Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 44 segundos
La Semar no ha precisado si se trata, efectivamente, de una expropiación para favorecer el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos emblemáticos del presidente López Obrador.
La Secretaría de Marina Armada de México ha guardado silencio luego de que elementos de esa dependencia ocuparon las instituciones de la empresa Ferrosur, propiedad de Grupo México.
Esta mañana, la Semar publicó en el Diario Oficial de la Federación que declaraba de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras concesionadas a Ferrosur, por lo que se ordenó “la ocupación temporal inmediata”.
Esta ocupación se da “a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
Sin embargo, la dependencia no ha informado todavía si se trata propiamente de una expropiación —ya que el servicio es de utilidad pública— ni si habrá una obligatoria indemnización a Grupo México.
De hecho, en el sitio web de la Semar solamente se publica un comunicado sobre el aseguramiento de 653 kilogramos de cocaína en Puerto Chiapas.
Sorpresivamente, también han guardado silencio el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales y la Confederación Patronal de la República Mexicana, a pesar de que la ocupación de Ferrosur ha sido calificada de “sorpresiva e inusitada” por parte de Grupo México.
Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, ha estado en la mira presidencial a lo largo de esta semana.
Por principio, el presidente López Obrador, reiteró que no había ningún veto para que Larrea participara en la compra de Citibanamex, lo que fue interpretado en diversos medios como que él sería el seguro comprador.
Ese mismo día, Larrea participó en una comida en Palacio Nacional entre el presidente y su consejo asesor empresarial e incluso se reunió en privado con el presidente, por espacio de una hora, al día siguiente.
Y es que los conflictos entre Grupo México y el gobierno de López Obrador no son menores.
La compañía desarrollaba el polémico Tramo 5 del Tren Maya —que va de Cancún a Tulum— pero, argumentando incumplimiento, el gobierno le rescindió el contrato para darle la obra a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Grupo México, en tanto, señaló que la rescisión es ilegal y ha presentado dos demandas en contra de Fonatur, responsable del proyecto. Según versiones periodísticas, la raíz del conflicto es que Grupo México no veía condiciones para concluir la obra en diciembre de 2023, como ha prometido López Obrador.
Más tarde, el propio López Obrador acusó que, durante su gobierno, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó una concesión a Grupo México y, más tarde, el propio funcionario fue contratado por la empresa.
Esto, cabe señalar, fue desmentido por la emisora mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores el viernes 11 de noviembre, también el año pasado.
