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Luego del embate de Otis en los principales municipios de Guerrero, no será suficiente la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional. Aunque la GN ya tiene presencia en 38 colonias de Acapulco, analistas de la firma BlackIND consideran que el puerto enfrenta igual que siempre – pero exponenciado por la tragedia ambiental – problemas de violencia y robo.
La GN se limita a labores de presencia y patrullaje ppero sin el acompañamiento de las policías estatal y municipal, que son las que tienen las atribuciones pero en los hechos no figuran. Aún más, BlackInd considera que el nuevo despliegue no tendrá capacidades de análisis e investigación in situ que permitan identificar y combatir la estructura de los grupos que continúan operando, mucho menos de aquellos que seguramente surgirán en el corto plazo, ya sea nuevos o producto de escisiones de los ya existentes.
Es urgente, dijo la firma que dirigie Luis Miguel Dena, fortalecer los esfuerzos tanto público como privados para respaldar a la población del estado de Guerrero y en particular de Acapulco.
“Las autoridades federal, estatal y municipal sólo realiza declaraciones políticas y buenos deseos en el sentido de que las cosas van a mejorar en el corto plazo, pero en realidad no existe siquiera un diagnóstico serio de la crisis, por lo que tendrá que abordarla desde diferentes aristas, una de ellas la de la seguridad”, dijo la firma en un comunicado.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano en materia de seguridad consideró necesario aportar soluciones para atender el problema de Acapulco.
Apuntó que la situación crítica por la que atraviesa el Puerto desnudó la realidad; no hay instituciones que protejan a los mexicanos. “Va a costar mucho dinero reconstruir las instituciones, porque se descuidaron”, dijo durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados de un estudio sobre la situación de seguridad que vive Acapulco realizado por BlackInd.
Y alertó: “Donde se deja un espacio vacío alguien lo va a llenar y en el caso de Acapulco podría ser la delincuencia. Los delincuentes son actores económicos que se mueven dónde hay dinero y si es en efectivo con mayor razón”.
Para los habitantes de Acapulco nada será igual mientras la llegada de recursos económicos y apoyos en especie para la reconstrucción de la infraestructura hotelera, de negocios y vivienda, y en general de la vida del puerto, abren la posibilidad de que parte de ellos terminen en manos de los grupos delictivos de manera indirecta o directa.
En un primer momento y mientras se reconstruyen los mercados ilícitos de las drogas ilegales, secuestro, armas de fuego y trata de personas, buscarán tomar el control total de la extorsión y el cobro de piso, así como la distribución de materiales para construcción, energéticos (gas, gasolina y diesel), abarrotes y agua para uso doméstico (pipas), sobre todo en las colonias más apartadas del puerto, a esas a las que la ayuda del gobierno tardará más en llegar.
Un mercado ilícito intangible que será aprovechado por los grupos delictivos, es el del servicio de transporte público, taxis formales e informales (tolerados o piratas), además de vagonetas y autobuses urbanos y suburbanos, incluidos algunos turísticos, los cuales reportan cuotas a los grupos delictivos disfrazadas de aportaciones sindicales, para la operación diaria, para la supervisión y despacho de unidades, para los seguros (mutualistas) o de cajas de ahorro.
Uno más que será explotado en el corto plazo es el del mercado del empeño o préstamos dejando prendas en garantía, ya que una significativa cantidad de artículos electrónicos, joyas, vehículos y enseres domésticos carecen de facturas u otros documentos que amparen la legal propiedad porque se perdieron en el huracán, con mayor razón luego de los saqueos. A estos habría que agregar los artículos nuevos que resulten del robo de las tiendas de autoservicio o la necesidad deempeñar aquellos que el gobierno recién haya entregado.
No debe descartarse que el mercado de la chatarra o material de reciclaje, en particular los metales ferrosos y no ferrosos, también sea motivo de disputa entre los grupos delictivos, tomando en cuenta la cantidad y tamaño de los inmuebles que tendrán que ser reconstruidos en sus fachadas, lo que generará grandes cantidades de este tipo de material.
