas, promovió el impedimento de un ministro de la Corte para alargar el pago de una deuda fiscal de 646 millones de pesos (mdp) consignó en una nota publicada el martes el diario Reforma.
La información indica que la empresa planteó el impedimento del ministro Luis María Aguilar, quien había listado para el 10 de enero pasado en la Segunda Sala de la Corte el rechazo a un amparo contra este crédito fiscal fincado por el SAT en diciembre de 2015, es decir en la pasada Administración Federal, derivado de supuestas omisiones en el pago de ISR del ejercicio fiscal de 2011.
El proyecto confirma que Total Play aplicó indebidamente deducciones por conceptos como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, pérdidas por cuentas incobrables y gastos de viaje, capacitación y ropa de trabajo, entre otros.
El impedimento de ministros y magistrados es una táctica dilatoria que las filiales de Grupo Salinas han utilizado repetidamente, durante años, para retrasar la resolución de juicios, tanto en la Corte como en los tribunales colegiados de circuito.
En junio de 2020, por ejemplo, Elektra, también filial del Grupo Salinas, promovió con éxito el impedimento de la ministra Margarita Ríos-Farjat, exjefa del SAT, en un amparo contra un crédito de 2,635 mdp, con lo que prolongó el juicio hasta enero de 2022.
Ahora, se desconoce públicamente el argumento de Total Play para plantear el impedimento de Aguilar.
El año pasado, este mismo ministro fue objeto de fuertes ataques por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber planteado a la Corte la atracción de cuatro amparos directos de Elektra, en los cuales se disputan 26,806 mdp.
Esa atracción fue rechazada por la Segunda Sala, a diferencia del amparo de Total Play, que fue atraído en febrero de 2020 a petición de un tribunal colegiado.
Este no es el único crédito fiscal de Total Play en disputa. La empresa también litiga contra otro de 859 mdp, por el ejercicio de 2012, en el cual desde 2017 ofreció como garantía al SAT el embargo de sus bienes muebles, incluida la fibra óptica, licencias y software. Pero el Gobierno impulso una reforma al Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor en 2021, por la cual se dejaron de aceptar bienes intangibles para garantizar deudas por impuestos.
En junio de 2021, el SAT rechazó seguir aceptando este tipo de bienes para ampliar la garantía que Total Play tiene que ofrecer sobre la deuda pendiente, con lo que sólo quedaron cubiertos 366 de los 859 millones de pesos.
La empresa impugnó esta reforma y su amparo está a revisión en la Corte desde mayo de 2023.
La semana anterior, la calificadora internacional Fitch Ratings degradó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR, por sus siglas en inglés) de Total Play Telecomunicaciones, así como la de una emisión de deuda garantizada que vence entre 2025 y 2028.
A septiembre de 2023, el operador de telecomunicaciones tenía un efectivo disponible y equivalentes de 1,700 mdp, así como un efectivo restringido por un monto de 3,800 mdp. Lo anterior exhibía un déficit frente a los vencimientos de deuda de corto plazo de la empresa, por 9,400 mdp.
