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Este miércoles la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) denunció que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024 contempla dos proyectos con esa práctica extractiva por 4 mil 063 millones de pesos: “Aceite Terciario del Golfo (ATG)” y “Aceite y Gas en Lutitas”, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que está prohibida.
En este sentido, a través de un comunicado, la AMCF señaló que a lo largo de esta administración se mantuvo una inyección constante de recursos al fracking y, si bien reconoció que si los recursos destinados para esta práctica se reducirán en un 50 % para 2024, consideró que es tiempo de prohibir “métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua”.
La AMCF añadió que es preocupante que se mantengan proyectos y se sigan asignando recursos a esta tecnología peligrosa y ya prohibida en otros países como Francia, Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.
Agregó que en 2020 la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) “reconoció la existencia de seis asignaciones petroleras con planes de exploración en yacimientos no convencionales en diversas áreas, y que se habrían perforado al menos 27 pozos horizontales con fracking“.
Ante esto, AMCF expuso que, a pesar de esta contradicción, “la actual Administración aún tiene tiempo de cumplir, ya que le quedan 12 meses para emitir un decreto o ley que prohíba esta tecnología”, pues según explicó el fracking “requiere enormes cantidades de agua, por lo que destinar agua para este propósito en un país con estrés hídrico como México y en un contexto de crisis climática “no es aceptable”.
Aunado a esto, detalló que el agua utilizada se mezcla con sustancias químicas de alta toxicidad para los seres vivos, incluyendo las personas, y “una parte importante de esta agua contaminada se va al subsuelo y puede contaminar otros acuíferos”. Además de que durante la práctica se producen fugas y derrames y emisiones que contaminan el aire, el agua, las tierras de cultivo y pastura, que se suman a la sismicidad inducida por esta práctica.
“El fracking afecta los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la tierra, al territorio, a alimentación y a la vivienda adecuada para la población”, señaló la AMCF.
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