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Según el IMCO, las obras de Sedena se han dado entre opacidad y reservas de información por “seguridad nacional”.
Hospitales, cuarteles, unidades habitacionales, puentes, sucursales bancarias, acueductos, aeropuertos y el Tren Maya… si a una constructora le ha ido bien en el actual sexenio, es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) entre 2019 y 2023, la Sedena ha participado en 2,823 obras civiles y militares cuando, entre 2006 y 2018 —los sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos— la cifra fue de solo 851.
El IMCO refiere que las obras de la Sedena se dan bajo dos esquemas.
En primer lugar están las obras públicas con bienes propios, las cuales ascendieron a $2,449 millones de pesos; es decir, el 2% de su gasto total.
“Las obras públicas en bienes propios de la Sedena que se transparentaron en 2022 suman un monto equivalente a 67% del gasto total reportado en la Cuenta Pública con este concepto. El restante 33% del monto en obra pública se reserva con fundamento en el Título Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) o corresponde al pago de obras concluidas en periodos anteriores”, detalló el organismo.
La segundo modalidad —el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar o FPAPEM— representó $36,798 millones —25% de su gasto— solamente en el 2022.
En lo que se refiere a los recursos de obra ejercidos a través del FPAPEM, es posible observar un incremento significativo en su saldo disponible en 2019. “Sus egresos, sin embargo, no siguieron la misma tendencia hasta 2021, periodo en el que se gastaron 31 mil 874 millones de pesos destinados, en su mayoría, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En 2022 y 2023 estos niveles de egresos se han mantenido en un nivel inferior —pero alto— y es imposible conocer cómo se ejercieron esos recursos”.
Es decir, casi $40,000 millones de pesos.
No obstante, “el mayor monto dedicado a obra pública que ha gestionado la Sedena desde 2019 proviene de recursos de otras instituciones que son entregados a dicha Secretaría a través de convenios de colaboración. Esta modalidad ha permitido su participación en la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar, hospitales civiles y la construcción y gerencia de acueductos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.
Esto significa que el monto total transferido a través de convenios de colaboración con la Sedena para desarrollar obra pública entre 2019 y 2022 es de, al menos, 191 mil millones de pesos”.
Lo peor, añade el organismo, es que las obras de la Sedena en la actual administración se han desarrollado en medio de opacidad en el uso de los recursos públicos, falta de transparencia en sus convenios de colaboración y reservas de información bajo el argumento de la seguridad nacional.
“La construcción de obras civiles se desarrolla en un contexto de opacidad en varios aspectos”, consideró el IMCO.
“Primero, no es posible conocer, de forma completa y detallada, las condiciones en las cuales la Sedena subcontrata a otros actores para cumplir con los tiempos en los proyectos de obra pública. En segundo lugar, existe opacidad en los recursos que la Sedena destina a la construcción de obras para otras instituciones públicas bajo la figura de convenios de colaboración”.
“La gestión de obra pública de la Sedena no solo ha sido opaca en el ejercicio de recursos públicos, sino que ha tenido irregularidades como pagos indebidos, tanto en la adquisición de materiales como en la nómina”, alerta el IMCO.
Un ejemplo de ello “fueron los pagos irregulares” a trabajadores temporales que participaron en la “Construcción del Centro Deportivo Sedena en UHM Chihuahua, Ciudad de México. “Estos pagos, que incluían compensaciones, premios de asistencia y bonos de puntualidad, no estaban especificados en los contratos individuales de trabajo ni en el acuerdo formal de gestión laboral”.
