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En los últimos años, organismos estadounidenses han visto un aumento en el uso de internet y monedas digitales para facilitar la venta y distribución ilegal de narcóticos, armas de fuego y sus partes, tecnologías, información de identificación personal y otro contrabando, por ello Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Arizona se asoció con un fiscal de los EE. UU. y otros socios federales para lanzar formalmente el Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force.
De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), la misión de Darknet Marketplace y Digital Currency Crimes Task Force es interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales que explotan la apariencia de anonimato en la darknet o utilizan la moneda digital para facilitar actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el robo de información personal y el abuso de menores. explotación.
A medida que estas actividades y empresas delictivas se han vuelto más sofisticadas, las herramientas, los recursos y la inteligencia de aplicación de la ley han tenido que adaptarse, por ello ICE dio a conocer que la alianza también contempla proporcionar una mayor colaboración, mejorar los recursos e interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales que utilizan estas tecnologías nuevas y emergentes.
Las partes del memorando de entendimiento también acordaron que la capacidad de investigación única de Darknet Marketplace y Digital Currency Crimes Task Force atenderá las necesidades de todas las comunidades dentro del distrito de Arizona.
Entre los socios federales se encuentra el agente especial a cargo de Arizona de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) Scott Brown, el fiscal federal Gary M. Restaino, el agente especial a cargo de investigación criminal del IRS Al Childress, el agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas de EE. El inspector interino a cargo del Servicio de Inspección Postal, Greg Torbenson, firmó un memorando de entendimiento en memoria del Darknet Marketplace y el Grupo de trabajo sobre delitos de moneda digital.
Desde 2017, estos socios federales se han centrado en los vendedores de drogas de la red oscura y los delitos relacionados con las criptomonedas. Entre los procesamientos más significativos está:
- Estados Unidos contra Ruelas, et. Alabama. Silvester Ruelas, Kevin Dean McCoy, Amber Nicole Worrell y Peggy V. Gomez conspiraron juntos para traficar heroína, metanfetamina y cocaína en la darknet. Durante la investigación, los agentes del orden confiscaron en la residencia de Ruelas y posteriormente decomisaron nueve armas de fuego; varios lingotes de plata, oro y platino; joyas variadas, incluidos tres relojes de alta gama; y un anillo de Super Bowl de los Seattle Seahawks. El tribunal condenó a Ruelas a 240 meses de prisión, McCoy a 180 meses de prisión, Worrell a 120 meses de prisión y Gómez a 60 meses de prisión. Liliana Sibirian Gómez también fue acusada con los demás, se declaró culpable de posesión con intención de distribuir y fue sentenciada a 24 meses de prisión. El último acusado en el caso fue sentenciado en 2021.
- Estados Unidos contra McCoy, et. Alabama. Charles McCoy, Lauren Rempel y John Barnhill conspiraron para distribuir fentanilo a través de la dark web. Los clientes pagaron en criptomonedas y McCoy y Rempel lavaron las ganancias del delito a través de un intercambio de criptomonedas. El tribunal condenó a McCoy a 180 meses de prisión, Barnhill a 72 meses de prisión y Rempel a 87 meses de prisión. El último acusado en el caso fue sentenciado en 2023. Este enjuiciamiento es parte de una investigación del Grupo de Trabajo de Control de Drogas contra el Crimen Organizado.
- Estados Unidos contra Cummings. Michael Brian Cummings vendió píldoras azules M-30 que contenían fentanilo en la web oscura con el nombre de proveedor “PillPlugPaul”. Se declaró culpable de posesión con la intención de distribuir y accedió a confiscar todas las computadoras y teléfonos celulares utilizados en el delito. Su sentencia está programada para el 31 de julio de 2023 ante el juez federal de distrito Dominic W. Lanza.
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