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Los incentivos fiscales anunciados la semana pasada afectan particularmente a las pequeñas empresas y a las regiones más atrasadas, dice el CEESP.
El paquete de incentivos fiscales anunciado la semana pasada por la Secretaría de Hacienda para incentivar la relocalización de inversiones o nearshoring, es discriminatoria y excluyente, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis económico semanal, el CEESP recordó que el gobierno federal adoptó una política industrial con incentivos fiscales para diez sectores, “mediante incentivos fiscales como la depreciación acelerada o inmediata de las inversiones de diversos tipos”.
Los sectores sujetos de los incentivos fiscale son productos destinados a la alimentación humana y animal; fertilizantes y agroquímicos; materias primas para la industria farmacéutica; componentes electrónicos diversos; maquinaria de relojes, instrumentos de medición, control y navegación, y equipo médico; baterías, acumuladores, cables, enchufes y otros productos de electricidad; motores de para automotores con diversas tecnologías; equipo electrónico y sistemas y componentes para automotores; motores de combustión, turbinas y transmisiones para aeronaves; y equipo no electrónico para usos médicos, de laboratorio y dentales, además de productos para la producción de obras cinematográficas o audiovisuales
Además, establece que los incentivos ficales aplicarán “cuando estos contribuyentes se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes que se señalan, y además los exporten”.
Esta medida de aplicar incentivos fiscales “es discriminatoria al seleccionar sólo algunos sectores de la economía”.
Por ello “es excluyente, al no considerar otros sectores, particularmente los no exportadores, los menos avanzados y los que menos se han aprovechado de las ventajas de la apertura en el pasado”, donde abundan las micro, pequeñas y medianas empresas.
Dicha exclusión “naturalmente aplica a regiones también menos favorecidas por la apertura” .
En opinión del CEESP, “esta política industrial selectiva implica riesgos, ya que parece ser violatoria del código de subsidios y subvenciones de la Organización Mundial de Comercio, al que se acogen nuestros socios comerciales, notablemente Estados Unidos y Canadá”.
Empresas o incluso los gobiernos de estos países podrían impugnar la medida “ya que los incentivos fiscales sólo aplican a las exportaciones. Son subsidios a la exportación, que están prohibidos”.