Y abundó de manera directa porque varios de sus familiares y una buena parte de su “base social” serán beneficiarios de los programas sociales que son entregados en efectivo, lo cual les permitirá subsistir en tanto se recuperan las actividades económicas formales e informales del puerto que den vida a los mercados ilícitos, en las cuales han estado sustentados durante los últimos años.
Por lo que respecta al papel de las autoridades federal, estatal y municipal, sus esfuerzos seguirán concentrados en la articulación de los programas ya anunciados, sin embargo, estos tardarán en madurar por lo menos de aquí a que concluye este sexenio y mientras tanto no se apartarán de la estrategia económica y de seguridad que están en marcha.
En esta coyuntura, consideró, se vuelve relevante la participación de las empresas de seguridad privada y ciberseguridad como coadyuvantes de la autoridad para garantizar la continuidad del negocio, desde las que tienen que ver con vigilancia física y cibernética de infraestructura crítica, diseño y operación de Centros de Inteligencia Corporativa, para anticipar los riesgos y retos a los modelos de negocios.
El diagnóstico
Los expertos de BlackInd comentarios que en materia de homicidio doloso, después de una década de cifras absolutas por arriba de las 2 mil víctimas por año, a partir de 2020 el estado de Guerrero registró una sensible reducción hasta llegar a las 1 mil 500 víctimas anuales, fenómeno que solo es explicable por el hecho de que el precio y la demanda de la goma de opio disminuyeron ante la llegada de las drogas de diseño, las metanfetaminas y el fentanilo, lo cual cambió la dinámica de dicho mercado ilícito y de paso la violencia en comparación con años anteriores.
Ante estos cambios, los grupos delictivos dedicados a estos ilícitos ajustaron sus estructuras y sus mercados, optando por las actividades de narcomenudeo el cual paso de 349 casos en la entidad guerrerense a 1 mil 73 en 2021, disminuyendo un sensiblemente en 2022 a 791 casos, pero con suficiente evidencia de que repuntará ya que a septiembre de 2023 van acumulados 651 casos.
Otros delitos en que incursionaron estos grupos delictivos en los últimos 9 años fue la extorsión que pasó de 150 en 2015 a 281 en 2022, y el cobro de piso, cuyos registros aún se incluyen en los de extorsión, por lo que no existe información sólida y desagregada. Además, extorsión y cobro de piso son delitos que presentan una alta cifra negra, cercana al 100%, por lo que tomar como única referencia estos datos para aproximarse al fenómeno y su solución, por ahora es insuficiente.
El único delito que mostró una sensible baja de 2015 a la fecha fue secuestro, que pasó de 110 en 2015 a 19 en 2022. Lo anterior en virtud de que, comparado con la extorsión y el cobro de piso, éstos últimos han sido más redituables ya que no hay necesidad de invertir en casas de seguridad y cuidado de la víctima mientras dura el cautiverio.
Actualmente las víctimas son más invisibles porque se trata de migrantes que tampoco tienen tantos recursos como las víctimas de antes.
Respecto al robo de vehículo, si bien podrían redituarles ganancia alguna, en la práctica no les es tan atractivo ya que si necesitan vehículos robados, los adquieren de grupos que se dedican a ello y no pierden el tiempo robándolos. El robo a negocio y a casa habitación definitivamente están fuera de su giro.
En cuanto a la presencia en Acapulco y toda la entidad guerrerense de grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, narcomenudeo y delitos conexos, históricamente el puerto y municipios cercanos, han sido utilizados como su base de operaciones aprovechando el flujo del turismo nacional y en su momento el internacional, que a su vez genera mercados ilícitos que ha ido evolucionando desde la simple compra-venta de la droga en los “giros negros” hasta el cobro de derecho de piso en los establecimientos informales y recientemente el control territorial, que ahora incluye actividades económicas formales ajenas a las drogas pero que al quedar dentro de sus áreas de influencia las extorsionan para incrementar sus ganancias.
