Minoritarios de Southern Copper demostraron que contratos ferroviarios estaban inflados para favorecer a Grupo México

Minoritarios de Southern Copper demostraron que contratos ferroviarios estaban inflados para favorecer a Grupo México
Minoritarios de Southern Copper demostraron que durante décadas Grupo México influyó para inflar contratos que afectaron a minoritarios

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Luego de que un grupo de inversionistas minoritarios de la minera Southern Copper demostró que su accionista mayoritario, Grupo México a través de su filial Americas Mining, favoreció con contratos inflados su negocio ferroviario, una corte de Delaware determinó una indemnización de 24.5 millones de dólares para los accionistas afectados.

La sentencia se dictó en firme en febrero de 2021, de acuerdo con el documento resolutorio luego de dos años de litigios en los que la inversionista Carla Lacey en representación de un grupo de minoritarios acusó a Grupo México de conspirar con la administración de Southern Copper para beneficiar a otras subsidiarias del corporativo que encabeza Germán Mota Larrea como Ferromex, lo que perjudicó sus dividendos. Los inversionistas minoritarios encontraron además que la posición monopólica de Ferromex en sus mercados permitió justificar el sobre precio en los contratos. En la demanda se establece que Ferromex controla poco más del 57% de las vías férreas disponibles en el país.

“Ferromex utiliza su poder monopolístico para fijar tarifas injustamente elevadas para
servicios de transporte sin negociación aunque el transporte de camiones
misma ruta resulten entre el 5% y el 15% más barato que el ferrocarril. Filiales de Southern Copper también contrataron con Ferromex servicios para financiar mejoras en estas líneas ferroviarias, lo que significó un aumento gradual en las tarifas a lo largo de tres años”

Según la denuncia, estos contratos son el resultado de una falta de negociación, con lo que se incumplieron una gran cantidad de deberes fiduciarios con inversionistas minoritarios.

demanda larrea

¿Por qué demandaron?

La demanda sostiene que, como inversionista de control en la sociedad, durante muchos años Grupo México definió contratos de servicios ferroviarios con precios más altos, lo que incrementó los ingresos de Ferromex.

Además de la indemnización a los inversionistas minoritarios de Southern Copper, Lacey demandó el pago de 7.5 millones de dólares por costas y gastos del proceso judicial para las dos firmas de abogados que los representaron en el proceso: Friedman Oster & Tejtel.

Aunque Friedman Oster & Tejel hicieron pocos comentarios ante la prensa sobre este caso, en su sitio corporativo aseguran que la recuperación para los accionistas minoritarios sumó 50 millones de dólares

Al calificar como “transacciones injustas” los gastos del productor de cobre, los inversionistas aportaron pruebas durante el pleito de dos años que llevó a los jueces de la Corte de Delaware a sentenciar a Southern Copper.

Contratos para construcción, venta de insumos entre otras operaciones que favorecieron a Grupo México acompañaron los contratos inflados para Ferromex.

El pleito que inició en enero de 2019 estuvo acompañado de los alegatos de los abogados de Lacey de que durante décadas Grupo México con una participación de 88.9% y la dirección de Southern Copper a cargo de Óscar González Rocha, “trabajaron de manera concertada durante décadas” para violar de manera sistemática las políticas de la productora de cobre que establecían que un comité independiente de directores revisara las compras y adquisiciones.

Con el número de expediente 2019-0312, Southern Copper, Grupo México y Americas Mining contrataron a las firmas Bracewell, Selsberg Law y Mayers Law, entre otras.

¿Cuál fue el monto del daño a Southern Copper?

Al menos desde 2010, Southern Copper participó en cientos de transacciones relacionadas cada año con su controlador, Grupo México. Desde 2010 hasta el primer trimestre de 2017, Southern Copper y Grupo México participaron en aproximadamente 2,500 millones de dólares en transacciones entre partes relacionadas. Para proteger a la compañía de abusos por parte del Grupo México, se estableció que estas operaciones requerían de una revisión previa de un Comité independiente de la Junta de Cobre del Sur de cualquier operación que superara los 10 millones de dólares, práctica que se omitió.

 

 

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