Estas actividades al margen de la ley no serían posibles sin la colaboración pasiva y en ocasiones activa de algunos servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal a nivel individual a lo largo de las últimas casi tres décadas, pero con mayor razón a parir de los inicios del actual milenio.
En un primer momento las autoridades jugaron un papel de espectadores pero conforme fue pasando el tiempo la dinámica de infiltración y cooptación las fue absorbiendo y algunos funcionarios estatales y municipales terminaron siendo actores de lo que en teoría deberían combatir.
Esa ha sido y es la dinámica de actuación de los grupos dedicados al tráfico de drogas y narcomenudeo que operan en Acapulco, misma que no ha sido posible contrarrestar por las autoridades debido a su falta de coordinación, pero sobre todo la dificultad para incorporar a la sociedad civil organizada en la solución de los problemas de violencia que hoy tienen al puerto a merced de los grupos delictivos, quienes tácitamente tienen marcadas sus áreas de influencia y todos los días se enfrentan asesinándose entre ellos para ampliarla en términos de territorio y de actividad económica ilícita, la cual incluye drogas, mercancías de alta demanda como abarrotes y energéticos, y algunos servicios, entre ellos el transporte público.
Hasta el año 2009, en Guerrero operaba el Cártel de los Beltrán Leyva como escisión del Cártel de Sinaloa (Acapulco y una parte de la Costa Grande), Los Zetas en alianza con los Beltrán Leyva (Acapulco), Cártel de Sinaloa (Petatlán) y Cártel de Juárez de los Carrillo Fuentes (Costa chica).
De acuerdo con información que ha hecho pública el gobierno federal en los últimos dos años y la difundida por el autodenominado grupo “guacamaya leaks”, que no es más que resultado del trabajo de los órganos de inteligencia civil y militar en su fase de integración de datos (la mayoría eran avances y no productos de inteligencia acabados), los grupos delictivos que operaban en el estado de Guerrero al momento de que se suscitó el Huracán “Otis”, son los siguientes.
- Cártel de los Beltrán Leyva (remanentes)
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel del Sur
- Gente Nueva
- Guerreros Unidos
- Cártel Independiente de Acapulco (CIDA)
- Guardia Guerrerense
- La Familia Michoacana
- Los Ardillos
- Los Caballeros Templarios
- Los Cornudos
- Los Viagras
- Sangre Nueva Guerrerense
En Acapulco de manera particular tenían presencia los siguientes grupos:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Cártel de Sinaloa
- Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Su área de influencia abarcaba las colonias Morelos, Bella Vista, Mozimba, Centro, Cuauhtémoc, Las Playas, Emiliano Zapata y Ciudad Renacimiento. Sus principales actividades ilícitas eran tráfico de drogas, narcomenudeo, secuestro, extorsión, cobro de piso y eventualmente robo de vehículo.
- Los Rusos. Su área de influencia comprende la zona de Acapulco Diamante, así como las colonias El Coloso, Colosio, Cayaco, Jardín, Costa Azul, Progreso y Alta Progreso. Sus principales actividades ilícitas eran tráfico de drogas, narcomenudeo, secuestro, extorsión y cobro de piso.
Los daños a la infraestructura hotelera, de vivienda y de comunicaciones, así como a la economía y tejido social del puerto de Acapulco causados por el Huracán “Otis” modificaron la estructura orgánica y fuentes de ingreso de dichos delictivos, sin embargo es evidente que desde el siguiente día ajustaron su estrategia y táctica para sacar el mejor provecho de la crisis, por lo que habrá que estar atentos a su evolución, partiendo de la premisa de que los espacios que la autoridad no sea capaz de cubrir, ellos los capitalizarán con miras a consolidar su control territorial y base social.